El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer un proyecto de resolución que modifica los artículos 7° y 8° de la Resolución 166 de 2021, con el fin de ajustar los plazos, procedimientos y condiciones de pago a los prestadores de servicios de salud por la aplicación de vacunas contra el COVID-19. La propuesta busca culminar el proceso de validación, reliquidación y liquidación de recursos financiados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), garantizando el cierre financiero del Plan Nacional de Vacunación.
Un proyecto normativo para sanear los pasivos del proceso de vacunación
El documento presentado por el Ministerio constituye un proyecto de resolución de carácter administrativo que redefine la metodología de reconocimiento, aplicación y validación de las vacunas aplicadas durante el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
Según el texto, el propósito es “regular, desarrollar y avalar los mecanismos que se erijan para la solución de situaciones administrativas que dificultan el desarrollo efectivo de dichos procesos y, de contera, su cierre definitivo”.
La Resolución 166 de 2021 estableció los valores a reconocer a los prestadores y aseguradores por los costos del agendamiento y la aplicación de las vacunas. Sin embargo, tras detectarse inconsistencias en los datos reportados en PAIWEB y retrasos en los procesos de conciliación territorial, el Ministerio consideró necesario introducir ajustes adicionales mediante este proyecto.
De acuerdo con el documento, 33 entidades territoriales ya culminaron los cierres de conciliación, mientras que el resto del país continúa realizando cierres unilaterales. La propuesta normativa fija plazos perentorios y habilita el cierre definitivo de los procesos, permitiendo a la UNGRD avanzar con la liquidación final de pagos a los prestadores de servicios de salud.
Plazos y requisitos definidos en el proyecto de resolución
El artículo 7 del proyecto establece que el pago total de los costos asociados a la aplicación de las vacunas se realizará con base en las dosis aplicadas entre el 17 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, siempre que hayan sido digitadas en PAIWEB antes del 30 de enero de 2024 y validadas por las Entidades Responsables del Aseguramiento (ERAseg).
Los prestadores de servicios de salud contarán con 60 días calendario a partir de la expedición del acto para realizar ajustes en la calidad del dato, que incluye la verificación de variables como la identificación del vacunado, el código del punto habilitado, la edad y el número de documento.
Cumplido el plazo, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Ministerio realizará la extracción de la información ajustada, que será dispuesta para la verificación por parte de las ERAseg. Estas entidades dispondrán de 10 días hábiles para realizar la validación de las dosis, de acuerdo con el anexo técnico PAI143COVID publicado oficialmente por el Ministerio de Salud.
El proyecto también establece un periodo de 30 días adicionales para que las entidades territoriales remitan las actas de cierre unilateral. En caso de incumplimiento, el Ministerio notificará a la Superintendencia Nacional de Salud y a la UNGRD, entidad que podrá adelantar los trámites de restitución de pagos efectuados.
Procedimientos de facturación y reintegro bajo supervisión de la UNGRD
La propuesta reglamentaria detalla los mecanismos de facturación, legalización de giros previos y reintegros de recursos. La UNGRD será la encargada de publicar los valores aprobados para pago, recibir las facturas electrónicas y ejecutar los desembolsos en un plazo máximo de 10 días hábiles después de radicada la documentación completa. Los prestadores tendrán 30 días calendario para enviar las facturas, acompañadas de los soportes exigidos.
En los casos en que se detecten pagos por valores superiores a las dosis efectivamente aplicadas, el proyecto de resolución obliga a los prestadores a reintegrar los recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Dichos montos deberán incluir los rendimientos financieros generados hasta la fecha de devolución.
El texto aclara que los recursos reconocidos “están exentos de cualquier tipo de descuento, impuesto, tasa, contribución o retención”, y que todos los actores del proceso son responsables de la veracidad y oportunidad de la información reportada, bajo inspección de la Superintendencia Nacional de Salud.
Validación y reliquidación: un componente técnico central
El artículo 8 del proyecto regula el procedimiento para el reconocimiento y pago de los costos por verificación, apoyo y validación de las vacunas. En este punto, las entidades promotoras de salud y los administradores de los regímenes especiales y de excepción deberán aplicar una metodología de muestreo (0,3N para menos de 900 dosis) para verificar telefónicamente o por medios electrónicos la aplicación de las vacunas.
El Ministerio de Salud precisó que las causales de no superación del proceso pueden ser subsanables o no subsanables, y que los prestadores tendrán oportunidad de corregir los registros dentro de los plazos definidos.
Además, el proyecto prevé un plazo extraordinario hasta el 28 de febrero de 2024 para reportar rezagos de validación correspondientes a procesos abiertos entre 2022 y 2023.
Una vez completadas las verificaciones, el Ministerio publicará el número de dosis validadas y el valor total a facturar. En caso de diferencias entre los registros del prestador y los aseguradores, el proyecto contempla un proceso de reliquidación que permitirá ajustar los valores y generar nuevas cuentas a favor de los prestadores ante la UNGRD.
Supervisión y transparencia: pilares del cierre normativo
El proyecto establece que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de los plazos, condiciones y requisitos. Además, las notificaciones se realizarán de manera electrónica conforme a la Ley 1437 de 2011, lo que garantiza agilidad y trazabilidad en los procedimientos administrativos.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud busca culminar el proceso administrativo y financiero del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, asegurando que los pagos se realicen únicamente sobre información verificada, validada y registrada oficialmente en PAIWEB.
Descarga el Proyecto de Resolución aquí:
