De acuerdo con un estudio de la firma Numeris para ACEMI, gremio que reúne a las EPS del sector privado, se detectó una grave insuficiencia en los recursos y en particular de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). De hecho, de acuerdo con el análisis, por cada $100 que recibieron las EPS en 2022 se debió pagar $102 en costos asociados a la prestación de servicios de salud.
La gravedad de la problemática radica, entre otras cosas, en el cálculo de la UPC; pues se evidenciaron graves problemas en la metología, lo que generado una subestimación notable en los costos. Según los expertos, este fenómeno se presenta por la desactualización de los datos usados, pues corresponden a información de dos años atrás. Es decir, no corresponden con la realidad nacional.
“Variables como la inflación, el número de personas compensadas en el sistema, la estimación de otros ingresos (copagos, cuotas moderadoras, alto costo) han sido sobreestimadas lo que deja un hueco financiero”. Adicionalmente, el cálculo de la UPC no incluye las innovaciones tecnológicas (como nuevos tratamientos y medicinas), ni el encarecimiento de los servicios de salud.
Para ACEMI, el problema de la sostenibilidad financiera también obedece a que, “los ingresos se suponen mayores a los que efectivamente se reciben, pueslas cifras usadas en materia de inflación, número de personas, copago y cuotas moderadoras y atención de pacientes de alto costo se sobreestiman”.
De hecho, en la presentación del estudio, se indicó que el déficit por UPC de los últimos 12 años asciende a $15.8 billones, de cumplirse con la disposición que señala un 10 % de la UPC para gastos de administración. Y, solo en 2 de los 12 años revisados, se acercó la proyección a la realidad en cuanto a que las EPS tuvieran un 10 % de la UPC para gastos administrativos.
Además de lo anterior, en el estudio se identificó que desde 2015, han tenido un gasto administrativo del 8%, por debajo del 10%, porcentaje establecido por la normatividad vigente. “En los 2 últimos años, la situación se ha visto agravada por los mayores costos en la prestación de servicios de salud asociados a mayores frecuencias de uso de los afiliados, traslados de poblaciones de EPS liquidadas, incremento de consultas como consecuencia de la pandemia (long-covid), incertidumbre generada por las reformas a la salud y mayor dispensación de medicamentos”.
No menos preocupante es la siniestralidad. Este indicador supera el 100%, el gasto administrativo es
cubierto con el patrimonio de las EPS. Es decir, los ingresos no logran cubrir los costos de la atención en salud, los cuales se pagan con patrimonio de las EPS.
Adición presupuestal, la propuesta de las EPS para superar el déficit
Tras conocerse los resultados del estudio y en el marco del debate de adición presupuestal, ACEMI remitió una carta al Congreso de la República para considerar el incremento de los recursos del sector salud y superar la desfinanciación actual.
En su comunicación, ACEMI solicitó $10,45 billones en recursos adicionales para garantizar el cierre financiero del sistema este año: $3,1 billones para gastos en salud; $3,4 billones para cubrir deudas atrasadas y $3,9 billones para presupuestos máximos, es decir, para tecnologías y tratamientos novedosos que no están en el Plan de Beneficios.
De acuerdo con el gremio, mensualmente se ejecutan cerca de $250 mil millones, lo que supone que en julio se agote el recurso disponible, que para 2023 fue de $1,7 billones. “La totalidad de recursos del aseguramiento está financiando el costo de servicios sanitarios sin que queden recursos para la gestión administrativa, que debe ser asumida con cargo al patrimonio de las EPS”, dice la carta.
Para Paula Acosta, presidente ejecutiva de ACEMI, el proyecto de adición presupuestal “puede ser la salida a la difícilsituación financiera delsectorsalud, que arrastra un déficit dados efectos prolongados del covid (long covid), cerca de 10 millones de afiliados a nuestras EPS por liquidaciones y traslados, actualización del plan de beneficios de 2022 y el incremento en frecuencias de uso causado en parte por la incertidumbre generada por la reforma a la salud, que se estima en un 20%”.
