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Opinión

Los cambios que se requieren en la política de salud de Bogotá

Está próxima a concluir la administración de Enrique Peñalosa, por lo que nos proponemos en este artículo analizar los resultados de la política pública en salud que desarrolló.

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Está próxima a concluir la administración de Enrique Peñalosa, por lo que nos proponemos en este artículo analizar los resultados de la política pública en salud que desarrolló durante este período de gobierno.

Para comprender el problema de la salud en Bogotá, se debe dimensionar que la mayoría de la población bogotana pertenece al régimen contributivo en salud, es decir, aquel régimen que es prioritariamente privado al que pertenece la población trabajadora, contratista, que hace aportes mensuales a la seguridad social, que en Bogotá corresponden a 6. 279.369 ciudadanos.

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Otro grupo poblacional corresponde al régimen subsidiado, que corresponde a la población no contribuyente que es subsidiada por solidaridad por el régimen anterior, y recursos del presupuesto general de la Nación, vía sistema general de participaciones, en Bogotá son 1.213.553, el tercero corresponde a los regímenes especiales, como por ejemplo las fuerzas militares o el magisterio, que son 207.965.

Existe otra población que es aquella que denominan vinculada, que en realidad es desvinculada, que no se encuentra en ninguno de los anteriores regímenes, la última cifra conocida en Bogotá respondía a 300 mil ciudadanos, cuya atención en salud es restringida hasta tanto el ciudadano no se vincule a alguna de estas modalidades.

Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, el 90% de los prestadores de servicios de salud en Bogotá, son privados, solo el 10% son públicos y mixtos.

En cuanto a la distribución geográfica de estos servicios, el 80% se encuentran concentrados en el cordón nororiental de la ciudad. Sólo los hospitales públicos cuentan con una distribución equitativa en todo el territorio.

Por tanto, la gestión de la salud de Bogotá pasa por intervenir lo público, pero ante todo por ejercer una eficaz rectoría y regulación del sector privado, que es el que responde por la mayor parte de la salud de la ciudadanía bogotana.

En ese contexto, se debe analizar cualquier propuesta de salud de un alcalde mayor de Bogotá, dentro del ámbito de competencias del distrito.

LO QUE PROPUSO EL GOBIERNO DEL ALCALDE PEÑALOSA Y LOS RESULTADOS

Infraestructura Hospitalaria: Prometer para no cumplir

El alcalde Peñalosa en el inicio de su Gobierno, manifestó que la mayor debilidad de los anteriores gobiernos, era su incapacidad para construir infraestructura hospitalaria, por lo que harían falta más de 4000 camas hospitalarias, por lo que se comprometió a construir 2 hospitales y remodelar seis  (Usme, Bosa, la Felicidad, Simón Bolívar, Materno Infantil y Santa Clara).

Además se comprometió con la construcción de 40 Centros de Atención Prioritarias (CAP) para descongestionar los servicios de urgencias de la ciudad. Anunció que tres de las obras hospitalarias, las haría bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas (APP).

En el plan de desarrollo, la infraestructura hospitalaria quedó atada a este tipo de alianzas.

Posteriormente se evidenció en el plan plurianual de inversiones que estas obras quedarían supeditadas a la venta de activos del distrito, específicamente la venta de la ETB.

Se estipuló que se haría una inversión de 2,5 billones de pesos en el cuatrienio con recursos inciertos, dado que los recursos para las construcciones estaban supeditados a la venta de este activo.

Esto contrasta con la destinación de recursos ciertos y expeditos, que se le asignaron a Transmilenio, que correspondieron a 3,5 billones de pesos, vía cupos de endeudamiento.

Los resultados de esta gestión pública, evidenciada por el concejal Juan Carlos Flores en el 2018[ii], es que en tres años la administración solo logró destinar 679.004 millones para infraestructura en salud, de los cuales solo ha comprometido $116.759 millones (el 17,2%), y los giros efectivos con dificultad alcanzan $9.153 millones de pesos (1.3%).

Lo anterior evidencia una bajísima capacidad de gestión por parte de la administración distrital, en un tema que como el de infraestructura, se supone era su bandera en salud, y constituía el centro de la crítica que lanzaba con espejo retrovisor a las anteriores administraciones.

Hasta el momento, la administración solo ha entregado la adecuación del servicios de urgencias de Suba por un valor de 688 millones de pesos que constituye el 0.1 % de la ejecución.

En cuanto a las Alianzas Público privadas, la experiencia más elocuente en torno a la ineficacia de esta figura para la construcción de infraestructura social como la hospitalaria, la muestra el reino unido, quien comenzó con esta figura en la década de los 90, y recientemente tuvieron que suspenderlas, porque reconocieron que las construcciones resultaban hasta dos o tres veces más costosas haciéndola con el privado, que si el Estado la hiciera solo.

Dado que esta modalidad genera unos beneficios extraordinarios para el operador privado. Estos sobrecostos fueron considerados en este país como una suerte de corrupción técnica, por posibilitar cuantiosas extracciones de renta por parte de actores particulares a costa de recursos públicos.

En Bogotá se ha demostrado que las APP tiene un éxito del 0.5% con apenas un proyecto contratado y llevado a cabo de manera exitosa. Esto le fue advertido a la administración distrital, que insistió en esta figura, con los resultados esperables.

Lo cierto es que a mayo de 2019 la Administración distrital no ha firmado ningún contrato de APP para la construcción de hospitales, resulta alentador que por ineficacia, no hayan aún embarcado a la ciudad en este tipo empresas que auguran un incierto y desastroso porvenir, a juzgar por las experiencias referenciadas.

La administración ha expresado que las subredes de servicios Sur y Centro Oriente abrirán los procesos licitatorios para los hospitales de USME y Santa Clara más CAPS en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

En este sentido está en entredicho la competencia que pueda tener una subred de prestación de servicios hospitalarios para encarar un complejo proceso licitatorio de infraestructura. En conclusión, toda esta promesa resultó en un elefante blanco inconcluso.

Capital Salud- EPS

Otro de los temas que denunció la administración Peñalosa en su inicio de la Alcaldía, fue la quiebra en la que encontró a Capital Salud, EPS mixta conformada por Salud Total y el distrito.

Los grandilocuentes y mediáticos discursos del burgomaestre apuntaban a señalar que este era un problema de falta de gerencia. Como si el desplome financiero de las EPS fuera un asunto solo de Capital Salud, pues no, es un problema estructural del sistema de salud, que no está sujeto al voluntarismo de la “buena gerencia”, sino al diseño mismo de la política pública de salud a nivel nacional donde las EPS hacen agua.

En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud expresó en el informe financiero con corte a 2017 que las 36 EPS que reportaron, sumaban un déficit patrimonial de seis billones quinientos treinta nueve mil millones de pesos, dentro esas EPS deficitarias se encontraba Capital Salud, con un déficit de 579 mil millones de pesos[iii].

La situación para el 2018 empeoró, cuando se supone que la gerencial administración de Peñalosa, había asumido el control de la EPS.

Así fue como la Supersalud en octubre de 2018 suspendió la posibilidad de afiliación y traslados a 16 EPS, entre ellas Capital Salud, que se encuentra bajo vigilancia especial, que fue prorrogada mediante resolución 010083 el 2 de octubre de 2018, debido a que no cumple con condiciones de solvencia financiera, incumple con la cobertura de la red de prestación de servicios en el régimen subsidiado de baja y mediana complejidad, ocupa el tercer lugar entre las EPS de su rango en número de quejas y reclamos, incumplimiento en tiempos de espera para asignación de citas de obstetricia, no entrega fórmulas médicas de manera oportuna, incumple los indicadores de gestión del riesgo relacionados con vacunación de niños menores de un año, porcentaje de pacientes diabéticos controlados.

En diciembre de 2018, el Gobierno distrital anunció que inyectaría 150 mil millones a la EPS Capital Salud, que en los últimos tres años se habían inyectado 240 mil millones[iv].

Esto significa una capitalización de la EPS por parte del distrito, a la fecha no es claro si esta pasó a ser propiedad del ente público, en tanto fue recapitalizada con recursos públicos de los bogotanos, o se estaría favoreciendo al socio privado con capitales de proveniencia pública.

Un hecho parecido fue lo que favoreció el desfalco de Saludcoop, Cafesalud y Medimás que aún tiene en vilo al país.

Lo cierto es que la recapitalizada Capital Salud EPS continúa siendo la mayor deudora de los Hospitales del Distrito agrupados en las subredes de prestación de servicios de salud, hasta hace seis meses adeudaban 264.399 mil millones a las subredes del distrito[v].

Todo indica entonces que el gerente Peñalosa no pudo resolver el problema de Capital Salud, que continúa bajo vigilancia especial de la Supersalud y debe responder por la salud de un millón doscientos mil bogotanos, entre ellos una parte importante de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Fusión y Reorganización de Hospitales Públicos de Bogotá

La otra propuesta de la Administración consistió en adelantar una reorganización de los 22 hospitales del distrito en cuatro subredes mediante el acuerdo 641 de 2016, bajo el argumento que se debían construir las cuatro redes integradas de servicios de salud, dado que los hospitales estaban fragmentados, competían entre sí, y había una saturación de los servicios de urgencias.

Para ello crearían una unidad de gestión logística que cogestionaría con apoyo de un agente del sector privado una suma aproximada de 2,5 billones de pesos que movilizan los hospitales de Bogotá, para apelar a la economía de escala en la negociación colectiva de medicamentos e insumos, y así contener la corrupción que, según el diagnóstico de la administración,  se presentaban en los centros hospitalarios.

Al unísono de esta propuesta, se presentaba una declaración de emergencia sanitaria, como figura de estado de excepción, para apelar a formas de contratación expeditas y recursos administrativos, para enfrentar lo que con espectacularidad mediática se planteó, como una sobresaturación de los servicios de urgencias.

Dicho sea de paso, que esta medida le mereció al alcalde Peñalosa una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por parte del entonces Representante a la Cámara Alirio Uribe por falsedad ideológica, dado que la Secretaría de Salud de Bogotá presentó estudios no propios para fundamentar esta medida, adoptaron datos de una tesis de grado de la Universidad del Rosario, esto corresponde a una suerte de plagio de un estudio, en donde además el autor reconoce el sesgo para la definición de la capacidad de respuesta de la red de hospitales ante las emergencias y desastres, por cuanto no tiene como universo la red de hospitales públicos, sino solo algunos, y adoptaron una metodología basada en encuestas a funcionarios públicos.

Tres años después, el resultado de estas decisiones, era el esperable, ni la fusión de los hospitales públicos ni la emergencia sanitaria resolvieron el problema de la prestación de servicios en Bogotá, en tanto esta corresponde en su mayoría al sector privado de la ciudad, a quien había que regular e integrar en las subredes integrales e integradas de servicios de salud.

Reducir estas redes de atención solo a los prestadores públicos, no sólo es inocuo, sino que desconoce de manera flagrante que el 90%  de la atención de salud en Bogotá corresponde a instituciones privadas.

La Unidad logística para las compras centralizadas de medicamentos, insumos y tecnologías en salud (EAGAT), hubieran sido una buena propuesta de economía de escala, no obstante se advirtió que ningún actor privado en el sistema de salud actúa sin ánimo de lucro, así esta sea la nominación que se presente en su figura jurídica constitutiva.

El tema es que esa unidad al día de hoy es un elefante blanco. Así lo manifestó la personería de Bogotá en un informe en el cual manifiesta que esta entidad asesora, administrativa y técnica EAGAT, no está cumpliendo la función de agenciar las compras centralizadas, las subredes no tienen incorporado dentro de sus estatutos el funcionamiento de esta entidad, que no tiene ingresos si quiera, para ser autosostenible.

Por el contrario, cada subred de prestación de servicios tiene su propia compra de medicamentos, y pagan tarifas diferenciales, de hecho se encontró que existe un proveedor que tiene el 38% de los contratos de las subredes[vi]. Este mismo proveedor vende el mismo medicamento con precios distintos a las cuatro subredes.

En cuanto al hacinamiento en los servicios de urgencias, que la Administración dijo resolvería con la emergencia sanitaria y la fusión de hospitales, la personería de Bogotá manifestó en mayo de 2019, que el 77% de los servicios de salud de la ciudad, de segundo y tercer nivel de complejidad, están congestionados.

Los servicios de salud del Tunal y Meissen son los más hacinados con una sobreocupación del 424% y 328% respectivamente.

El ente de control, denunció que la Secretaría Distrital de Salud había modificado las fichas técnicas para mostrar cifras inferiores de hacinamiento.

En el informe reconocieron que la Secretaría de Salud[vii], aumentó la capacidad de atención de urgencias con 364 camillas de urgencias de adultos y 75 para urgencias pediátricas, pero esto se hizo sin adelantar las modificaciones necesarias de infraestructura, con sillas reclinables en pasillos, sin espacios de privacidad para los pacientes.

El desmonte de la Salud Pública y la Atención Primaria en Salud

El centro de la propuesta de la Administración Peñalosa, no era la salud pública, su propuesta giraba en torno al fortalecimiento de infraestructura hospitalaria.

Después de su posesión, lanzó fuertes críticas a los programas de las administraciones precedentes que se denominaron salud a su casa, que posteriormente se convertiría en territorios saludables, un potente programa que en Bogotá llegó a tener casi 10 mil profesionales y técnicos en salud agenciando uno de los más importantes programas de prevención y promoción de la salud de América Latina, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud. Lo que supuso una importante reducción de la morbimortalidad en los territorios de la ciudad.

La Administración de Peñalosa redujo este programa a menos de la mitad de funcionarios, lo que planteaban es que con menos se podía hacer más, esto condujo a la reducción de un 70% de las acciones de salud pública en los ámbitos de la vida cotidiana[viii].

Un ejemplo del impacto de esta reducción se puede observar en la atención psicosocial de víctimas del conflicto, que en Bogotá corresponden a 600 mil ciudadanos, en el marco de un proceso de paz, de una transición que reclama que esta población reciba una atención que les permita su reparación e inclusión social, el distrito para 10 meses solo invirtió 4,402 millones de pesos[ix], planteándose metas de intervención en modalidad individual de 900 víctimas por año, sobre un total de 600 mil. Con ese ritmo de atención, va a llegar el siglo 22 y no hemos brindado la atención requerida a esta población.

Es necesario anotar que el impacto de una decisión de política pública, en materia de morbimortalidad, no se evidencia de inmediato. No obstante es evidente que las tasas de mortalidad materna e infantil, difieren si se analiza el global de Bogotá, que si se analizan por localidades, resultando las localidades del sur de Bogotá más afectadas.

Se han registrado muertes infantiles por desnutrición, lo cual da cuenta del debilitamiento de los dispositivos de detección temprana de riesgos para realizar la respectiva canalización de los casos para la atención en los distintos niveles de complejidad en los prestadores de servicios de salud.

Es evidente en el mundo que el desmonte de los sistemas de prevención y promoción impactan negativamente la morbimortalidad e inciden a largo plazo en la sostenibilidad de los sistemas de salud, que terminan centrados en los altos costos de la enfermedad, en donde se instalan extractores de renta del alto costo en salud. A eso le apuntó la Administración de Peñalosa con las decisiones adoptadas.

El actual debate electoral y la salud:

El actual debate electoral para la Alcaldía de Bogotá, cuenta con cuatro candidatos que son los más visibles en la disputa electoral para llegar a la casa del Liévano.

En general el debate sobre la ciudad se ha tornado limitado, plagado de lugares comunes, solo marcándose diferencias de fondo en el tema del metro elevado vs metro subterráneo.

El tema de salud no ha escapado a los lugares comunes en su abordaje. No obstante podríamos caracterizar la postura de los candidatos en dos bloques: los candidatos Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán que expresa básicamente la continuidad de la política de Peñalosa, haciendo énfasis en el fortalecimiento de programas para la intervención en el consumo de sustancias psicoactivas, sin pronunciarse sobre otros asuntos de fondo sobre la salud.

De otro lado Claudia López y Hollman Morris, enfatizan en la necesidad de recuperar la estrategia de atención primaria en salud (salud a su casa/territorios saludables), desmontada por la actual Administración, y el fortalecimiento de la red de hospitales públicos.

No obstante, ninguno de los candidatos se refiere a decisiones de fondo que el próximo burgomaestre debe adoptar sobre la totalidad de la gestión de la salud de Bogotá, que insisto, también tiene que ver con la rectoría que se debe ejercer sobre el sector privado. En ese sentido plantearemos un decálogo de propuestas para aportar al debate democrático de la ciudad.

PROPUESTAS DE POLITICAS DE SALUD PARA LA PROXIMA ADMINISTRACION DISTRITAL

  1. Rectoría: Inspección, Vigilancia y Control sobre la prestación de servicios de salud en Bogotá públicos y privados, que garantice el acceso eficaz de la población a servicios de salud.
  2. Atención Primaria en Salud: retomar los programas de salud pública, con fortalecimiento financiero, de recurso humano, con el objetivo de llegar a un número mayor de ciudadanos en Bogotá. Esto implica establecer mecanismos que rompan las barreras de acceso que existen entre la detección de riesgos en el marco de la salud pública y la efectiva atención individual en el sistema de aseguramiento en salud.
  3. Avanzar en infraestructura hospitalaria, esto incluye la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Para el logro eficaz de este objetivo, se deben eliminar las APP como forma de contratación de estas obras. El distrito debe evaluar que estas obras de infraestructura sean agenciadas por alguna instancia distinta a los hospitales y a la Secretaría de Salud, que tiene poca capacidad de ejecución para este tipo de proyectos. Se podría integrar allí al IDU, u otra institución que tenga la capacidad para desarrollar gestiones de esta complejidad.
  4. Determinantes sociales de la salud en Bogotá (Consejo Distrital de determinantes sociales en salud, con secretarios). Se propone establecer esta instancia que debe ser del primer nivel del Gobierno distrital, en el cual se establezca la gestión de los determinantes de la salud a los cuales hace referencia la Observación General 14 de las Naciones Unidas, dentro de los que se encuentra el medio ambiente, la cultura, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, es decir, aquellos asuntos que requieren una gestión de diferentes carteras de un gobierno, que impactan la salud y el buen vivir de los bogotanos, el impacto en la aparición de patologías respiratorias, en relación con la emisión de carbono, por parte de los buses de Transmilenio es un ejemplo de esto. Este consejo puede introducir propuestas concretas en el plan de desarrollo distrital, y hacer seguimiento de su ejecución.
  5. Reapertura de los Puntos por el derecho a la salud: Esto supone recuperar una estrategia de la anterior Administración, con la cual se implementaron equipos territoriales conformados por gestores sociales y jurídicos, que apoyen a las comunidades para acceder a la atención en salud en el sistema de aseguramiento.
  6. Política de trabajo digno y estable en el sector salud de Bogotá: Esto implica la laboralización de los trabajadores de salud, atendiendo el principio de progresividad, teniendo en cuenta que en este momento alrededor de 17 mil se encuentran tercerizados bajo formas de contratación ilegal.
  7. Cobro jurídico de deudas de EPS con hospitales del distrito: Bogotá se encuentra en mora de establecer acciones jurídicas que obliguen a que se responda por deudas de las EPS liquidadas, habilitadas por la superintendencia nacional de salud, y deudas de las EPS a las cuales las instancias de regulación nacional mantienen en funcionamiento.
  8. Replanteamiento del manejo del régimen subsidiado de Bogotá, con propuesta al Gobierno nacional para que este pueda ser manejado por el distrito. Esto en el contexto de que la situación de capital salud EPS es insostenible, y se encuentra con múltiples causales de liquidación.
  9. Desarrollo de las redes integrales de servicios de salud público privadas, en un sistema de referencia y contrarreferencia con rectoría desde la Secretaría Distrital de Salud.
  10. Política de educación en salud en hospitales del distrito, con desarrollo de investigación, innovación mediante convenios docencia servicio. Esto supone que el distrito sea pionero en acogerse entre otras , a marcos legales como la ley de residencias médicas, lo que implica que desde las subredes de salud , se adelanten acuerdos con las universidades para que estas hagan la contraprestación a las instituciones hospitalarias, no monetaria, sino en aportes ciertos para la investigación, formación, innovación, avances en ciencia y tecnología. El distrito puede constituirse en el primer piloto para que el ADRES inicie el pago a los médicos residentes.

Opinión

Opción de vida para cáncer de mama que no gusta a todos

Se deben adoptar los inhibidores de ciclinas, innovación que incrementa la supervivencia y el costo en cáncer de mama metastásico.

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Opción de vida para cáncer de mama que no gusta a todos

Dos estudios publicados esta semana demuestran que la adición de inhibidores de la quinasa dependiente de ciclinas 4/6 (iCDK4/6) a fulvestrant (un agente antiestrogénico) incrementa la supervivencia global en pacientes con el subtipo más frecuente de cáncer de mama metastásico. Se trata de buenas noticias para pacientes, pero el impacto económico de estos medicamentos preocupa a varios estamentos de la sociedad colombiana. Pero antes de que continúe la lectura de este artículo, quiero expresarle que quien lo escribe ha recibido honorarios por parte de las compañías que manufacturan estos productos. Lo hacen por conferencias, capacitaciones, y consultoría. Especulo que optan por hacerlo por la misma razón que mis pacientes acuden a mí: creen que algo sé del tema. Si mi conflicto de interés me hace impuro, absténgase leer lo que sigue. Lo tranquilizo, ninguna me pagó por esta nota.

Inhibidores de ciclinas estudiados en cáncer de mama metastásico

Se trata de los estudios MONALEESA-3 y MONARCH-2 recientemente publicados que demuestran un incremento en la supervivencia con fulvestrant más ribociclib (en el MONALEESA-3) o abemaciclib (en el MONARCH-2), al compararlos con fulvestrant más placebo en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. La magnitud del beneficio es similar, casi un 30% en ambos estudios. Otro estudio similar, el PALOMA-3, con palbociclib mostró resultados también a favor del iCDK4/6, aunque no alcanzaron la significancia estadística.

Por si fuera poco, otro estudio publicado previamente, el MONALEESA-7, demostró un incremento en la supervivencia en mujeres pre- y peri-menopásicas con bloqueo ovariano más terapia antiestrogéica con la adición de ribociclib. Es así que los cuatro estudios, en conjunto, cuentan una historia que es ya incontrovertible: la adición de iCDK4/6 prolonga vida. Hay consistencia. En cierta manera, un agente replica los resultados del otro.

Funcionan pero asustan por caras

¿Se trata de buenas noticias? Pues sí, y no. Para las pacientes son buenas noticias – si pueden acceder a ellas. Para el oncólogo tratante, que dedica su vida a que sus pacientes vivan más y mejor, también. Para los aseguradores y la nación se convierte en una carga onerosa. De hecho, en Colombia están aprobados palbociclib y ribociclib, con indicaciones restringidas que limitan su uso al ámbito exclusivo en el que fueron probadas en los ensayos clínicos. Cuando se habla con los aseguradores, muchos de ellos manifiestan preocupación por la adopción sistemática de estos agentes, por razones económicas. Recuerdo una conversación con una alta ejecutiva de un asegurador que nos dijo: “debemos proteger la bolsa finita de recursos…”. Algunos mencionan que estos medicamentos no son costo-efectivos en Colombia. Todos tienen la razón, la cosa es complicada.

El cáncer de mama es frecuente en Colombia

Y es que el problema no es menor. Según GLOBOCAN, en el 2018, en Colombia fallecieron 3702 personas por cáncer de mama. Es de presumir que fallecieron de enfermedad metastásica. Por pura estadística, el 70% de estas mujeres están en el grupo con la biología adecuada para recibir este tipo de tratamiento. Eso indicaría que – al menos teóricamente –  el iCDK4/6 estaría indicado en unas 2500 mujeres cada año (se presume para este cálculo que todas van a recibir tratamiento antineoplásico, no siempre el caso).

Ejes paciente-médico versus nación-pagador

Es bueno analizar los resultados clínicos macro. Para el eje paciente-médico, el incremento en la supervivencia es sustancial. Por ejemplo, en el MONARCH-2, la mitad de las pacientes vivieron 9 meses más con el iCDK4/6 que sin él. En el MONALEESA-7, la diferencia en la supervivencia a los 40 meses fue de 70.2% comparada con 46%, a favor del brazo con ribociclib. Cabe aclarar que estos resultados son superiores a los de estándares previos. Por ejemplo, el fulvestrant no incrementó la supervivencia global al comparar con inhibidores de aromatasa en el estudio FALCON.

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Para el sistema la innovación viene con alto precio

En contraste, para el eje pagador (nación-asegurador, y la sociedad – en general), ese incremento en la supervivencia tiene asociado una erogación sustancial. El costo es alto porque estos medicamentos se administran por largos períodos de tiempo. Por ejemplo, la exposición mediana de las pacientes a los iCDK4/6 fue de 12 meses en PALOMA-3 con palbociclib, casi 16 meses en el MONALEESA-3 con ribociclib, y casi 19 meses en el MONARCH-2 con abemaciclib. En el MONARCH-2, el 28.6% de las pacientes completaron más de 2 años de tratamiento con abemaciclib. Un ciclo de palbociclib o ribociclib requiere de la administración del medicamento por 21 días, seguido por 7 días de recuperación. El valor de cada ciclo es de aproximadamente 17 millones de pesos mensuales. Haga usted el cálculo, el costo del tratamiento no es trivial, a todo nivel.

Costo y costo-efectividad

La innovación cuesta, nos la cobran. El análisis del por qué me supera. Desde el punto de vista práctico, estamos forzados a aceptar que estos medicamentos son onerosos. Para saber si los iCDK4/6 son costo-efectivos habría que realizar los estudios de farmacoeconomía, en Colombia (esos no los podemos importar). Sin embargo, con un ingreso per-cápita de US $ 14.170 (cifra del Banco Mundial, 2017), es poco probable que se encuentre un escenario que demuestre un ICER (Razón de Incremento de Costo-Efectividad, por sus siglas en inglés) por debajo de 3 veces el ingreso per-cápita por año de vida ganado para estos  agentes con los precios actuales (que ha sido adoptado por países ricos como su punto de corte para considerar costo-efectivo un medicamento innovador). Como oncólogo, considero que mi función es velar por la mejor salud de mi paciente, y las consideraciones económicas no deben dominar la elección de mis tratamientos.

La cruz

Este análisis poco técnico no tendría ningún interés si: 1. Las drogas no estuvieran aprobadas en Colombia, o 2. Si existiera alguna forma de impedir que las pacientes las reciban. ¿Quién tiene interés en detener el uso de estos medicamentos? Todos los miembros del eje pagador – por razones no necesariamente mezquinas. Hasta hace poco el segundo mecanismo, el de racionar el uso de éstas – y otras – tecnologías costosas era menos probable. El médico podía prescribirlas libremente cuando estaban indicadas y la paciente tenía la esperanza de recibirlas por medio de los recursos de Ley a su disposición.

Pero hay varias amenazas que surgen de los nuevos modelos de contratación entre los aseguradores y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que incentivan el ahorro – a cualquier costo. Hay que agregar la Ley de Techos, que es otra amenaza para el acceso, pues a cada aseguradora se le asigna un dinero para que atienda a sus usuarios. Ambas formas premian que las pacientes NO reciban tecnologías costosas.

