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Los 17 tipos de afiliados al régimen subsidiado – cambió el SAT – Decreto 2058 de 2018

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CONSULTORSALUD te da a conocer los diecisiete (17) tipos de personas que en Colombia a partir del 1 de noviembre con el Decreto 2058 de 2018, tienen derecho a pertenecer al aseguramiento del régimen subsidiado de salud, que ajusta el sistema de afiliación transaccional SAT.

La Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos laborales y Pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social determinó que dado el avance del proceso de implementación del Sistema de Afiliación Transaccional se hace necesario incorporar de manera explícita el Sistema General de Riesgos Laborales con el fin de permitir su interoperación con los sistemas de información, entre otros, los relacionados con la protección social.

Dado que tanto los inimputables en cumplimiento de medida de seguridad y las personas con discapacidad en centros de protección se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y vulnerabilidad, es preciso continuar garantizando su aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y teniendo en cuenta lo establecido en el literal a) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007.

Modificación del Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

El Sistema de Afiliación Transaccional permitirá a los prestadores consultar la información de los afiliados. Este Sistema podrá interoperar con los sistemas de información y procesos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y con otros relacionados con la protección social.

El Sistema de Afiliación Transaccional permitirá la consulta de la información referente al estado de pagos de las cotizaciones, en especial, la de los empleadores respecto de sus trabajadores como cotizantes dependientes.

Este Sistema podrá interoperar con la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA y para su consulta también podrán acceder las entidades públicas y privadas responsables del recaudo y de la vigilancia y control del pago de los· aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema General de Riesgos Laborales. Así mismo, esta información sobre las personas que se encuentran en mora deberá estar disponible para efectos del reporte de que trata el artículo 5 de la Ley 828 de 2003, así como, de la verificación de la información en el registro único de proponentes de que trata la mencionada ley.

Soportes documentales en el Sistema de Afiliación Transaccional.

La identificación y datos básicos de los afiliados serán validados contra la información de referencia disponible. Si la información es coincidente no será necesario allegar documentación soporte. Si no es coincidente o no existe en la información de referencia, el Sistema dispondrá de los medios para la recepción, clasificación y recuperación de soportes digitales en aquellos casos en los que sea necesario aportar documentos o datos adicionales para acreditar la identificación, condición de beneficiarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y los demás que se requieran.

Identificación de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema General de Riesgos Laborales.

Los datos básicos de identificación de los afiliados que se ingresen al Sistema de Afiliación Transaccional deberán coincidir con la información de referencia. El Sistema contará con las validaciones correspondientes con el fin de no permitir el ingreso de identificaciones inexistentes o datos básicos errados. Estos datos solo pueden ser modificados con el soporte de acto administrativo o el acto proferido por la autoridad competente, En el Sistema de Afiliación Transaccional por cada afiliado existirá un único registro, con independencia de los documentos de identidad con los cuales se le asocie. El Sistema dispondrá los, instrumentos que permitan la correlación entre los diferentes documentos expedidos para una persona por la entidad competente.

Afiliados al Régimen Subsidiado.

Son afiliados al Régimen Subsidiado las personas que sin tener las calidades para ser afiliados en el Régimen Contributivo o en el Régimen Especial o de Excepción, cumplan las siguientes condiciones:

1, Personas identificadas en los niveles I y II del Sisbén o en el instrumento que modifique, de acuerdo con los puntos de corte que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Personas identificadas en el nivel III del Sisbén o en el instrumento que lo modifique, y que a la vigencia de la Ley 1122 de 2007, se encontraban afiliados al Régimen Subsidiado.

3. Personas que dejen de ser madres comunitarias o madres sustitutas y sean beneficiarias del subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, en los términos de los artículos 164 de la Ley 1450 de 2011 y 111 de la Ley 1769 de 2015. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar elaborará el listado censal.

4. Población infantil a cargo del lCBF y aquella perteneciente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El listado, censal de beneficiarios será elaborado por dicho Instituto.

5. Menores de edad desvinculados del conflicto armado. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud de los menores de edad desvinculados del conflicto armado bajo la protección deI ICBF, será elaborado por ese Instituto.

6. Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF. El listado censal de beneficiarios de esta población será elaborado por las alcaldías municipales o distritales.

7. Comunidades indígenas. La identificación y elaboración de los listados censales de la población indígena para la asignación de subsidios se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 691 de 2001 y las normas que la modifiquen. No obstante, cuando las autoridades tradicionales y legítimas lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta Sisbén, sin que ello limite su derecho al acceso a los servicios en salud. Cuando la población beneficiaria identificada a través del listado censal no coincida con la población indígena certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la autoridad municipal lo verificará y validará de manera conjunta con la autoridad tradicional para efectos del registro individual en la base de datos de beneficiarios y afiliados del Régimen Subsidiado de Salud.

8. Población desmovilizada. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud de las personas desmovilizadas y su núcleo familiar deberá ser elaborado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización o quien haga sus veces. Cuando el desmovilizado cabeza de familia fallezca, se mantendrá la afiliación de su núcleo familiar.

9. Adultos mayores en centros de protección. Los adultos mayores de escasos recursos y en condición de abandono que se encuentren en centros de protección. El listado de beneficiarios será elaborado por las alcaldías municipales o distritales.

10. Población Rom. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud de la población Rom se realizará mediante un listado censal elaborado por la autoridad legítimamente constituida (SheroRom o portavoz de cada Kumpania) y reconocida ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior. El listado deberá ser registrado y verificado por la alcaldía del municipio o distrito en donde se encuentren la Kumpania. No obstante, cuando las autoridades legítimas del pueblo Rom lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta Sisbén

11, Personas incluidas en el Programa de Protección a Testigos. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud de la población incluida en el Programa de Protección de Testigos será elaborado por la Fiscalía General de la Nación.

12, Victimas del conflicto armado de conformidad con lo señalado en la Ley 1448 de 2011 y que se encuentren en el Registro Único de Víctimas elaborado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

13. Población privada de la libertad a cargo de las entidades territoriales del orden departamental, distrital o municipal que no cumpla las condiciones para cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud e inimputables por trastorno mental en cumplimento de medida de seguridad. El listado censal de esta población será elaborado por las gobernaciones o las alcaldías distritales o municipales, según sea el caso.

14. Población migrante colombiana repatriada o que ha retornado voluntariamente al país o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela y su núcleo familiar, El listado censal de esta población será elaborado por las alcaldías municipales o distritales.

15. Población habitante de calle. El listado censal de esta población será elaborado por las alcaldías municipales o distritales.

16. Los voluntarios acreditados y activos de la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana y cuerpo de bomberos, así como su núcleo familiar, salvo que sean cotizan tes o beneficiarios del Régimen Contributivo. El listado censal de esta población será elaborado por la entidad a la cual pertenezca el voluntario, que será la responsable de la información suministrada y de su acreditación como activo.

17. Personas con discapacidad en centros de protección. Los adultos entre 18 y 60 años, en condición de discapacidad, de escasos recursos y en condición de abandono que se encuentren en centros de protección. El listado censal de esta población será elaborado por las gobernaciones o las alcaldías distritales o municipales.

Que hacer con alguien que rehúsa afiliarse al régimen subsidiado

En el evento de que la persona cumpla los requisitos para pertenecer al Régimen Subsidiado y rehúse afiliarse, la entidad territorial procederá a inscribirla de oficio en una EPS de las que operan en el municipio dentro de los cinco (5) primeros días del mes y le comunicará dicha inscripción. Sin embargo, la persona podrá en ejercicio del derecho a la libre escogencia trasladarse a la EPS de su elección dentro de los dos (2) meses siguientes, sin sujeción al período mínimo de permanencia.

Vigencia y derogatorias del decreto 2058 de 2018

El decreto 2058 de 2018 rige a partir de su publicación el 1 de noviembre de 2018, y modifica el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 y el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Descargue a continuación el Decreto 2058 de 2018

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IPS que pueden acceder al giro previo por accidentes sin SOAT

La ADRES dio a conocer las IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT.

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Giro previo accidentes sin SOAT

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) dio a conocer las IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT.

Cuando ocurre un accidente con un carro ‘fantasma’, es decir que no fue identificado, o de un vehículo sin SOAT, el Estado, a través de la ADRES, cubre los gastos médicos de los afectados hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes y las indemnizaciones por muerte y gastos funerarios por 750 salarios.

Asimismo, los familiares que demuestren el parentesco con las víctimas, así como los hospitales, clínicas o centros médicos que brindaron sus servicios de salud en estos siniestros, tienen hasta tres años para presentar sus reclamaciones ante la ADRES.

Teniendo en cuenta esto, la ADRES publicó esta semana el mecanismo, el formato y la lista de IPS que pueden acceder al mecanismo para el pago de reclamaciones por estos casos.

En ese sentido, la ADRES precisó que pueden hacer la reclamación, las entidades que se encuentren incluidas en la lista de IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo. En esta lista, que podrá encontrar adjunta al final de este documento, se incluyeron poco más de 400 Instituciones Prestadoras de Salud de todo el país.

El Formato

Además, las IPS que estén en la mencionada lista y busquen el giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT, deben allegar el formato adoptado para tal efecto por la ADRES.

El formado adoptado por la ADRES, que también encontrará adjunto al final de este artículo, deberá remitirse inicialmente al correo institucional [email protected]. El asunto de este correo debe decir: Solicitud Giro Previo – Nombre de la IPS reclamante – NIT de la IPS.

Sin perjuicio de lo anterior, las IPS deben radicar el formato original en medio físico en la Av. el Dorado C1 26 N° 69-76 Piso 17 Torre 1 de Bogotá, en los cinco días siguientes a la finalización del periodo de radicación.

La Metodología

Cabe recordar que en abril pasado el Ministerio de Salud estableció, mediante la resolución 849 de 2019, los criterios y la metodología con los cuales la ADRES podrá realizar los giros previos a la auditoría integral de las reclamaciones que le sean presentadas.

Para estimar el valor de giro, se efectuarán los cálculos conforme con lo establecido en el Anexo Técnico ‘Metodología para la validación de requisitos y cálculo del valor para giro previo’, que está incluido en la Resolución 849 de 2019, que también está anexa al final de este artículo.

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a corte de 2018, en Colombia hay 14 millones de vehículos registrados y de ellos 6,2 millones no tienen el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), con lo cual el riesgo de que un carro genere un accidente y no tenga cómo responder se eleva exponencialmente.

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Corte Suprema precisó los términos para cambio de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL1452 de 2019, estipuló algunos de los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de cambiarse de régimen pensional desde Colpensiones hacia un fondo privado.

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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL1452 de 2019, estipuló algunos de los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de cambiarse de régimen pensional desde Colpensiones hacia un fondo privado.

Una de las principales conclusiones del fallo fue que cualquier persona que desee cambiar de fondo de pensiones tiene “derecho a recibir información oportuna y completa de cada régimen”, del fondo privado y estatal con el fin de facilitar la toma de decisiones. 

El caso en específico

La Sala Laboral de la Corte analizó el caso de Gloria Inés Restrepo Pérez, de 65 años, quien, en el 2008 con 55 años, inició los trámites para poder pensionarse con Colpensiones, pero la entidad respondió negativamente.

Restrepo Pérez inició sus cotizaciones en 1971 con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy llamado Colpensiones, pero en julio de 1995, con 42 años, pasó a cotizar con un fondo privado, Porvenir. Para 1997 Gloria volvió a cotizar con el Estado y en 2008, habiendo cumplido la edad de pensión, se encontró con la sorpresa de que aún no se podría pensionar.

La negativa se dio basándose en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual estipula que las mujeres con más de 35 años para 1994, como es el caso de Gloria Restrepo, tendrían como edad de pensión la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Para los afiliados al régimen solidario de prima media, como es el caso de Colpensiones, esa edad seguiría siendo de 55 años, sin embargo, cuando Restrepo se pasó a Porvenir, el fondo privado, perdió ese beneficio y su edad de pensión pasó a ser de 57 años.

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Ante la situación, Gloria Restrepo inició un proceso legal para revertir la situación, sin embargo, en primera instancia el Juez Noveno Laboral de Medellín, y en segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, le dieron la razón a Porvenir y Colpensiones.

Debido a esto, Restrepo interpuso el recurso de casación para llevar el caso ante la Corte Suprema, quien podría revocar las instancias anteriores.

¿Qué dijeron Colpensiones y Porvenir?

En su defensa, Colpensiones aseguró que el pedido de nulidad del traslado de régimen no tenía fundamento, Gloria Restrepo argumentó una falta de asesoría e información, argumentando que “se trata de un error de derecho que no vicia el consentimiento”.

Por su parte, Porvenir señala que no es “razonable” el argumento de la demandante para pedir la nulidad, puesto que “si consideraba que su afiliación al régimen de ahorro individual fue perjudicial, no tiene sentido que permaneciera en el mismo entre 1995 y 2007, sin manifestar reparo alguno. Así, aduce que fue libre y voluntaria la decisión de trasladarse a Porvenir y luego retornar a ISS”.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Si bien la sentencia de la Corte aún no da un veredicto definitivo en el caso de Gloria Inés Restrepo, pues solicitó el historial de semanas cotizadas de la demandante para decidir, en el desarrollo del documento sí deja varios precedentes para el momento que una persona se cambie de régimen pensional.

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Estos precedentes serían de vital importancia en las 15 mil demandas que hay en el país por situaciones similares a la de Gloria Restrepo.

Deber de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones

La sentencia SL1452 de 2019 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), desde su creación, “tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las diferentes opciones disponibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses”.

En ese sentido, la Corte señala a las Administradoras de Fondos de Pensiones que no se trata de una carrera por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios sin importar las repercusiones.

Deber de asesoría y buen consejo

Por otra parte, la Corte indica que el nivel de exigencia para las AFP ha aumentado, pues ya no basta con dar a conocer las opciones del mercado, sino que implicar dar “asesoría y buen consejo”.

Esto implica que las AFP deben tener en cuenta el estudio de los antecedentes del afiliado (edad, semanas cotizadas, núcleo familiar), sus datos relevante y expectativas pensionales, para que el afiliado puede hacerse a un concepto, que además debe ir acompañado “la opinión que sobre el asunto tenga el representante de la administradora”.

El deber de doble asesoría

La Corte Suprema de Justicia es clara al decir que, “hoy en día los usuarios del sistema pensional tienen el derecho a obtener información de asesores y promotores de ambos regímenes, lo cual se ha denominado la doble asesoría”.

La doble asesoría, explica la Corte, permite al afiliado formar un juicio imparcial sobre las características, fortalezas y debilidades de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las condiciones y efectos jurídicos del traslado.

En conclusión, de los anteriores apartados, la Sala Laboral de la Corte precisa que las AFP pasaron de tener un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, al de doble asesoría.

Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido el deber de información por parte de las AFP.

El consentimiento en un formulario no es suficiente

La Corte explica que en el cambio de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado, entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen.

Es decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, la Corte señala que en la segunda instancia del proceso de Gloria Restrepo, el Tribunal de Medellín cometió un error jurídico al dar por satisfecho el deber de información con el simple diligenciamiento del formulario de afiliación, sin averiguar si en verdad el consentimiento allí expresado fue informado.

AFP deben demostrar que brindaron información adecuada

La Corte señala que la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen es el que tiene la virtud de generar en el juez la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.

Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quien le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente.

En consecuencia, si se argumenta que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.

Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en la posición de hacerlo.

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Secretarías de Salud son competentes para registro de libro de actas de las ESE

Un concepto jurídico emitido por el Ministerio de Salud, tras una consulta del Instituto Nacional de Cancerología, aclara que las secretarías de salud, municipales, departamentales y distritales, son competentes para adelantar labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sobre las Empresas Sociales del Estado (ESE).

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junta directiva de una Empresa Social del Estado

Un concepto jurídico emitido por el Ministerio de Salud, tras una consulta del Instituto Nacional de Cancerología, aclara que las secretarías de salud, municipales, departamentales y distritales, son competentes para adelantar labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sobre las Empresas Sociales del Estado (ESE).

El concepto se emitió después de que la directora del Instituto Nacional de Cancerología (INC), Empresa Social del Estado del orden nacional, consultara acerca del registro del libro de actas de su junta directiva.

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¿Qué ocurrió?

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en visita realizada en mayo de 2017, requirió el registro del citado libro ante la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que el INC hizo directamente el trámite ante la Supersalud, quien respondió de manera negativa argumentando la falta de competencia de la Secretaría Distrital de Bogotá para adelantar este procedimiento.

Asimismo, el INC precisó que para diciembre de 2018 la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, observó una vez más al Instituto Nacional de Cancerología, por no contar con el libro de actas debidamente registrado, razón por la que la directora del Instituto preguntó al Ministerio: “¿Cuál es la entidad competente para realizar el registro de los libros de actas de la junta directiva de la ESE Instituto Nacional de Cancerología?”.

Sobre esta consulta, el Ministerio determinó, basándose en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 715 de 2001, que departamentos, municipios y distritos tienen asignadas funciones de inspección, vigilancia y control en componentes como son la prestación de servicios y la salud pública, actividades que se ejercen, entre otros, sobre los prestadores de servicios de salud.

“Nótese que la normativa reseñada nos lleva a concluir, que el IVC sobre los prestadores de servicios de salud no es exclusivo de la Superintendencia Nacional de Salud, pues en ello también concurren los entes territoriales a través de sus secretarías de salud o la entidad que haga sus veces”, aclara y argumenta el concepto del Minsalud.

Sobre el caso particular del INC, Minsalud señala que las secretarías de Salud ejercen su competencia de IVC de forma directa sobre el prestador y en el área geográfica en la cual este se encuentre y opere, tal y como lo ha efectuado la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en la visita que realizó al INC y en la que, solicitó el registro del libro de actas de su junta directiva

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Casos en otros departamentos

Por último, el Ministerio resaltó que en el departamento de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, efectúa el registro del libro de actas de las juntas directivas de las ESE de dicho ente territorial, tal y como se evidencia en el ‘Manual de Inducción para los Representantes de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado’ del 2001.

También se evidencia ese caso en el departamento del Valle del Cauca, donde la Secretaría Departamental de Salud en su instructivo del 2012, denominado ‘Preguntas Más Frecuentes Sobre las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado’, contempla este trámite para las ESE.

Por tal razón, el Minsalud concluye que la entidad competente para realizar el registro del libro de actas de la junta directiva de la ESE Instituto Nacional de Cancerología, es la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

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