Los cambios que se requieren en la política de salud de Bogotá (Opinión)
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Los cambios que se requieren en la política de salud de Bogotá

Está próxima a concluir la administración de Enrique Peñalosa, por lo que nos proponemos en este artículo analizar los resultados de la política pública en salud que desarrolló.

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Está próxima a concluir la administración de Enrique Peñalosa, por lo que nos proponemos en este artículo analizar los resultados de la política pública en salud que desarrolló durante este período de gobierno.

Para comprender el problema de la salud en Bogotá, se debe dimensionar que la mayoría de la población bogotana pertenece al régimen contributivo en salud, es decir, aquel régimen que es prioritariamente privado al que pertenece la población trabajadora, contratista, que hace aportes mensuales a la seguridad social, que en Bogotá corresponden a 6. 279.369 ciudadanos.

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Otro grupo poblacional corresponde al régimen subsidiado, que corresponde a la población no contribuyente que es subsidiada por solidaridad por el régimen anterior, y recursos del presupuesto general de la Nación, vía sistema general de participaciones, en Bogotá son 1.213.553, el tercero corresponde a los regímenes especiales, como por ejemplo las fuerzas militares o el magisterio, que son 207.965.

Existe otra población que es aquella que denominan vinculada, que en realidad es desvinculada, que no se encuentra en ninguno de los anteriores regímenes, la última cifra conocida en Bogotá respondía a 300 mil ciudadanos, cuya atención en salud es restringida hasta tanto el ciudadano no se vincule a alguna de estas modalidades.

Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, el 90% de los prestadores de servicios de salud en Bogotá, son privados, solo el 10% son públicos y mixtos.

En cuanto a la distribución geográfica de estos servicios, el 80% se encuentran concentrados en el cordón nororiental de la ciudad. Sólo los hospitales públicos cuentan con una distribución equitativa en todo el territorio.

Por tanto, la gestión de la salud de Bogotá pasa por intervenir lo público, pero ante todo por ejercer una eficaz rectoría y regulación del sector privado, que es el que responde por la mayor parte de la salud de la ciudadanía bogotana.

En ese contexto, se debe analizar cualquier propuesta de salud de un alcalde mayor de Bogotá, dentro del ámbito de competencias del distrito.

LO QUE PROPUSO EL GOBIERNO DEL ALCALDE PEÑALOSA Y LOS RESULTADOS

Infraestructura Hospitalaria: Prometer para no cumplir

El alcalde Peñalosa en el inicio de su Gobierno, manifestó que la mayor debilidad de los anteriores gobiernos, era su incapacidad para construir infraestructura hospitalaria, por lo que harían falta más de 4000 camas hospitalarias, por lo que se comprometió a construir 2 hospitales y remodelar seis  (Usme, Bosa, la Felicidad, Simón Bolívar, Materno Infantil y Santa Clara).

Además se comprometió con la construcción de 40 Centros de Atención Prioritarias (CAP) para descongestionar los servicios de urgencias de la ciudad. Anunció que tres de las obras hospitalarias, las haría bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas (APP).

En el plan de desarrollo, la infraestructura hospitalaria quedó atada a este tipo de alianzas.

Posteriormente se evidenció en el plan plurianual de inversiones que estas obras quedarían supeditadas a la venta de activos del distrito, específicamente la venta de la ETB.

Se estipuló que se haría una inversión de 2,5 billones de pesos en el cuatrienio con recursos inciertos, dado que los recursos para las construcciones estaban supeditados a la venta de este activo.

Esto contrasta con la destinación de recursos ciertos y expeditos, que se le asignaron a Transmilenio, que correspondieron a 3,5 billones de pesos, vía cupos de endeudamiento.

Los resultados de esta gestión pública, evidenciada por el concejal Juan Carlos Flores en el 2018[ii], es que en tres años la administración solo logró destinar 679.004 millones para infraestructura en salud, de los cuales solo ha comprometido $116.759 millones (el 17,2%), y los giros efectivos con dificultad alcanzan $9.153 millones de pesos (1.3%).

Lo anterior evidencia una bajísima capacidad de gestión por parte de la administración distrital, en un tema que como el de infraestructura, se supone era su bandera en salud, y constituía el centro de la crítica que lanzaba con espejo retrovisor a las anteriores administraciones.

Hasta el momento, la administración solo ha entregado la adecuación del servicios de urgencias de Suba por un valor de 688 millones de pesos que constituye el 0.1 % de la ejecución.

En cuanto a las Alianzas Público privadas, la experiencia más elocuente en torno a la ineficacia de esta figura para la construcción de infraestructura social como la hospitalaria, la muestra el reino unido, quien comenzó con esta figura en la década de los 90, y recientemente tuvieron que suspenderlas, porque reconocieron que las construcciones resultaban hasta dos o tres veces más costosas haciéndola con el privado, que si el Estado la hiciera solo.

Dado que esta modalidad genera unos beneficios extraordinarios para el operador privado. Estos sobrecostos fueron considerados en este país como una suerte de corrupción técnica, por posibilitar cuantiosas extracciones de renta por parte de actores particulares a costa de recursos públicos.

En Bogotá se ha demostrado que las APP tiene un éxito del 0.5% con apenas un proyecto contratado y llevado a cabo de manera exitosa. Esto le fue advertido a la administración distrital, que insistió en esta figura, con los resultados esperables.

