MinHacienda alerta sobre deuda de Nueva EPS y aclara que construcción de CAPS está sujeta a disponibilidad presupuestal

Durante una sesión decisiva de control político en la Comisión Séptima del Congreso de Colombia, el Ministro de Hacienda (MinHacienda), Germán Ávila, lanzó un llamado de alerta sobre los desafíos financieros que enfrenta la propuesta de reforma al sistema de salud. Ávila destacó que el Estado no cuenta con recursos suficientes para asumir la deuda acumulada por la Nueva EPS, que a corte de 2023 supera los 6 billones de pesos, y reafirmó que esta situación debe ser abordada respetando un marco fiscal de mediano plazo, dado que la Nueva EPS es una entidad con participación mayoritariamente privada.

Esta declaración no solo pone en evidencia el tamaño del pasivo que enfrenta el sistema, sino que también refleja las limitaciones estructurales del Estado para asumir obligaciones que no fueron previstas en el presupuesto actual. El ministro advirtió así una tensión entre la necesidad social de garantizar la sostenibilidad del sistema y las restricciones presupuestales y fiscales que impone la ley.

Ministro de Hacienda: “La cuantificación de los CAPS no forma parte del proyecto de reforma“

Respecto a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que la reforma señala como pilares fundamentales para mejorar el acceso y la calidad de la atención, el MinHacienda fue claro al afirmar que su construcción y operación estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal que asigne el Ministerio de Salud en cada vigencia fiscal. “La cuantificación de los CAPS no forma parte del proyecto de reforma”, enfatizó, un mensaje que revela una gran incertidumbre en cuanto a la viabilidad inmediata de este componente esencial, que muchos expertos consideran clave para la transformación del sistema.

Por otra parte, expresó su preocupación por la eliminación de la unidad de caja en el sector salud, medida que, a su juicio, podría comprometer la sostenibilidad financiera y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. En un sistema donde la transparencia y la trazabilidad de los recursos son fundamentales para evitar pérdidas y asegurar la atención, esta crítica añade otra capa de complejidad al debate.

Por su parte, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aportó datos que ilustran la situación actual. El gasto de bolsillo en salud en Colombia asciende a 10.6 billones de pesos, cifra que incluye gastos en servicios prepagados y otras erogaciones privadas. Jaramillo resaltó esta realidad para demostrar la necesidad urgente de fortalecer la cobertura y mejorar la eficiencia del sistema público, evitando que los ciudadanos deban recurrir a gastos adicionales para acceder a servicios básicos.

Dudas parlamentarias sobre la sostenibilidad fiscal y fuentes de financiación

Por su parte, la senadora Norma Hurtado, como citante principal, planteó serias dudas sobre la sostenibilidad fiscal del proyecto e insistió en la falta de claridad respecto a las fuentes de financiación y cuestionó la asunción de pasivos por parte del Estado sin estimaciones concretas.

Entre las fuentes propuestas por el Ministerio de Hacienda se mencionaron impuestos saludables, IVA social, FONSEC, FONSFEC y saldos de cuentas maestras. Sin embargo, congresistas manifestaron preocupación sobre la temporalidad de algunas de estas fuentes y criticaron la contabilización del IVA social como ingreso nuevo, cuando ya está asignado al sector salud.

Además, se destacó que la reforma proyecta un aumento gradual del gasto en salud como porcentaje del PIB, pasando del 5.7 % en 2025 al 7.67 % en 2034, lo que representa un desafío presupuestal considerable.

Transparencia, gasto de bolsillo y desafíos operativos

El debate también puso sobre la mesa la insuficiente transparencia y falta de detalle en la información fiscal presentada por los ministerios, particularmente en cuanto a saneamiento de pasivos, fortalecimiento institucional y desarrollo de sistemas integrados de información. Se reclamó la necesidad de datos más precisos para evaluar la viabilidad real de la reforma.

El aumento del gasto de bolsillo fue otro punto crítico, con un incremento estimado en cerca de 5.1 puntos porcentuales, lo que evidencia que muchos ciudadanos deben recurrir a servicios privados o seguros complementarios para cubrir sus necesidades de salud.

En cuanto a la capacidad operativa, surgieron dudas sobre la preparación de la ADRES para asumir las nuevas funciones de gestión del riesgo financiero y ejecución de giros, mientras que algunos defensores resaltaron su experiencia comprobada en estas tareas.

En el debate también se resaltó la necesidad de un sistema unificado de información, la implementación efectiva de la atención primaria (establecida en la Ley 1438 de 2011), los atrasos en pagos a hospitales y clínicas, el aumento en las tutelas por acceso a servicios y la carencia de datos actualizados para el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La incertidumbre respecto a las cifras, el desconocimiento sobre pasivos y la capacidad de la ADRES generan escepticismo entre los legisladores. Sin embargo, existe consenso en la necesidad de fortalecer el sistema público, ampliar la atención primaria y reducir el gasto de bolsillo para los usuarios. El debate continúa abierto, con un llamado a mayor claridad y responsabilidad fiscal para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema de salud colombiano.