En octubre de 2025 Colombia vive un momento histórico en la salud pública. Por primera vez se conmemora de manera oficial el Mes de la Salud Mental tras la aprobación de la Ley 2460 de 2025, una iniciativa que reconoce la salud mental como un derecho fundamental y elimina barreras históricas de acceso a los servicios.
La norma establece una subcuenta presupuestal exclusiva dentro del Presupuesto General de la Nación 2026, destinada a promoción, prevención, atención y rehabilitación. Durante la sanción presidencial se subrayó que este avance debe sentirse “en cada colegio, en cada hospital, en cada familia que necesita apoyo”. El Gobierno deberá garantizar formación de nuevos profesionales y mayor cobertura en territorios históricamente olvidados.
Una crisis silenciosa que afecta a dos de cada tres colombianos
Las cifras muestran que la salud mental en Colombia enfrenta un panorama crítico. El 66,3 % de la población ha experimentado al menos un episodio de afectación emocional. Aunque seis de cada diez califican su bienestar como bueno o muy bueno, un 30% lo percibe regular y un 10 % directamente malo.
En la práctica clínica persisten grandes vacíos, dado que el 70,9% de los pacientes señala que en consulta médica nunca se le pregunta por su estado emocional, y el 34,6% califica como deficiente el servicio recibido en esta materia.
Los trastornos más comunes son la depresión, que afecta al 10,2% de los ciudadanos, y la ansiedad, presente en el 12,2%. En total, una de cada cinco personas presenta algún trastorno mental, pero solo el 12% accede a tratamiento. A ello se suma que el 72% de los colombianos vive bajo estrés crónico y que el país cuenta apenas con dos psiquiatras por cada 100.000 habitantes, un indicador muy por debajo de los estándares internacionales.
El suicidio como una emergencia de salud pública
El suicidio se consolida como una de las mayores amenazas para la salud mental. En el país, cada hora cinco personas intentan quitarse la vida y más de nueve mueren cada día por esta causa. En los últimos ocho años los intentos de suicidio crecieron 34 %, lo que refleja una tendencia alarmante.
El impacto en la infancia y adolescencia resulta aún más doloroso. Entre 2019 y 2023 se registraron más de 16.200 intentos de suicidio en menores de edad, y en la última década 29 niños entre 5 y 9 años murieron por esta causa.
Frente a esta realidad, la Ley 2460 establece la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio. El plan contempla protocolos clínicos unificados, campañas educativas, tamizajes escolares y acciones comunitarias para detectar y acompañar a las personas en riesgo.
Avances y transformaciones que trae la Ley 2460 de 2025
La nueva legislación busca transformar la forma en que los colombianos acceden a los servicios de salud mental. Entre las principales medidas se destacan:
- Acceso directo a psicología, lo que permitirá que los usuarios soliciten una cita sin pasar primero por medicina general.
- Creación del Sistema Nacional de Salud Mental con una red mixta de servicios públicos y privados, además de un observatorio fortalecido y un sistema de información nacional.
- Establecimiento de una subcuenta presupuestal con recursos garantizados desde 2026.
- Inclusión obligatoria de contenidos de educación emocional en colegios y conformación de comités escolares de salud mental.
- Implementación de tamizajes periódicos, formación de agentes comunitarios en primeros auxilios psicológicos y articulación de las IPS con entidades educativas y territoriales.
Estos cambios apuntan a reducir la fragmentación del sistema y a ofrecer un acceso más ágil y cercano para la población.
Desigualdades territoriales y atención a poblaciones vulnerables
El despliegue de servicios sigue marcado por grandes brechas., pues aunque existen más de 10.800 equipos básicos de salud con al menos un psicólogo, la distribución de profesionales es muy desigual. En algunos departamentos apenas se cuenta con uno o dos psiquiatras para toda la población.
El Gobierno ha logrado llegar con equipos especializados a 400 municipios PDET, ZOMAC y PENIS, lo que representa un avance en zonas de alta vulnerabilidad. Sin embargo, el reto continúa siendo garantizar cobertura en regiones apartadas, donde la oferta en salud mental es casi inexistente.
La ley establece un enfoque diferencial que prioriza a comunidades LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado y personas privadas de la libertad, con la obligación de asegurar acceso digno y oportuno en todo el territorio nacional.
Un reto de implementación para transformar la salud mental en Colombia
La Ley 2460 de 2025 representa un paso decisivo en la consolidación de una política integral de salud mental. No obstante, su éxito dependerá de factores críticos como la asignación real de recursos, la capacidad de formar suficientes profesionales y la articulación efectiva entre salud, educación y comunidad.
El país enfrenta una de las mayores cargas de enfermedad mental en la región, con cifras que muestran la urgencia de la acción. Convertir octubre en el Mes de la Salud Mental es un reconocimiento simbólico, pero el desafío de fondo será lograr que esta política se traduzca en vidas salvadas, atención oportuna y un bienestar emocional más equitativo para todos los colombianos.
