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MANEXKA EPS INDIGENA LIQUIDADA POR LA SUPERSALUD – RESOLUCION 527 DE 2017

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La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolucion 527 de 2017, ordenó la toma de posesión inmediata y liquidación de la EPS indígena Manexka que cuenta con más de 210 mil afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre. La decisión obedece a los hallazgos obtenidos a través de una auditoría forense realizada a la EPSI, en donde se evidenció una defraudación a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con la que se puso en riesgo a sus afiliados. Entre los principales hallazgos que motivaron la decisión se encuentran:

  • Venta de inmuebles de propiedad de la EPS Manexka a la IPS Indígena del mismo nombre por $600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidencie en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de $240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades.
  • El porcentaje de contratación con la IPS indígena Manexka que presta servicios de primer nivel, no es equiparable con el porcentaje de contratación que se realiza con otras instituciones que prestan servicios de mayor nivel de complejidad.
  • La EPSI no entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede en la que actualmente funciona y que de acuerdo a los libros contables asciende a $2.900 millones. Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud pues aparentemente este dinero salió de los recursos que asigna el gobierno por cada afiliado.
  • Contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los $13.800 millones.
  • Pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por $304 millones.
  • Gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud.
  • Se rastrearon cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros de la EPSI.
  • Se identificó una celebración indebida de contratos con la IPS Sumisalud S.A.S encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013, sin embargo, el contrato había iniciado desde el 1 de enero del mismo año. Las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagaba sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no.
  • Adicionalmente a esta misma IPS Sumisalud S.A.S se le otorgaron anticipos y avances por $1.177 millones, a pesar de estar prohibido en el manual de contratación de la EPS.
  • Se contrató a la empresa Montes Quality Group S.A.S el 5 de enero de 2015, a pesar de que la empresa había sido creada solo 12 días antes (24 de diciembre de 2014). Esto evidencia que no se tuvo en cuenta ni la idoneidad ni la experiencia para su contratación.
  • La empresa Montes Quality Group S.A.S realizaba las funciones de auditoría de cuentas médicas, verificación de derechos de los afiliados, sistema obligatorio de garantía de la calidad y oportunidad en los servicios ofrecidos, calidad de historias clínicas. Esto se configura como una tercerización en el aseguramiento porque son actividades que debe adelantar la EPS sin que puedan ser delegadas bajo ninguna circunstancia o figura.
  • Se identificaron autorizaciones para la realización de procedimientos estéticos sin que existan evidencias de pago en los registros contables.
  • Se emitieron autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por valor de $733 millones.

 

“Las personas que estaban al frente de esta EPS, violaron todo tipo de normas para defraudar al sistema de salud, acá se perdieron recursos importantes, se desviaron con otros fines distintos a los del aseguramiento, poniendo en riesgo a sus afiliados”, aseguró Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud.

 

La entidad está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las acciones de tipo penal necesarias para determinar los responsables de los hechos denunciados.

 

“Es importante aclarar que esta es la primera vez que se ordena la liquidación de una EPS indígena, y no se hace por su condición, la cual en varias oportunidades fue utilizada por sus administradores como escudo frente a las acciones que podía adelantar esta Superintendencia”, agregó el Superintendente.

Los afiliados a la EPSI Manexka serán asignados a otras EPS habilitadas para operar en la región.

 

TRASLADO DE AFILIADOS DE MANEXKA EPS A OTRAS ASEGURADORAS

 

Tras la orden de liquidación de la EPS indígena Manexka, a traves de la resolucion 527 de 2017, la Superintendencia Nacional de Salud informó que activó un plan de contingencia para realizar la asignación de los afiliados debido a que los administradores de Manexka se negaron a entregar las bases de datos, censos hospitalarios, datos de autorizaciones y servicios pendientes que por ley deben proporcionar al agente liquidador para la redistribución de su población.

Los administradores o gerentes de las EPS saben que este proceso es de vital importancia en el día a día del proceso de aseguramiento, a fin de evitar poner en riesgo a la población afiliada.  Sin embargo, en este caso las personas a cargo de Manexka se negaron a entregar dicha información, se instalaron en la sede administrativa e impidieron el acceso a los datos necesarios.

Por lo tanto, la Superintendencia Nacional de Salud, de manera inmediata generó un plan de trabajo junto con las Entidades Territoriales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de los departamentos de Córdoba y Sucre, para garantizar la atención de manera ininterrumpida a cada uno de los afiliados a la EPS de Manexka.

Como parte del proceso de continuidad en la garantía del aseguramiento, la Superintendencia Nacional de Salud en el día de hoy acompañó al agente liquidador en el proceso de redistribución de los 210.836 afiliados, con el objetivo de que a partir del 1 de abril de 2017 queden adscritos a las EPS receptoras que son: Comfamiliar Sucre, Cajacopi, Nueva EPS, Coosalud y Mutual Ser.

Hasta el próximo 31 de marzo Manexka será responsable del pago de los servicios requeridos por los usuarios y esta Superintendencia a través del trabajo conjunto con Entidades Territoriales, clínicas y hospitales, verificará que se garantice la atención de esta población.

A partir del 1 de abril de 2017 y transcurridos noventa (90) días, los usuarios podrán escoger libremente la EPS a la cual desean pertenecer dentro de las que operan en su municipio de residencia, que no tengan restricción de afiliación y que pertenezcan al régimen subsidiado.

