Organizaciones del sector salud proponen metodología de consenso para enfrentar la crisis del sistema: conoce los 10 puntos clave

En un contexto de creciente preocupación pública por el estado del sistema de salud colombiano, diversas organizaciones del sector han lanzado una propuesta metodológica dirigida al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, con el objetivo de impulsar acuerdos técnicos y reales que permitan cumplir los mandatos de la Corte Constitucional y revertir la crisis actual.

La iniciativa, respaldada por gremios como ACEMI, ASOCAJAS y la ANDI, así como por asociaciones de pacientes y usuarios como FECOER, Pacientes Colombia y la Mesa Nacional de Usuarios, plantea una hoja de ruta para reactivar el diálogo en torno a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La propuesta se presenta como respuesta al colapso institucional del sector salud y a la inoperancia de las mesas técnicas instaladas previamente. Según los firmantes, esta nueva estrategia busca lograr “acuerdos verdaderos” que permitan abordar el desfinanciamiento estructural del sistema y garantizar la atención oportuna y efectiva a millones de pacientes, tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional en autos como el 007 de 2024.

Un marco metodológico de 10 puntos

El documento propone una metodología detallada compuesta por diez ejes fundamentales que buscan garantizar la transparencia, la inclusión de actores clave, la trazabilidad de la información y la rigurosidad técnica en la discusión sobre la suficiencia financiera de la UPC.

• Método: resolución de conflictos: La mesa técnica debe funcionar bajo una metodología de resolución de controversias que permita dirimir las diferencias entre los actores sobre la suficiencia o insuficiencia de la UPC. No se trata solo de exponer posturas, sino de buscar soluciones concertadas.
• Integralidad del debate técnico: Las partes convocadas deben contar con el tiempo, las herramientas y el espacio suficiente para argumentar sus posiciones y aportar evidencia técnica que permita realizar un análisis completo, transparente y verificable.
• Mediación independiente: Se propone contar con un mediador o facilitador neutral que garantice el equilibrio en la discusión, conduzca las conversaciones y asegure seguimiento a los acuerdos alcanzados en cada sesión.
• Trazabilidad de la información: Cada sesión debe dejar un registro en un repositorio técnico para análisis posterior por parte de una mesa de expertos compuesta por delegados del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, IETS, academia y un perito en actuaría. Los análisis resultantes deben ser públicos.
• Información integrada desde EPS e IPS: Ante la falta de datos completos en algunas EPS intervenidas (que atienden más de 29 millones de personas), se plantea complementar la información desde las IPS para garantizar una visión más completa del comportamiento financiero.
• Información contrastada y depurada: Se propone el cruce de información entre EPS e IPS mediante una base de datos estandarizada, lo que permitiría conocer con mayor precisión el gasto real en salud y la magnitud de la cartera entre actores, uno de los puntos más críticos del sistema.
• Agenda técnica sistemática: Cada sesión debe concentrarse en un solo punto de los autos de la Corte y no avanzar sin haber cerrado completamente la discusión técnica y jurídica de ese tema. Se deben levantar actas aprobadas por todos los participantes.
• Conformación equilibrada de la mesa: La mesa debe tener participación equitativa entre aseguradores, prestadores, industria, pacientes, academia, sociedades científicas, entes de control y la Cuenta de Alto Costo, como organismo clave para el seguimiento técnico de riesgos.
• Revisión de la UPC 2021-2024 y fórmula futura: Además de ajustar la UPC de 2024 y revisar retrospectivamente desde 2021, se propone desarrollar una nueva metodología para el cálculo de la UPC en adelante, convocando expertos independientes y académicos.
• Garantía institucional desde la Procuraduría: Se solicita el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación como garante del proceso, asegurando que sea técnico, transparente, público y no capturado por intereses políticos.

Diagnóstico crítico de la crisis

El documento emitido por las organizaciones señala que la situación del sistema de salud ha alcanzado una “urgencia inédita” que afecta directamente a la vida y salud de millones de personas. Los firmantes consideran que no se puede esperar a los resultados inciertos de una eventual consulta popular, como la propuesta por el gobierno nacional, ni al avance de una reforma estructural sin consenso. Según las organizaciones, ya existe un mecanismo institucional válido, definido por la Corte Constitucional, para reconducir el sistema: la reactivación inmediata de las mesas técnicas con enfoque resolutivo.

Este posicionamiento responde, además, al creciente malestar ciudadano reflejado en las encuestas de opinión, que sitúan la salud como la principal preocupación del país. La falta de soluciones efectivas por parte del Ejecutivo y la persistencia de tensiones entre actores del sistema han incrementado la presión sobre las instituciones garantes de los derechos fundamentales, como la Procuraduría, para que lideren procesos de estabilización.

¿Una propuesta viable y apolítica?

Uno de los aspectos que más destaca en la propuesta es su declarada neutralidad política. Los firmantes insisten en que se trata de una iniciativa técnica, objetiva y reproducible, alejada de intereses partidistas. Esta afirmación cobra relevancia en el contexto actual, marcado por un debate altamente polarizado sobre la reforma a la salud impulsada por el gobierno nacional.

Sin embargo, la implementación de esta propuesta no está exenta de retos y requiere la disposición activa de todos los actores del sistema, particularmente del Ministerio de Salud, para acoger un marco de trabajo externo que, aunque basado en directrices de la Corte, podría contrada dependerá de su capacidad para integrar datos fiables y resolver tensiones históricas como la divergencia entre EPS e IPS respecto a la cartera por servicios.

La propuesta presentada por las organizaciones del sector salud para alcanzar acuerdos verdaderos en torno a la UPC representa un esfuerzo relevante y estructurado frente a la crisis sistémica que vive la salud en Colombia. Su anclaje técnico, su enfoque en la resolución de conflictos y su intención de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional la posicionan como una alternativa seria al estancamiento actual.

El éxito de esta estrategia dependerá de la acogida que tenga en las instituciones del Estado y de la capacidad de los actores del sistema para anteponer el bienestar de los pacientes a sus diferencias estructurales. En un país donde la salud se ha convertido en un campo de disputa política, iniciativas como esta podrían marcar el camino hacia una solución basada en la evidencia, el consenso y la acción inmediata.