El otro incentivo perverso

Es usual la queja de los pagadores, basada en la desconfianza, que los médicos sólo inducimos demanda para poder facturar cuando hay pago por evento. Ellos aducen, con razón en muchos casos, que ello constituye un incentivo perverso que los vulnera. Pero la nueva dinámica basada en pagos fijos y techos desenmascara otro incentivo perverso. El de evitar el gasto a cualquier costo, al ligar las utilidades a las “eficiencias” en el gasto. Recordemos que en oncología, un paciente muerto es más barato que uno vivo. En este escenario los pagadores tienen mecanismos para presionar a los prestadores para que sean bien eficientes, al fomentar el racionamiento. Los dos incentivos perversos no son iguales, pues el primero se alinea mejor con el interés del paciente. El abuso de el modelo de pago por evento puede causar alto costo, y mayor yatrogenia. El abuso de las dos cápitas (finalmente, todo se resume a eso), se traduce en menos pacientes con acceso a innovación.

Es así que corren peligro las IPS que adopten la innovación al ser menos atractivas, y los aseguradores pueden optar por direccionar sus usuarios a IPS dispuestas a no adoptarla. Al final de este embudo está la paciente con cáncer de mama que podría beneficiarse de estos avances. En este sistema, la paciente no es el cliente; y el cliente resiente el costo de la innovación. Hay que concluir que nuestro sistema está “diseñado” para que haya grave riesgo de que la paciente no reciba lo que debería. Algo de esto debe ser verdad cuando la supervivencia a 5 años de las pacientes con cáncer de mama en Colombia es 19% por debajo de las que se obtienen en los Estados Unidos, como lo documenta el registro poblacional de cáncer de la Universidad del Valle. Una cifra vergonzosa, porque se supone que tenemos las herramientas para obtener resultados similares – en el papel (sólo en el papel, mind you).

Responsabilidad social del médico

Se debe resaltar, sin embargo, que no es fácil incorporar tecnología costosa sin incrementar el costo. Como médico, puedo proteger la “bolsa finita de recursos” con una selección juiciosa de las pacientes candidatas a tratamientos innovadores; así como realizar exámenes en forma precoz para detectar futilidad del tratamiento en forma precoz para pasar con rapidez a otras modalidades de tratamiento. Así se puede minimizar el gasto inútil.

Konkludo

Considero que la conclusión es obvia. Sin embargo la enuncio: el uso de iCDK4/6 en pacientes adecuadamente seleccionadas con cáncer de mama metastásico es un avance médico incuestionable y su uso debe ser parte del estándar de tratamiento moderno. Como médico en ejercicio, tengo la obligación de recomendarlas en los escenarios apropiados. No solo lo digo yo. Lo dicen también las curvas de supervivencia. Esas no tienen conflictos de interés.

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Opinión

Más sobre la tamización del cáncer de pulmón con tomografía

La tamización de fumadores con tomografía computada de tórax disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón, pero no la mortalidad general. Por eso, no debe ser implementada.

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Más sobre la tamización del cáncer de pulmón con tomografía

Ya mi buen amigo, el doctor Luis Eduardo Pino, comentó algo sobre tamización en su columna “Realidades de tamización en cáncer”, de ConsultorSalud. En su nota, el doctor Pino menciona el estudio NELSON, recientemente publicado. El doctor Pino nos informa que el estudio de tamización para cáncer de pulmón fue positivo y que no cambia la mortalidad general. Quiero aprovechar este espacio, para profundizar un poco sobre el estudio en sí, e ilustrar con claridad la paradoja de las supervivencias que se evidencian en este estudio.

¿Qué es tamización para el cáncer?

La tamización para el cáncer consiste en la realización de procedimientos a individuos asintomáticos con el fin de detectar lesiones premalignas o el cáncer en fases tempranas con la esperanza de que su tratamiento va a evitar la muerte. Como tal, se diferencia de otras interacciones en medicina en que los sujetos no saben que están enfermos, y es el “sistema” el que los invita a realizarse estudios.

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La tamización aumenta el número de cánceres detectados, poco más.

Durante el siglo XX se popularizaron varias formas de tamización: mamografía, colonoscopia, citología cervicouterina, antígeno específico de próstata. Todas ellas tienen tres cosas en común: 1. Detectan lesiones premalignas o malignas tempranas, 2. Aparentemente disminuyen la mortalidad por el cáncer correspondiente a cada una, y 3. NO impactan la supervivencia global de la población. Es más, en muchos casos la mortalidad por cáncer aparece como disminuida porque el mismo test identifica muchos cánceres que no hubieran sido letales, aumentando el denominador, sin afectar demasiado el numerador. A este fenómeno se le denomina sobre-diagnóstico.

El sobre-diagnóstico es tan problemático que la tamización con el antígeno específico de próstata ya no es recomendada por los organismos internacionales más serios como la USPSTF (grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos) desde 2012. El sobre-diagnóstico es un gran problema también para la mamografía.

El sobre diagnóstico no es el único problema de las pruebas de tamización. También están los falsos positivos, que inducen más tests, sufrimientos y costos; los falsos negativos que dan una falsa sensación de seguridad, y propicia descuidos peligrosos a avisos clínicos de enfermedad. Éstos últimos, minan la confianza del no-paciente por el sector salud pues se trata de personas asintomáticas.

Finalmente, estos tests son costosos desde el punto de vista de la sociedad, ya que importantes recursos se sifonean para la realización de los mismos con la expectativa de que la “salud” va a mejorar.

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Tamización para cáncer de pulmón, una excepción

Como vemos, la historia de la tamización del cáncer era un fiasco, hasta que apareció la contribución del siglo XXI con la tomografía de tórax para cáncer de pulmón, con el estudio NLST publicado en el 2011. En el NLST se incluyeron tabaquistas pesados, y se le hizo asignación aleatoria a tomografía computada cada año (brazo experimental) o rayos X de tórax (peor que placebo, porque irradia). El estudio fue positivo pues se evidenció una disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón de aproximadamente un 20%. Más interesante aún, es que también mostró una reducción de la mortalidad general en aproximadamente un 6.7%, constituyéndose en el único test de tamización que ha logrado demostrar disminución en la mortalidad general. El precio a pagar por estos beneficios fue un número extraordinariamente alto de falsos positivos. Tan alto, que es inaceptable para muchos candidatos potenciales.