Lo cierto es que a mayo de 2019 la Administración distrital no ha firmado ningún contrato de APP para la construcción de hospitales, resulta alentador que por ineficacia, no hayan aún embarcado a la ciudad en este tipo empresas que auguran un incierto y desastroso porvenir, a juzgar por las experiencias referenciadas.

La administración ha expresado que las subredes de servicios Sur y Centro Oriente abrirán los procesos licitatorios para los hospitales de USME y Santa Clara más CAPS en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

En este sentido está en entredicho la competencia que pueda tener una subred de prestación de servicios hospitalarios para encarar un complejo proceso licitatorio de infraestructura. En conclusión, toda esta promesa resultó en un elefante blanco inconcluso.

Capital Salud- EPS

Otro de los temas que denunció la administración Peñalosa en su inicio de la Alcaldía, fue la quiebra en la que encontró a Capital Salud, EPS mixta conformada por Salud Total y el distrito.

Los grandilocuentes y mediáticos discursos del burgomaestre apuntaban a señalar que este era un problema de falta de gerencia. Como si el desplome financiero de las EPS fuera un asunto solo de Capital Salud, pues no, es un problema estructural del sistema de salud, que no está sujeto al voluntarismo de la “buena gerencia”, sino al diseño mismo de la política pública de salud a nivel nacional donde las EPS hacen agua.

En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud expresó en el informe financiero con corte a 2017 que las 36 EPS que reportaron, sumaban un déficit patrimonial de seis billones quinientos treinta nueve mil millones de pesos, dentro esas EPS deficitarias se encontraba Capital Salud, con un déficit de 579 mil millones de pesos[iii].

La situación para el 2018 empeoró, cuando se supone que la gerencial administración de Peñalosa, había asumido el control de la EPS.

Así fue como la Supersalud en octubre de 2018 suspendió la posibilidad de afiliación y traslados a 16 EPS, entre ellas Capital Salud, que se encuentra bajo vigilancia especial, que fue prorrogada mediante resolución 010083 el 2 de octubre de 2018, debido a que no cumple con condiciones de solvencia financiera, incumple con la cobertura de la red de prestación de servicios en el régimen subsidiado de baja y mediana complejidad, ocupa el tercer lugar entre las EPS de su rango en número de quejas y reclamos, incumplimiento en tiempos de espera para asignación de citas de obstetricia, no entrega fórmulas médicas de manera oportuna, incumple los indicadores de gestión del riesgo relacionados con vacunación de niños menores de un año, porcentaje de pacientes diabéticos controlados.

En diciembre de 2018, el Gobierno distrital anunció que inyectaría 150 mil millones a la EPS Capital Salud, que en los últimos tres años se habían inyectado 240 mil millones[iv].

Esto significa una capitalización de la EPS por parte del distrito, a la fecha no es claro si esta pasó a ser propiedad del ente público, en tanto fue recapitalizada con recursos públicos de los bogotanos, o se estaría favoreciendo al socio privado con capitales de proveniencia pública.

Un hecho parecido fue lo que favoreció el desfalco de Saludcoop, Cafesalud y Medimás que aún tiene en vilo al país.

Lo cierto es que la recapitalizada Capital Salud EPS continúa siendo la mayor deudora de los Hospitales del Distrito agrupados en las subredes de prestación de servicios de salud, hasta hace seis meses adeudaban 264.399 mil millones a las subredes del distrito[v].

Todo indica entonces que el gerente Peñalosa no pudo resolver el problema de Capital Salud, que continúa bajo vigilancia especial de la Supersalud y debe responder por la salud de un millón doscientos mil bogotanos, entre ellos una parte importante de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Fusión y Reorganización de Hospitales Públicos de Bogotá

La otra propuesta de la Administración consistió en adelantar una reorganización de los 22 hospitales del distrito en cuatro subredes mediante el acuerdo 641 de 2016, bajo el argumento que se debían construir las cuatro redes integradas de servicios de salud, dado que los hospitales estaban fragmentados, competían entre sí, y había una saturación de los servicios de urgencias.

Para ello crearían una unidad de gestión logística que cogestionaría con apoyo de un agente del sector privado una suma aproximada de 2,5 billones de pesos que movilizan los hospitales de Bogotá, para apelar a la economía de escala en la negociación colectiva de medicamentos e insumos, y así contener la corrupción que, según el diagnóstico de la administración,  se presentaban en los centros hospitalarios.

Al unísono de esta propuesta, se presentaba una declaración de emergencia sanitaria, como figura de estado de excepción, para apelar a formas de contratación expeditas y recursos administrativos, para enfrentar lo que con espectacularidad mediática se planteó, como una sobresaturación de los servicios de urgencias.

Dicho sea de paso, que esta medida le mereció al alcalde Peñalosa una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por parte del entonces Representante a la Cámara Alirio Uribe por falsedad ideológica, dado que la Secretaría de Salud de Bogotá presentó estudios no propios para fundamentar esta medida, adoptaron datos de una tesis de grado de la Universidad del Rosario, esto corresponde a una suerte de plagio de un estudio, en donde además el autor reconoce el sesgo para la definición de la capacidad de respuesta de la red de hospitales ante las emergencias y desastres, por cuanto no tiene como universo la red de hospitales públicos, sino solo algunos, y adoptaron una metodología basada en encuestas a funcionarios públicos.

Tres años después, el resultado de estas decisiones, era el esperable, ni la fusión de los hospitales públicos ni la emergencia sanitaria resolvieron el problema de la prestación de servicios en Bogotá, en tanto esta corresponde en su mayoría al sector privado de la ciudad, a quien había que regular e integrar en las subredes integrales e integradas de servicios de salud.

Reducir estas redes de atención solo a los prestadores públicos, no sólo es inocuo, sino que desconoce de manera flagrante que el 90%  de la atención de salud en Bogotá corresponde a instituciones privadas.

La Unidad logística para las compras centralizadas de medicamentos, insumos y tecnologías en salud (EAGAT), hubieran sido una buena propuesta de economía de escala, no obstante se advirtió que ningún actor privado en el sistema de salud actúa sin ánimo de lucro, así esta sea la nominación que se presente en su figura jurídica constitutiva.

El tema es que esa unidad al día de hoy es un elefante blanco. Así lo manifestó la personería de Bogotá en un informe en el cual manifiesta que esta entidad asesora, administrativa y técnica EAGAT, no está cumpliendo la función de agenciar las compras centralizadas, las subredes no tienen incorporado dentro de sus estatutos el funcionamiento de esta entidad, que no tiene ingresos si quiera, para ser autosostenible.

Por el contrario, cada subred de prestación de servicios tiene su propia compra de medicamentos, y pagan tarifas diferenciales, de hecho se encontró que existe un proveedor que tiene el 38% de los contratos de las subredes[vi]. Este mismo proveedor vende el mismo medicamento con precios distintos a las cuatro subredes.

En cuanto al hacinamiento en los servicios de urgencias, que la Administración dijo resolvería con la emergencia sanitaria y la fusión de hospitales, la personería de Bogotá manifestó en mayo de 2019, que el 77% de los servicios de salud de la ciudad, de segundo y tercer nivel de complejidad, están congestionados.

Los servicios de salud del Tunal y Meissen son los más hacinados con una sobreocupación del 424% y 328% respectivamente.

El ente de control, denunció que la Secretaría Distrital de Salud había modificado las fichas técnicas para mostrar cifras inferiores de hacinamiento.

En el informe reconocieron que la Secretaría de Salud[vii], aumentó la capacidad de atención de urgencias con 364 camillas de urgencias de adultos y 75 para urgencias pediátricas, pero esto se hizo sin adelantar las modificaciones necesarias de infraestructura, con sillas reclinables en pasillos, sin espacios de privacidad para los pacientes.

El desmonte de la Salud Pública y la Atención Primaria en Salud

El centro de la propuesta de la Administración Peñalosa, no era la salud pública, su propuesta giraba en torno al fortalecimiento de infraestructura hospitalaria.

Después de su posesión, lanzó fuertes críticas a los programas de las administraciones precedentes que se denominaron salud a su casa, que posteriormente se convertiría en territorios saludables, un potente programa que en Bogotá llegó a tener casi 10 mil profesionales y técnicos en salud agenciando uno de los más importantes programas de prevención y promoción de la salud de América Latina, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud. Lo que supuso una importante reducción de la morbimortalidad en los territorios de la ciudad.

La Administración de Peñalosa redujo este programa a menos de la mitad de funcionarios, lo que planteaban es que con menos se podía hacer más, esto condujo a la reducción de un 70% de las acciones de salud pública en los ámbitos de la vida cotidiana[viii].

Un ejemplo del impacto de esta reducción se puede observar en la atención psicosocial de víctimas del conflicto, que en Bogotá corresponden a 600 mil ciudadanos, en el marco de un proceso de paz, de una transición que reclama que esta población reciba una atención que les permita su reparación e inclusión social, el distrito para 10 meses solo invirtió 4,402 millones de pesos[ix], planteándose metas de intervención en modalidad individual de 900 víctimas por año, sobre un total de 600 mil. Con ese ritmo de atención, va a llegar el siglo 22 y no hemos brindado la atención requerida a esta población.

Es necesario anotar que el impacto de una decisión de política pública, en materia de morbimortalidad, no se evidencia de inmediato. No obstante es evidente que las tasas de mortalidad materna e infantil, difieren si se analiza el global de Bogotá, que si se analizan por localidades, resultando las localidades del sur de Bogotá más afectadas.

Se han registrado muertes infantiles por desnutrición, lo cual da cuenta del debilitamiento de los dispositivos de detección temprana de riesgos para realizar la respectiva canalización de los casos para la atención en los distintos niveles de complejidad en los prestadores de servicios de salud.

Es evidente en el mundo que el desmonte de los sistemas de prevención y promoción impactan negativamente la morbimortalidad e inciden a largo plazo en la sostenibilidad de los sistemas de salud, que terminan centrados en los altos costos de la enfermedad, en donde se instalan extractores de renta del alto costo en salud. A eso le apuntó la Administración de Peñalosa con las decisiones adoptadas.

El actual debate electoral y la salud:

El actual debate electoral para la Alcaldía de Bogotá, cuenta con cuatro candidatos que son los más visibles en la disputa electoral para llegar a la casa del Liévano.

En general el debate sobre la ciudad se ha tornado limitado, plagado de lugares comunes, solo marcándose diferencias de fondo en el tema del metro elevado vs metro subterráneo.

