Durante la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS de este año, la ministra de salud de Chile, María Begoña presentó los que serían los pilares de la reforma al sistema de salud que se harán durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric, teniendo en cuenta la gigante transformación que implica la nueva constitución que ya se gesta en el país.
“En Chile iniciaremos un proceso de reforma para avanzar a un Sistema de Salud Universal, tomando los mejores aprendizajes que nos dejó la pandemia. En la región se debe avanzar a un sistema de salud resilientes, capaces de gestionar los riesgos y que mantengan continuidad del cuidado, es fundamental en la región de Latinoamérica” explicó la ministra de salud.
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Esta reforma buscará liderar un proceso de transformación de los sistemas de salud latinoamericanos apoyados por la OMS y los países miembros de la organización para enfrentar de manera conjunta los desafíos sanitarios venideros.
Reforma al sistema de salud de Chile
Los ejes principales de la reforma al sistema de salud chileno serán:
Condiciones de vida: Se buscará mejorar la salud de la población con medidas desde otros sectores, relacionadas con las determinantes sociales de la salud recurriendo a programas como Chile libre de humo; la reorientación; la relación de las personas con el alcohol restringiendo su publicidad y disminuyendo la densidad de los puntos de venta de alcohol; planes de alimentación saludable, limitando el alcance de publicidad de los alimentos dañinos, etc.
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Atención primaria en salud: Planes de acción desde la atención primaria en salud para promover los hábitos positivos y prevenir la enfermedad (PYP) en este eje se contempla la creación de una coordinación interministerial que permita crear estrategias nacionales de cuidado de la salud poblacional.
Creación del Fondo Universal de Salud (FUS). Actuará como un administrador único de los recursos, a través de la universalización de la cobertura del FONASA a todas las personas que residan en el país. El FUS recaudará y administrará las cotizaciones de los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Mientras las ISAPRE, se transformarán en seguros complementarios voluntarios, lo que permitirá una administración más eficiente y que asegure equidad.
Régimen General de Cobertura en Salud, administrado por el FUS, el nuevo plan de beneficios: Este plan asegurará “copago cero” en prestaciones y medicamentos en la red pública, además de un tope máximo de gasto anual en salud para la población. En complemento se propone crear la Agencia Autónoma para Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETESA), que permita definir la cobertura del régimen general de garantías, en base a costo efectividad y criterios sociales.
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Regulación del sector privado de salud: Se prohibirá la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas, con el fin de proteger los derechos de las personas y controlar el abuso, fortaleciendo la regulación de los seguros complementarios de salud.
Regulación del sector privado de salud. Se prohibirá la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas, con el fin de proteger los derechos de las personas y controlar el abuso, fortaleciendo la regulación de los seguros complementarios de salud.
Creación del Servicio Nacional de Salud: Se hará una reforma estructural de la prestación, generando una nueva institucionalidad pública autónoma y con elevados estándares técnicos, que integre a los prestadores en Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), basado en la APS.
Creación del Consejo Nacional de Salud: Este Consejo estará conformado por directivas/os de las instituciones de salud y representantes de trabajadoras/es y de usuarias/os de la salud.
Acceso gratuito a medicamentos. Se realizarán cambios legales necesarios para que los medicamentos se entiendan como bien público de interés para el Estado, con el fin de reducir el gasto de bolsillo, mejorar el acceso geográfico y priorizar la cobertura de los medicamentos con criterios sanitarios, ampliando gradualmente la cobertura de los medicamentos, mejorando el arsenal, cobertura y acceso en la red de salud pública, e incluyendo y entregando gratuidad para la totalidad de fármacos cubiertos por el FUS.
Salud mental como prioridad. Nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades en salud mental. El Estado asumirá su responsabilidad generando políticas que permitan acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando lo requieran. Para ello, se tendrá como principios la acción sobre los determinantes sociales de la salud y las condiciones de vida que impactan en la salud mental, bajo el modelo comunitario y preventivo de las necesidades en la materia, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos como eje de la acción.
El presupuesto actual para la salud mental ronda el 2,4% del total del presupuesto de salud, pero se duplicará este número con miras a llegar al 6% recomendado por la OMS. Se gestionará la Ley de salud mental integral, que potenciará el desarrollo de una red organizada en el modelo comunitario de salud mental, asegurando un adecuado financiamiento.
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