¿Qué se hizo en el estudio NELSON?

En este contexto, se publicó en el New England Journal of Medicine del 6 de febrero de 2020, el estudio NELSON (Nederlands–Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek), un estudio realizado en varios centros de Holanda y Bélgica en el que se investigó la tomografía de tórax como estrategia de tamización en grandes fumadores y exfumadores. En el NELSON se realizó asignación al azar a uno de dos grupos: en el brazo experimental, se les realizó tomografías de tórax al inicio (basal (T0)), así como en los años 1, 3 y 5.5. No estudios de tamización fueron realizados en el grupo control. El estudio se inició en el año 2000, y buscaba reducir la mortalidad por cáncer de pulmón entre un 20-25%, luego de un seguimiento de 10 años.

Se incluyeron en el NELSON fumadores y exfumadores de 50-74 años de edad, con aceptables condiciones de salud. El tabaquismo requerido para ser incluidos exigió: haber fumado más de 15 cigarrillos por día por más de 25 años, o más de 10 cigarrillos por día por más de 30 años. Se excluyeron los exfumadores que habían cesado por más de los últimos 10 años. 

Novedades en la interpretación de los nódulos pulmonares

Es importante aclarar que el cáncer de pulmón se manifiesta como nódulo en la tomografía. La interpretación de los diferentes nódulos puede ser difícil. Una de las innovaciones del estudio fue que modificó el algoritmo de interpretación de los nódulos basados en su diámetro mayor como lo proponía el NLST. En cambio, en el NELSON, se propuso un algoritmo en el que se estima el volumen de los nódulos. Éste análisis de volumen mejora la precisión en la detección de las neoplasias.

Se incluyeron 13195 hombres mayores de 50 años fueron invitados al estudio, casi la mitad de ellos exfumadores. Luego de 10 años de seguimiento, y 22600 tomografías, se encontraron 467 positivos (2.1%) que culminaron con el diagnóstico de 203 cánceres de pulmón. A los 10 años, se diagnosticaron 344 cánceres de pulmón en el grupo de tomografía y 304 en el grupo control. Más de la mitad de los cánceres de pulmón encontrados en el grupo de tomografía estaban en etapa I; mientras que en el grupo control más de la mitad fueron diagnosticados en etapa IV. El número de fallecidos por cáncer de pulmón del grupo con tomografía de cribado fue menor que en el grupo control: 156 casos, comparados con 206, con una magnitud del beneficio del 24%. Es de anotar que el número de sobre-diagnósticos y de falsos positivos fueron comparativamente pocos.

Conclusiones de los autores y el editor

Los autores concluyen que se trata de un estudio positivo, es aceptado para publicación en la legendaria revista bostoniana, y le dedican una editorial que dice – palabras más, palabras menos: otro estudio positivo que nos impele a realizar tamización a fumadores. Además, especula que el intervalo óptimo de tamización con tomografía por cáncer de pulmón es de alrededor de 2 años. En una pequeña cohorte de mujeres fumadoras incluidas en el NELSON, se observó también beneficio de la tamización en ellas. El entusiasmo del editor es evidente, y no le queda duda de la pertinencia de su adopción.

Miremos con lupa el triunfo

Permítame amable lector, yo recapitulo: después de 22600 tomografías, se disminuyó el número de muertos de cáncer de pulmón en 50 pacientes. Eso da como 452 tomografías por cada vida salvada. Como dicen por ahí, “la vida humana no tiene precio”, hasta allí soy capaz de aceptar que el que algo quiere, algo debe pagar.

El elefante en la habitación

La parte que me dejó preocupado es que en ese mismo lapso de tiempo fallecieron casi el 14 por 1000 personas-año de los involucrados en el estudio. En el grupo de tamización fallecieron 13.93/1000 personas-año y en el grupo control fallecieron 13.76/1000 personas-año. Las muertes por cáncer de pulmón explicaron el 2.3% y el 3.1% en cada grupo, respectivamente. El certificado de defunción del grupo que NO recibió tomografía tuvo menos de 1% de exceso de muertes por cáncer de pulmón, y la mortalidad general fue, esencialmente, idéntica.

Un epidemiólogo puede explicar que el estudio no tenía la potencia para detectar un “delta” en la mortalidad general. Puede que tenga razón, pero nada me quita la idea de que la magnitud del beneficio en supervivencia global NO puede ser muy grande si no se logró detectar ni siquiera una pequeña señal cuando se estudiaron más de 13 mil pacientes. Después de este ejercicio, uno esperaría que el brazo experimental tuviera una mejor probabilidad de estar con vida. Y si la diferencia requiere de millones de personas para ser detectada, entonces es trivial. Es como demostrar que los japoneses son más altos que los chinos en 1 cm.

Una muerte, es una muerte, es una muerte

Además, cabe preguntarnos cuál es la expectativa de los fumadores sobre la tamización para cáncer de pulmón. ¿Desean ellos no fallecer de cáncer de pulmón? ¿O, desean simplemente no fallecer, punto? La tamización puede mejorar – marginalmente – la primera; pero poco hace por la segunda – al menos en el NELSON. Desde mi perspectiva, los fumadores sin síntomas se merecen que haya beneficio claro cuando los invitamos a que se hagan exámenes diagnósticos. No debemos invitarlos para que elijan su daga: con esta mueres de cáncer de pulmón, o con esta otra mueres de otras cosas, pero mueres igual. Es así que considero que, como sociedad, ya tenemos gastos suficientes en salud para pretender derivar escasos recursos a tamizaciones que no disminuyen la mortalidad general como la explorada en el NELSON, entre otras (y las otras son casi todas…).

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Opinión

Realidades de la Tamización en Cáncer

La realidad nos muestra que no existe un estudio que demuestre irrefutablemente que los programas de tamización en cáncer tengan un impacto real sobre la mortalidad general.

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REALIDADES DE LA TAMIZACIÓN EN CÁNCER

En 1997 un grupo de médicos surcoreanos iniciaron una campaña nacional de tamizaje para cáncer de tiroides mediante ecografía de bajo costo (30 a 50 dólares americanos). Esta campaña tomó gran fuerza en el país, logrando un aumento exponencial en la detección de casos de cáncer de tiroides desde 5 casos por 100.000 personas en 1999 hasta 70 casos por 100.000 en el año 2011.

El 60% de los pacientes diagnosticados fueron llevados a tiroidectomía y posterior suplencia hormonal de por vida. Por supuesto, esta intervención fue curativa para su diagnóstico. La mortalidad por cáncer de tiroides en el país asiático que era de 1 por 100.000 personas en 1999, permanece hoy sin modificaciones, sin embargo, los costos derivados del sobrediagnóstico de esta enfermedad son inmensos ya que actualmente es uno de los tumores de mayor incidencia en dicho país.

A pesar de estas cifras, cuando ha intentado detenerse esta tendencia de sobreutilización de recursos sanitarios, las mismas asociaciones médicas son las que han defendido el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de tiroides como un derecho fundamental de las personas. La idea sostenida en medicina de que la detección temprana de cualquier cáncer salva vidas, es una verdad a medias, pero para muchos un derecho inquebrantable.

La realidad nos muestra que no existe un estudio que demuestre irrefutablemente que los programas de tamización en cáncer tengan un impacto real sobre la mortalidad general. Es claro eso sí que, desde el punto de vista económico es mucho más efectivo tratar un cáncer en estadios tempranos que en estadios avanzados.

Nuevos estudios

El recientemente publicado estudio NELSON (De Koning et Al, N Engl J Med 2020; 382:503-513) evaluó una intervención de tamizaje para cáncer de pulmón en casi 16.000 personas consideradas de alto riesgo para dicha enfermedad (fumadores con alto índice de consumo) con edades entre 50 y 74 años. A estas personas se les realizó tomografía de tórax de baja dosis en periodos de 1, 3 y 5,5 años.

El resultado del plan de tamizaje demostró una reducción en la mortalidad por cáncer de pulmón de 0,8 casos por 100.000 personas tamizadas al año (resultado positivo sin duda), pero cuando se evalúa el impacto sobre mortalidad general el resultado de la tamización es nulo (inclusive mayor en la cohorte tamizada). Esto quiere decir que estas personas además de tener alto riesgo de morir por cáncer de pulmón, tienen también alto riesgo de morir por enfermedades asociadas a tabaquismo y a otros factores, y que el impacto de diagnosticar “tempranamente” un cáncer de pulmón no tiene real impacto en que mueran por otras causas.

El mensaje no es que dejemos de tamizar las neoplasias cuyas intervenciones han sido asumidas por los sistemas de salud como efectivas. El mensaje es que el tema es mucho más complejo que el diagnóstico temprano y su –discutible- impacto en la mortalidad.

Panorama colombiano

En nuestro país es claro que más de 70% de los casos de cáncer son diagnosticados en estadios avanzados en donde las estrategias de intervención no son curativas, pero además son altamente costosas.

Según datos de ADRES las neoplasias son las enfermedades con mayor participación en el costo de las tecnologías no financiadas con la UPC, de ellas las más costosas son las neoplasias hematolinfoides para las cuales no existen actividades de tamización poblacional.

El problema como vemos no se soluciona con el incremento en las actividades de tamización, esto es una falacia, un desvío de atención basado en que lo único costo efectivo es el diagnóstico temprano. Esto será eficaz solamente cuando se tengan mejores pruebas de tamizaje basadas en la biología molecular de las neoplasias (Como ya se está trabajando en cáncer colorectal y en cáncer de pulmón) y que dichos programas de tamizaje “inteligente” estén conectados a programas de atención en continuo que garanticen unas transiciones ágiles de cuidado oncológico, con captura de información “viva” en tiempo real y poder con ello medir realmente sus resultados.

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Pero, además de la optimización del continuo de la atención en cáncer debe asegurarse la transversalidad y el engranaje de dichas atenciones con otros programas de cuidado de la salud. Según datos de la OCDE, 4% de las personas sufren de alcoholismo, 56% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad y 18% son fumadores.

De nada sirve apuntarle a “salvar” vidas en cáncer cuando la mortalidad recae en múltiples causas, eso es casi una “esquizofrenia de la ciencia”. Deben definirse, desde una óptica étnica, social, económica y pragmática la profundidad y la extensión de los niveles de servicios en salud en nuestro territorio. Es decir, hasta dónde vamos a llegar en la atención del cáncer en forma territorializada.

No solamente las estrategias en salud deben ser diseñadas e implementadas con las particularidades poblacionales y administrativas de cada área, sino también los resultados que se pretendan deben ser racionales y concertados. Pensar que mejorando las cifras de tamizaje poblacional como un todo se tendrá un impacto en lo que significa la enorme complejidad del cáncer –y de la salud en general- es una visión claramente reduccionista y sin sustento

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