El tema de salud no ha escapado a los lugares comunes en su abordaje. No obstante podríamos caracterizar la postura de los candidatos en dos bloques: los candidatos Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán que expresa básicamente la continuidad de la política de Peñalosa, haciendo énfasis en el fortalecimiento de programas para la intervención en el consumo de sustancias psicoactivas, sin pronunciarse sobre otros asuntos de fondo sobre la salud.

De otro lado Claudia López y Hollman Morris, enfatizan en la necesidad de recuperar la estrategia de atención primaria en salud (salud a su casa/territorios saludables), desmontada por la actual Administración, y el fortalecimiento de la red de hospitales públicos.

No obstante, ninguno de los candidatos se refiere a decisiones de fondo que el próximo burgomaestre debe adoptar sobre la totalidad de la gestión de la salud de Bogotá, que insisto, también tiene que ver con la rectoría que se debe ejercer sobre el sector privado. En ese sentido plantearemos un decálogo de propuestas para aportar al debate democrático de la ciudad.

PROPUESTAS DE POLITICAS DE SALUD PARA LA PROXIMA ADMINISTRACION DISTRITAL

  1. Rectoría: Inspección, Vigilancia y Control sobre la prestación de servicios de salud en Bogotá públicos y privados, que garantice el acceso eficaz de la población a servicios de salud.
  2. Atención Primaria en Salud: retomar los programas de salud pública, con fortalecimiento financiero, de recurso humano, con el objetivo de llegar a un número mayor de ciudadanos en Bogotá. Esto implica establecer mecanismos que rompan las barreras de acceso que existen entre la detección de riesgos en el marco de la salud pública y la efectiva atención individual en el sistema de aseguramiento en salud.
  3. Avanzar en infraestructura hospitalaria, esto incluye la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Para el logro eficaz de este objetivo, se deben eliminar las APP como forma de contratación de estas obras. El distrito debe evaluar que estas obras de infraestructura sean agenciadas por alguna instancia distinta a los hospitales y a la Secretaría de Salud, que tiene poca capacidad de ejecución para este tipo de proyectos. Se podría integrar allí al IDU, u otra institución que tenga la capacidad para desarrollar gestiones de esta complejidad.
  4. Determinantes sociales de la salud en Bogotá (Consejo Distrital de determinantes sociales en salud, con secretarios). Se propone establecer esta instancia que debe ser del primer nivel del Gobierno distrital, en el cual se establezca la gestión de los determinantes de la salud a los cuales hace referencia la Observación General 14 de las Naciones Unidas, dentro de los que se encuentra el medio ambiente, la cultura, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, es decir, aquellos asuntos que requieren una gestión de diferentes carteras de un gobierno, que impactan la salud y el buen vivir de los bogotanos, el impacto en la aparición de patologías respiratorias, en relación con la emisión de carbono, por parte de los buses de Transmilenio es un ejemplo de esto. Este consejo puede introducir propuestas concretas en el plan de desarrollo distrital, y hacer seguimiento de su ejecución.
  5. Reapertura de los Puntos por el derecho a la salud: Esto supone recuperar una estrategia de la anterior Administración, con la cual se implementaron equipos territoriales conformados por gestores sociales y jurídicos, que apoyen a las comunidades para acceder a la atención en salud en el sistema de aseguramiento.
  6. Política de trabajo digno y estable en el sector salud de Bogotá: Esto implica la laboralización de los trabajadores de salud, atendiendo el principio de progresividad, teniendo en cuenta que en este momento alrededor de 17 mil se encuentran tercerizados bajo formas de contratación ilegal.
  7. Cobro jurídico de deudas de EPS con hospitales del distrito: Bogotá se encuentra en mora de establecer acciones jurídicas que obliguen a que se responda por deudas de las EPS liquidadas, habilitadas por la superintendencia nacional de salud, y deudas de las EPS a las cuales las instancias de regulación nacional mantienen en funcionamiento.
  8. Replanteamiento del manejo del régimen subsidiado de Bogotá, con propuesta al Gobierno nacional para que este pueda ser manejado por el distrito. Esto en el contexto de que la situación de capital salud EPS es insostenible, y se encuentra con múltiples causales de liquidación.
  9. Desarrollo de las redes integrales de servicios de salud público privadas, en un sistema de referencia y contrarreferencia con rectoría desde la Secretaría Distrital de Salud.
  10. Política de educación en salud en hospitales del distrito, con desarrollo de investigación, innovación mediante convenios docencia servicio. Esto supone que el distrito sea pionero en acogerse entre otras , a marcos legales como la ley de residencias médicas, lo que implica que desde las subredes de salud , se adelanten acuerdos con las universidades para que estas hagan la contraprestación a las instituciones hospitalarias, no monetaria, sino en aportes ciertos para la investigación, formación, innovación, avances en ciencia y tecnología. El distrito puede constituirse en el primer piloto para que el ADRES inicie el pago a los médicos residentes.

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Recuperar el equilibrio en la nueva normalidad

En varios escenarios técnicos y académicos, hoy se discute intensamente sobre las condiciones de eso que los teóricos denominan la nueva normalidad.

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Recuperar el equilibrio en la nueva normalidad

Por: Juan Carlos Giraldo,  Director General de la ACHC

En varios escenarios técnicos y académicos, hoy se discute intensamente sobre las condiciones de eso que los teóricos denominan la nueva normalidad. Al respecto, desde el gremio venimos proponiendo que esa nueva normalidad efectivamente sea una nueva y mejor realidad y no sea simplemente otra versión de la vieja anormalidad, lo que es usual en el sistema de salud. En este editorial queremos resaltar algunos aspectos que son ilustrativos de la dirección que vamos tomando como país y como sector.

