El Ministerio de Salud y Protección Social publicó el proyecto de decreto que adopta la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) y crea el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA), una herramienta de gestión intersectorial clave para enfrentar los determinantes socioambientales que impactan la salud pública en Colombia. Esta plataforma integrará información técnica de múltiples sectores y permitirá orientar decisiones basadas en evidencia para la planificación territorial, el control de riesgos y la formulación de políticas públicas.
El proyecto de decreto que adiciona el Título 15 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 representa un punto de inflexión en la gobernanza ambiental del país. Con este acto, el Gobierno Nacional busca formalizar la adopción de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), un instrumento que tiene como objetivo “contribuir al buen vivir y disminuir la carga ambiental de la enfermedad de los habitantes en el territorio colombiano”, mediante la acción sobre los determinantes socioambientales, la democratización del conocimiento y el fortalecimiento institucional.
Junto con esta política, se propone la creación del Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA), el cual se constituye como la fuente principal de datos e inteligencia institucional para la implementación, seguimiento y evaluación de la PISA.
SUISA: una plataforma integrada y estratégica
El SUISA será el sistema nacional de gestión del conocimiento en salud ambiental. Su objetivo es proporcionar información accesible, integrada, oportuna, periódica y confiable que permita realizar análisis técnicos, emitir alertas tempranas, sustentar decisiones políticas y orientar la inversión pública y sectorial.
Este sistema se nutrirá de las fuentes de información existentes en las entidades que conforman la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental (CONASA), y deberá cumplir con estándares de interoperabilidad, seguridad y protección de datos personales, en línea con la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1266 de 2008. Las entidades deberán:
- Caracterizar sus fuentes de información priorizadas.
- Garantizar el suministro periódico y actualizado de datos.
- Reportar información territorial desde los Consejos Territoriales de Salud Ambiental (COTSA) hacia la CONASA.
- Desarrollar procesos de generación de conocimiento conforme al documento técnico y operativo del SUISA, cuya elaboración estará a cargo de la CONASA.
PISA: una política para los próximos diez años
Sus objetivos específicos son:
- Intervenir determinantes socioambientales con enfoque diferencial, territorial e inclusivo.
- Democratizar el conocimiento en salud ambiental.
- Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza mediante respuestas integrales.
A nivel nacional, la implementación estará a cargo de 16 entidades lideradas por el Ministerio de Salud, incluyendo los ministerios de Ambiente, Educación, Transporte, Ciencia y Tecnología, y entidades como el INS, INVIMA, IDEAM e ICA. A nivel territorial, la responsabilidad recaerá en los COTSA, que deberán adaptar la política a las realidades locales.
Diagnóstico estructural: un país vulnerable a los riesgos ambientales
El proyecto parte de un diagnóstico técnico detallado sobre las matrices estructurantes que agravan los problemas de salud ambiental:
- Contaminación del aire y agua: En 2016, 17.549 muertes estuvieron asociadas a factores ambientales en Colombia (INS, 2018), y en 2019 la cifra aumentó a 23.619 (IHME-GBD, 2021), equivalente al 9,6% de la mortalidad nacional.
- Costos económicos: El impacto económico de estas muertes representó el 0,06% del PIB en 2016.
- Desigualdad y pobreza ambiental: El 36,6% de los colombianos vivía en pobreza monetaria en 2022, con altos déficits en servicios públicos en zonas rurales: cobertura de acueducto (58,6%), alcantarillado (14,8%) y gas natural (14,9%).
- Conflictos ambientales: En 2022 se registraron 134 conflictos ambientales, el 93% con impactos en salud y ambiente, derivados en su mayoría de sectores mineros, extractivos y de biomasa (EJOLT, 2022).
Líneas estratégicas y plan de acción
La política se implementará mediante seis líneas estratégicas:
- Abordaje de la vulneración ambiental y reducción de desigualdades.
- Generación y comunicación del conocimiento.
- Desarrollo de capacidades técnicas e institucionales.
- Participación social y comunitaria.
- Fortalecimiento de la intersectorialidad.
- Vigilancia, control y seguimiento.
Durante los primeros cuatro años, el plan de acción priorizará:
- Acciones intersectoriales de adaptación al cambio climático.
- Intervenciones territoriales para reducir la exposición y vulnerabilidad de comunidades frente a determinantes socioambientales.
El plan de acción se ajustará cada cuatrienio según el Plan Nacional de Desarrollo, tanto a nivel nacional (CONASA) como territorial (COTSA).
Democracia de la información y protección de datos
Uno de los principios rectores de la PISA es la democratización del conocimiento, que implica garantizar el acceso público, oportuno y transparente a la información ambiental, sin vulnerar el derecho a la protección de datos personales. El sistema SUISA deberá equilibrar el acceso ciudadano a la información con el cumplimiento del marco normativo de habeas data.
El proyecto adopta también el enfoque de Una Salud (One Health), que reconoce la interdependencia entre la salud humana, animal y de los ecosistemas. Esta visión, respaldada por la OMS y la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica (2024), se traduce en una política pública que integra biodiversidad, sostenibilidad y salud como componentes inseparables de una misma estrategia de bienestar.
Financiamiento, participación y sostenibilidad
De otro lado, el proyecto de decreto establece que las entidades públicas deberán gestionar los recursos necesarios para la implementación de la política dentro de sus competencias. También abre la puerta a la participación de actores privados, comunitarios, étnicos, académicos y sociales, fortaleciendo la legitimidad y efectividad de las intervenciones.
Entre tanto, el SUISA se configura como una plataforma clave para garantizar que las decisiones en salud pública y desarrollo territorial estén respaldadas por evidencia, análisis de riesgo y criterios de sostenibilidad. La aprobación e implementación efectiva del proyecto representará una oportunidad histórica para reducir brechas en salud ambiental, fortalecer capacidades institucionales y mejorar la calidad de vida de millones de colombianos expuestos a riesgos ambientales.
Descargue aquí el proyecto de decreto completo:
