Desde el 1 agosto, los hospitales públicos de Antioquia, representados por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa), han decidido no atender a los docentes debido a la falta de pagos desde mayo. Esta medida drástica se toma después de múltiples intentos fallidos para cobrar los servicios prestados a los maestros del departamento, que se han visto afectados por un cambio en el modelo de salud implementado por el Gobierno nacional.
El conflicto surge con la implementación del nuevo sistema de salud del magisterio, que inició el primero de mayo. Este cambio tenía como objetivo principal eliminar a los operadores intermediarios y transferir la responsabilidad a la Fiduprevisora, una fiducia pública. Sin embargo, la Fiduprevisora no tuvo la capacidad para manejar este desafío, pasando de hacer contratos con entre nueve y trece operadores, a tener que gestionar acuerdos con más de diez mil instituciones.
La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) fue la primera en anunciar la suspensión de servicios. En una carta dirigida a la gerente nacional de salud del Fomag, María Mercedes Petro, advirtieron sobre los problemas para cobrar los servicios prestados a los docentes desde el cambio de modelo.
La crisis no se limita a Antioquia. La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) ha anunciado que podría tomar medidas similares, afectando a todos los docentes del país. La situación ha generado descontento generalizado y múltiples quejas sobre el mal funcionamiento del nuevo sistema, llevando incluso a la renuncia del gerente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín.
Falta de pagos y auditoría cuestionada en los hospitales públicos de Antioquia
Uno de los problemas críticos es la falta de pago por los servicios prestados durante mayo, junio y julio. Los hospitales públicos de Antioquia han atendido a los docentes sin contratos formales, basándose en la circular 002 emitida por el Fomag el 13 de mayo, que autorizaba la prestación de servicios bajo la modalidad de “pago por evento”. Sin embargo, esta situación ha creado una incoherencia entre lo que dice el Fomag y la empresa auditora D&G, la cual se niega a pagar debido a la falta de contratos.
La contratación de D&G para auditar los servicios ha generado dudas y quejas. Representantes de Fecode en el Fomag han cuestionado la transparencia del proceso de selección de esta empresa auditora, cuyo contrato fue adjudicado por más de $72.000 millones.
La suspensión de servicios no urgentes afectará a más de 800.000 afiliados del magisterio. Entre los servicios que serían suspendidos se incluyen citas médicas generales, entrega de medicamentos, laboratorios, odontología, y otros servicios de promoción y prevención que no sean urgentes. Esto significa que los docentes solo podrán asistir a los centros de salud en caso de que su vida esté en riesgo.
La situación ha llevado a debates de control político en el Congreso de la República. Sin embargo, las soluciones propuestas hasta ahora no han sido suficientes para resolver la crisis. La circular 002 del Fomag, que autorizaba la prestación de servicios sin contratos, no ha logrado garantizar los pagos a los hospitales públicos.