Los medios de comunicación y los funcionarios señalan que “el sector salud es el motor y facilitador de la nueva normalidad”. Sin embargo, llama la atención que ese nuevo estatus parece dominado por una sola enfermedad (COVID-19) y que la restante y abrumadora carga de enfermedad rutinaria va a desaparecer o se ha minimizado. Ese pensamiento va en contravía de una necesidad sentida que expresamos desde los hospitales: la reanudación o reapertura de servicios de salud. El mensaje que se da desde la ACHC al Gobierno nacional es que tiene que avanzar simultáneamente en la contención de la pandemia, pero debe procurar las políticas de reinicio seguro, gradual y sostenido para, de manera adecuada, enfrentar las oleadas de patologías urgentes, crónicas descompensadas y mentales que van llegando. Tenemos la capacidad, pero debe haber una directriz clara y un compromiso con la reapertura. No hacerlo implicará perpetuar un círculo vicioso de represa-congestión-cierres periódicos.

Relacionado con lo anterior está el asunto de la disponibilidad, muy evidente cuando de las UCI se habla, pero que aplica a todo el circuito asistencial y de prestación de servicios. En esta pandemia se estrenaron mecanismos para garantizar una ampliación de oferta y el mantenimiento de ella. Pues bien, esas nuevas formas tienen que ser sostenidas en el tiempo de modo que se garantice la efectiva existencia y funcionalidad de las facilidades dispuestas. La disponibilidad tiene que ser financiada y, por lo tanto, los anticipos deben ser fondeados por periodos nuevos para el 2021. Se tiene que cuidar al sector prestador en general, y eso pasa por ayudar al mantenimiento de su dotación, por combatir el desabastecimiento de medicamentos e insumos vitales y también por garantizar la existencia y el pago efectivo de los elementos de protección personal.

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A lo anterior se tiene que sumar que los prestadores individuales y el talento humano en salud deberían ser objeto de nuevas políticas de bienestar, de nuevos reconocimientos y también de nuevas o estables primas de servicio, financiadas desde el presupuesto de la emergencia. ¿Por qué tanto interés en la disponibilidad? Por una razón básica: la apertura general de la economía y la sociedad encuentra su soporte o su tranquilidad en la real existencia de una oferta sanitaria que pueda enfrentar los nuevos picos.

Respecto a las reincorporaciones de más sectores a la nueva normalidad, debe reiterarse que el sector salud es clave para dar las pautas para esos avances. Permitir que los trabajadores vuelvan a sus empleos y que los estudiantes retornen a las aulas pasa por unos previos conceptos sanitarios. El más evidente es el de la detección de casos y contactos de esos casos con la aplicación de pruebas procesadas en importante porcentaje por nuestros laboratorios y nuestro talento humano. Luego está el trabajo de inteligencia epidemiológica que permite entender los focos, sectorizar las acciones y hacer seguimiento en la comunidad con verificación de entornos.

Todo eso para dar la tranquilidad a los trabajadores y estudiantes que van, pero que también vuelven a sus hogares. Ya se habló de la disponibilidad y lo que significa, pero vale la pena sugerir a los competentes (Administradores de Riesgos Laborales, Ministerios de Trabajo, Salud y Educación, entre otros) que los sectores que se van abriendo deberían brindarle a sus trabajadores o comunidades un nuevo examen de ingreso que contemple no solo lo obvio respecto a COVID-19, sino que también explore el estado general de salud, la presencia de patologías crónicas o trazadoras, y muy especialmente que se detenga y examine el estado de salud mental de todos. Tiene lógica la propuesta cuando muchas personas están efectuando duelos, o sufren estrés postraumático o están afectados por Burnout, por ansiedad o presentan síntomas de depresión. La salud mental debe ser prioridad en esa nueva normalidad.

De otra parte, vale la pena recordar que nuestro gremio viene hablando sobre la necesidad de cambiar los métodos asistenciales y por eso anticipamos la llegada y la validez de atenciones ambulatorias, domiciliarias y de la telemedicina, como complementos —que no sustitutos— de la tradicional asistencia presencial, institucional e intrahospitalaria. Pues bien, la pandemia aceleró esa transición y hoy se ve crecer el segmento de la telemedicina. Sin embargo, de manera precoz se va notando que es necesario delimitar esta manera de operar el sistema y entender cuáles son los alcances y las limitaciones. En los alcances se debe definir para qué sirve y para qué no es funcional.

De aquí se colige que no todo puede ser atendido en la virtualidad y un excederse en las atribuciones del método lo va a envilecer. De igual manera, en las limitaciones se deberían responder dos interrogantes básicos, a saber: i) ¿El paciente está satisfecho con esa modalidad de atención? Y, ii) ¿El profesional que atiende se siente cómodo con esa actuación? Estas modalidades llegaron y se quedarán, pero debemos asignarles el sitio que les corresponde. Algunos compradores de servicios, hoy alborozados, anuncian el milagro de la telemedicina y creen que es un simple ejercicio contable que cambia real por virtual y “abarata” el sistema. El gremio hospitalario cree que no es así, y desde ya alertamos e insistimos: todo debe tener equilibrio o luego vendrá la frustración y la represa de enfermedades mal tratadas.

Pero también queremos recordar que todos estos métodos y soluciones no aplican solo para lo
asistencial. La administración del sistema de salud debería verse beneficiada —como lo hemos
anunciado con lustros de anticipación— por la automatización, la inteligencia artificial, big data, blockchain, los contratos inteligentes. Si no somos capaces como sistema de disminuir o facilitar las transacciones en el sistema, continuaremos en la vieja anormalidad. Indudablemente, hacer más automático el sistema, hacer más inteligente la administración, debería ser un rédito que nos quede de esta época. Las auditorias innecesarias, los reprocesos, las glosas injustificadas, las practicas indebidas contractuales, deberían eliminarse con la implementación de las herramientas descritas.

Por último, hemos observado cómo el debate público a nivel global se va concentrando en el crucial asunto de la vacuna contra la COVID-19. Al respecto, un par de anotaciones. La primera: algunos de los que se refieren a este asunto dan a entender como si fuera la primera vez que se realizara esto en el país, pues hablan de un reto logístico aparentemente insuperable. Es más que justo recordar que desde hace décadas tenemos un Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) robusto, generoso y eficaz. La llegada de la vacuna contra COVID-19 debería ser entendida como la inclusión de un nuevo elemento dentro de ese PAI. Claro que habrá nuevos requerimientos, pero creemos que la experiencia de coordinación adquirida después de tantas jornadas nacionales de vacunación dará las respuestas necesarias en este momento.

La segunda anotación tiene que ver con los mensajes que deja la detallada discusión sobre las vacunas, sus tipologías, los mecanismos internacionales de cooperación, los cambios legales domésticos, las polémicas con los fabricantes, las reacciones en los países que ya se aplican, etc. De estas discusiones va quedando la sensación que la inmunización es la respuesta única y se va olvidando que esto es uno más de los componentes de lo que debe ser una gran estrategia.

La prevención, la higiene social, el distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos, el diagnostico oportuno, la disponibilidad de facilidades hospitalarias, las UCI, la llegada de terapéutica especifica (antivirales nuevos) y la inmunización hacen parte de un continuum terapéutico y de intervención. Da mucho temor que este debate —omnipresente por estas fechas— haga olvidar que se requiere equilibrio entre todas las acciones. Los pilares de abordaje individual, asistencial y colectivo siguen en pie. Por lo tanto, se debe reforzar el mensaje, pero de forma completa, integral. Si bajamos la guardia y nos concentramos en la ilusión de una cura mágica, podremos perder todo lo logrado hasta ahora.

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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA NEFROLOGÍA COLOMBIANA EN LA REGIÓN? ¿SE HA FORTALECIDO CON LA PANDEMIA?

El Dr. Jorge Rico presenta un artículo que detalla la participación de la nefrología colombiana en eventos internacionales y la visibilización regional

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Decidí escribir estas líneas, porque en días pasados revisé de manera minuciosa el informe que presentó el doctor Gustavo Aroca, nefrólogo, presidente saliente de nuestra Asociación Colombiana de Nefrología e hipertensión (ASOCOLNEF). Al final de esta lectura quede gratamente sorprendido, pero a la vez feliz y motivado por todos los logros y posicionamiento que ha tenido la nefrología colombiana no solamente a nivel local sino también internacional.

LA NEFROLOGÍA COLOMBIANA EN EVENTOS INTERNACIONALES EN LA REGIÓN

La nefrología colombiana ha sido importante para Latinoamérica y considero que el aporte que ha tenido ha sido muy valioso, mucho más en los últimos años, pero también es válido que este puede y debe ser mayor.

Haciendo un recordéris de los eventos académicos más importantes en los últimos años, en abril del año 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, el XVI Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión 2012. En esa oportunidad estaba de presidente de la SLANH el doctor Ricardo Correa-Rotter, como presidente de ASOCOLNEF, el doctor Rafael Gómez y como miembros del comité científico, el doctor Walter Douthat (expresidente de la SLANH) y mi persona.

En abril del año 2018, Colombia también fue protagonista. Cartagena fue sede del XII Congreso Internacional de la ISHD (Sociedad Internacional de Hemodiálisis). Un evento exitoso y con una excelente asistencia. La doctora Adriana Robayo figuraba como presidenta de la ASOCOLNEF.

En el año 2019, participamos con la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial en el XVI
Congreso Latinoamericano y V Congreso Central y del Caribe de Hipertensión Arterial. También, se han hecho eventos académicos internacionales en apoyo y asocio con la SLANH, en diferentes áreas de la nefrología.

Nefrocaribe, institución caribeña, que reúne un buen número de nefrólogos principalmente de la Costa Atlántica de Colombia, también ha liderado simposios internacionales, (en total hasta el año 2020: 11 eventos) en donde siempre han contado con expositores y asistentes de América Latina y el Caribe.

Este año 2020, en plena época de pandemia, Colombia se destacó por los muchos eventos virtuales que se desarrollaron, muchos de ellos de talla internacional y varios –un número considerable- con el aval de la SLANH.

Para resaltar, nuestro XXII Congreso Internacional Virtual y extendido de Nefrología y Trasplante, con la asistencia de más de 1000 participantes no solo de Colombia, sino de la región. Un evento altamente
exitoso, de excelente nivel académico, con el aval de ISN y de la SLANH, siendo considerado uno de los congresos más importantes de la región realizados este año y en esta modalidad virtual.

En fin. muy seguramente se me escaparán eventos pero la idea es dejar como conclusión el importante papel de la nefrología colombiana en el ámbito regional.

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CÓMO ESTÁ REPRESENTADA LA NEFROLOGÍA COLOMBIANA EN LATINOAMÉRICA

Por otro lado, vemos como nefrólogos colombianos hacen parte de manera muy activa en varios comités académicos de la SLANH. El doctor César Restrepo, actual presidente ASOCOLNEF, en el comité de nefrología intervencionista, el doctor Camilo González, en el comité de guías clínicas y la doctora Adriana Robayo, en el comité de salud renal, entre otros.

En la junta directiva de la SLANH, en los últimos años, los doctores Rafael Gómez y Jaime Torres, ambos expresidentes de ASOCOLNEF, ocuparon el cargo de vicepresidentes de la región 3. Actualmente, tengo el honor y privilegio de ser el consejero para la región 3 de la SLANH.

Recientemente por iniciativa del comité de nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología, se presentó el proyecto de la creación del comité de nefrodiabetes de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Este proyecto fue aprobado; es decir, este comité latinoamericano es una realidad. Tengo el privilegio de ser uno de sus coordinadores, en representación de Colombia, al lado del doctor Ricardo Correa-Rotter, nefrólogo mexicano, expresidente de la SLANH.

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME DE JUNTA DIRECTIVA DE ASOCOLNEF

Quiero hacer una mención especial a la recién saliente junta directiva de ASOCOLNEF, en cabeza del doctor Gustavo Aroca, nefrólogo, profesor, académico e investigador, quienes hicieron una gran labor, sobre todo en esta época de pandemia, en donde se logró consolidar a la nefrología colombiana como un referente en Latinoamérica.

Para resaltar varios aspectos: ASOCOLNEF es una de las sociedades científicas más importantes del país, con alrededor de 340 socios y con una importante presencia en la región. Se fortaleció la gestión académica con la consolidación de los comités en diferentes tópicos de la nefrología, con proyección internacional y creación de guías, consensos, recomendaciones y una muy buena productividad académica. Además de lo anterior, se creó el centro de gestión del conocimiento.

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Vale la pena, también exaltar, la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología e HTA. Hoy en día nuestra revista, es una de las más importantes en la región. Cuenta con la participación de muchos colegas no solo de Latinoamérica sino de otros continentes.

La Asociación Colombiana de Nefrología, con el liderazgo del doctor Jorge Coronado, tiene grupo propio de investigación para Colciencias, con varias líneas en diferentes tópicos de la nefrología. Estamos participando en proyectos y trabajos de investigación, locales y multicéntricos, varios de estos, con otros grupos de otros países de América Latina y el Caribe.

CONCLUSIÓN

Por último, como suelo terminar estas columnas, he tratado de plasmar en estas líneas de manera resumida el papel de la nefrología colombiana en la región. Estoy seguro, y lo puedo afirmar con orgullo, que nuestra especialidad es importante y valiosa a nivel nacional e internacional, especialmente dentro de Latinoamérica y por eso recalco que debemos ser protagonistas del desarrollo y no cómplices del subdesarrollo. Debemos continuar este viaje, navegando por el mar del saber y seguir afianzándonos en América Latina.

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Opinión

EL AÑO 2020… UNA VORÁGINE DE SENTIMIENTOS PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Este es el artículo de la Dra. Adriana Torres Vega Médica General – Abogada, presentado a nombre de SOCOMEG sobre el talento humano en salud. Hace parte de la revista Formarsalud edición diciembre 2020

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voragine talento humano en salud en colombia

Se conoce como vorágine a un remolino de gran intensidad que se produce en grandes masas de agua, provocando una gran confusión y caos. Así ha sido el 2020 para el mundo entero, principalmente para sus protagonistas: los trabajadores de la salud, quienes han tenido que cargar bajos sus hombros el peso de una pandemia que simplemente nadie vio venir, pero que ha afectado de múltiples formas a la humanidad.

Gracias a estos acontecimientos, se ha reconocido el papel fundamental que cumplen los profesionales de la salud en la sociedad, desenmascarando la condición precaria y olvidada en la que se tiene a este grupo poblacional; ha salido a la luz como las empresas prestadoras de la salud y sus instituciones prestadoras de salud, adscritas en gran medida, explotan al recurso humano, teniendo un alto porcentaje de condiciones no adecuadas de vinculación “laboral”.

Los contratos por prestación de servicios han permeado la vinculación del recurso humano, con lo cual las entidades se desentienden de las merecidas prestaciones laborales que acarrea su vinculación, como debería ser, por un contrato legal de trabajo. Es lamentable para la SOCOMEG recibir múltiples comunicados de sus asociados en calidad de médicos en servicio social obligatorio y médicos generales en ejercicio, quejarse insistentemente de este modo de contratación, la sobrecarga laboral, la escasez de insumos para prestar el servicio de una forma ética, profesional y oportuna como lo dicta la ley.

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El talento humano en salud necesita condiciones de trabajo equitativas

Los médicos generales se ven enfrentados a un medio laboral lascivo, que exige permanentemente de ellos, al parecer sin límites, y sin una contraprestación equitativa. Es ampliamente conocido como este año, en medio del contexto de esta pandemia, muchos profesionales no han contado con los elementos de protección personal adecuados y oportunos, teniendo en casos extremos que interponer tutelas a ARL e IPS para la consecución de los mismos. Muchos respaldándose en el hecho de vincular los profesionales por OPS, razón por la cual aseveraban no estar obligados a entregar estos importantes elementos para el ejercicio médico y de todos los profesionales de la salud.

Hemos tenido que despedir, con profunda tristeza, a muchos profesionales de la salud a todo nivel: enfermeros, jefes de enfermería, médicos y especialistas; duele ver cómo han partido prematuramente, dejando un gran vacío no solo en sus familias sino también en la sociedad que, aunque en muchos casos es indiferente, reconoce la gran pérdida que significa que fallezca un profesional de esta área.

Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció en el caso de una tutela interpuesta por una auxiliar de enfermería, quien fue retirada de su puesto de trabajo en una empresa social del estado, y donde estaba vinculada en calidad de contratista. El documento exalta como los auxiliares de enfermería son el 70% de los trabajadores de la salud, cuya labor es invaluable y no puede ser suspendida injustificadamente ya que pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Exalta, también, que su labor no puede ser contratada bajo esta figura toda vez que se precisa de cumplir la labor con un horario, bajo subordinación y percibiendo un salario, por lo cual se trata de un contrato de trabajo disfrazado, vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna.

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Pues este no es solo el caso de estos valiosos profesionales. Lo es de la misma forma el caso de los terapeutas, jefes de enfermería, médicos generales y especialistas, a quienes se les vulneran sus derechos en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el privado.

Nos queda una pregunta en mente… maravilloso concepto el de la Corte Constitucional, pero ¿por qué medio se va a obligar a las instituciones a vincular al talento humano en salud por medio de contrato de trabajo?, ¿cuándo se va a pronunciar el Ministerio de Salud al respecto?, ¿cuándo se va a legislar en el Congreso un proyecto de ley que proteja los derechos laborales del recurso humano de la salud? o todo esto continuarán como los sueños rotos de unos niños que solo quieren salvar vidas, a costa de la suya propia y la de sus familias.

Urge darle a cada quien lo que le corresponde, como un gesto inédito de justicia. Es un derecho más que merecido conceder a los profesionales una vinculación justa, sin contar con otras garantías en el ámbito académico y social, una verdadera deuda de la sociedad colombiana que permanece con aquellos que salvan vidas.

Proponemos que, como requisito de habilitación institucional, se incluya la vinculación por contratos de trabajo al talento humano en salud como única forma; para que esto sea una realidad, se requiere que a la resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, del Ministerio de Salud, se le adicione este requerimiento.

Mientras tanto, cada mañana y cada noche, miles de profesionales van a dejar en sus hogares a sus hijos, parejas y a sus padres, para ir a trabajar en la institución de salud que probablemente le debe su
sueldo, donde tienen una sobrecarga laboral, en muchos casos con elementos de protección personal inadecuados, con equipos de trabajo incompletos, ya que sus colegas están aislados o incapacitados a causa de la pandemia, con la zozobra de no saber si se es el próximo en enfermar o en el peor de los casos en fallecer.

Estas líneas buscan que cada actor vinculado a la proyección y desarrollo de políticas públicas de salud en nuestro país, involucrado en garantizar el goce del derecho fundamental a la vida, la salud, la dignidad humana, se concientice de fortalecer el talento humano en salud, que es la piedra angular del sistema, y que es quien puede traducir estos esfuerzos en una mejor prestación del servicio de salud.

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Editorial – Me parece

COLUMNISTAS

dr Andrés Felipe Cardona - Oncólogo Clínicodr Andrés Felipe Cardona – Oncólogo Clínico

Andrés Felipe Cardona Zorrilla (1)

Oncólogo Clínico – Clínica del Country, Bogotá
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Carlos Felipe Muñoz (122)

CEO & Fundador CONSULTORSALUD
Carolina CorchoCarolina Corcho

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Vicepresidente Federación Médica Colombiana
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Gerente Viva1A
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Claudia Patricia Vaca González (2)

Msc farmacoepidemiología, Msc efectividad clínica y sanitaria
Claudia Sterling Posada - Vicepresidente Legal y de Asuntos Jurídicos de Cruz VerdeClaudia Sterling

Claudia Sterling (3)

Vicepresidente Legal y de Asuntos Jurídicos de Cruz Verde
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Denis Honorio Silva (1)

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Elisa Carolina TorrenegraElisa Carolina Torrenegra

Elisa Carolina Torrenegra (1)

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Héctor CastroHéctor Castro

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Jaime González MontañoJaime González Montaño

Jaime González Montaño (1)

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Javier Orlando Pacheco G. (1)

Médico Internista; Hemato Oncólogo. Miembro de la ACHO
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Jorge Esteban Agudelo Gómez (1)

Abogado y asesor jurídico dentro del sector salud
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Jorge Rico (10)

Nefrólogo- miembro de la Academia de Medicina de Medellín
José Elías Cabrejo ParedesJosé Elías Cabrejo Paredes

José Elías Cabrejo Paredes (1)

Director Técnico Senior de Economía Farmacéutica y Financiamiento
Jose

José Octaviano Barrera (2)

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Luis Eduardo Pino Villareal Medico Internista, Hematólogo y Oncólogo ClínicoLuis Eduardo Pino Villareal

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Médico especialista en Medicina Interna y en Hematología y Oncología Clínica
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Miguel Ángel González_ presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM) (1)

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William Javier Vega VargasWilliam Javier Vega Vargas

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