 

Los afiliados podrán consultar a que EPS fueron asignados a través de los listados que serán publicados en las Secretarías de Salud de sus municipios. En caso de requerir orientación, mayor información o de presentar algún inconveniente con la atención en salud, pueden comunicarse con la Supersalud a través de la línea gratuita nacional 018000513700 eligiendo la opción 4 la cual está habilitada las 24 horas del día los 7 días de la semana. También pueden contactarse con la entidad a través del correo electrónico [email protected]

 

Adicionalmente, un equipo de la Supersalud se encuentra en Montería atento a atender las solicitudes de la población sujeto de asignación.

Descargue la Resolucion 527 de 2017 de la Supersalud

 

Documentos adjuntos

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Presupuesto fiscal 2020 del Minsalud- Resolución 15 del 2020

Así será la desagregación y asignación del Presupuesto de Gastos 2020 del Minsalud.

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Presupuesto fiscal 2020 del Minsalud- Resolución 15 del 2020

El Ministerio de Salud y Protección Social público la resolución 15 de 2020, la cual tiene la finalidad de desagregar y asignar el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de ese ministerio, para la vigencia fiscal 2020.

Dichas desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera —SIIF Nación, sin embargo, para su validez no requerirán aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

También puede leer: glosas por servicios y medicamentos

Distribución del Sistema de Participaciones 2019

El documento menciona que mediante la Distribución del Sistema de Participaciones -SGP 39 de 2019 del 24 de Diciembre de ese mismo año, se aplicaron ajustes distribuyendo por consiguiente un valor total de $684.627.006.851, de los cuales $547.701.605.479 corresponden a Régimen Subsidiado, $68.462.700.686 a Salud Pública, y  $64.902.640.251 a Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta y   al Fondo de Salvamento y Garantías para el sector Salud – FONSAET SGP según la Ley 1438 de 2011.

DESAGREGACIÓN

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud 2020

Por su parte, dicha Asignación del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia fiscal de 2020, con base en la desagregación anteriormente prevista será así:

ASIGNACIÓN

salud pública

Prestación de servicios de salud

documento adjunto

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¿Quién paga la atención de Urgencias?

“La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa”

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En el caso de la atención inicial de urgencias un paciente debe ser atendido en la IPS sin importar si esta pertenece o no a la red de la EPS, según lo establecido en la Ley 100 de 1993: “La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa”

¿Quién asume los costos?

Cuando se trata de atención inicial de urgencias debe garantizarse el acceso a los servicios de salud a todas las personas por parte de los prestadores de servicios, y en aquellos casos en los que el prestador no hace parte de la red contratada por la EPS, esta debe asumir los costos que se generen por la atención.

En el artículo 8 de la resolución 4331 de 2012 se determina que las entidades responsables del pago de servicios de salud y los prestadores de dichos servicios, podrán acordar los servicios respecto de los cuales no se requiere autorización.

Adicionalmente, debe aclararse que también existe la posibilidad que el paciente, al requerir servicios adicionales, los adquiera del prestador de su elección, aunque no haga parte de la red de prestadores de la EPS en la que se encuentre afiliado. En este caso el paciente debe asumir los costos que se generen por la atención particular, sin que ello implique la pérdida de la afiliación a la EPS.

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Después de la atención inicial de urgencias

Los servicios que requiera el paciente ya sean de carácter electivo, ambulatorio o hospitalario deben ser autorizados por las entidades responsables del pago de servicios de salud, en conformidad con los artículos 14, 15, 16, del Decreto 4747 de 2007.

La autorización de la prestación de los servicios debe hacerse de forma previa a la prestación de los servicios, en el caso de la no autorización por parte de la EPS, la entidad debe autorizar el servicio en una IPS de su red para que el servicio sea prestado al paciente.

En caso de que la IPS que prestó la atención inicial de urgencias, haga parte de la red de la EPS (tenga contrato) y tenga habilitado el servicio requerido, será obligatorio que la EPS emita la autorización a dicha IPS.

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Demanda pide suspender abortos legales en Colombia

Nueva demanda pide estudiar a profundidad legalidad del aborto en colombia ya que esta práctica podría desatar serias secuelas en las mujeres

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Demanda pide suspender abortos legales en Colombia

Tras conocerse una ponencia realizada por el magistrado Alejandro Linares  que despenalizaría el aborto en Colombia, surge una nueva demanda que por estos días puso a estudiar a la corte la suspensión de la práctica de abortos legales en el país.

La demandante y abogada, Natalia Bernal Cano, le exige al tribunal  una  nueva evaluación sobre este tema. Insiste en que las secuelas de esas prácticas, sean legales o ilegales, son mucho peores que cualquier otra circunstancia que esté viviendo una mujer.

Así mismo, en el documento, Bernal le pide al Ministerio de Salud que tome las medidas necesarias para garantizar que no haya más interrupciones voluntarias del embarazo hasta que se conozca la sentencia definitiva de la Corte Constitucional, que podría darse el 14 de febrero de 2020.

En la solicitud de medidas cautelares, Bernal le pidió al magistrado Linares y al resto de integrantes de la Corte que revisen los 15 estudios científicos y más de 25 testimonios de profesionales en medicina que acompañan su tesis.

Además, aportó declaraciones y videos de personas que sobrevivieron a la práctica del aborto, pero además de mujeres que tienen daños psicológicos por los procedimientos, incluso debido a aquellos que se practicaron de forma legal.

En la solicitud, Bernal insiste en que hay evidencia estadística de que los abortos legales pudieron haber disparado las cifras de nacimientos prematuros, de enfermedades congénitas e incluso los índices de violaciones a menores de edad porque, según ella, los criminales encontraron la manera de deshacerse del problema del embarazo, a través de los abortos legales.

Sin embargo, aunque la demandante pide estudiar a profundidad este tema que ha causado diferentes opiniones, la ponencia que está elaborando el magistrado Alejandro Linares, quien acogió la petición, iría en sentido opuesto.

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