Hay apetito de inversionistas extranjeros por el sector salud colombiano: Presidente Coosalud - Entrevista
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Hay apetito de inversionistas extranjeros por el sector salud colombiano: Presidente Coosalud – Entrevista

En diálogo con CONSULTORSALUD, el presidente de Coosalud, Jaime González, habló de la llegada de la EPS al régimen contributivo, además de opinar de temas coyunturales del sector como es la llegada del Maite y la aplicación del PND.

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Hay apetito de inversionistas extranjeros por el sector salud colombiano: Presidente Coosalud - Entrevista

La EPS Coosalud, en cabeza de su presidente Jaime González, realizó la semana pasada la rendición de cuentas correspondiente al 2018, en el que destacó, entre varios aspectos, el crecimiento tanto en ingresos, como en el número de afiliados.

En primer lugar, destacó el incremento en el número de afiliados de la EPS, que ahora cuenta con 2.076.404, un incremento de 3,3% comparado con lo reportado a cierre de 2017. González resaltó que en la última época Coosalud viene creciendo alrededor de 100 mil afiliados por año.

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Al mirar los resultados financieros, también se evidencia un comportamiento positivo. Según el informe presentado, durante 2018 Coosalud tuvo ingresos por $1,7 billones, un incremento de 5,5% comparado con el registro del 2017.

En diálogo con CONSULTORSALUD, el presidente de Coosalud, Jaime González, habló de la llegada de la EPS al régimen contributivo, además de opinar de temas coyunturales del sector como es la llegada del Maite y la aplicación del PND.

CONSULTORSALUD: ¿Cómo avanza la posible llegada de inversionistas extranjeros a Coosalud? Se viene hablando de interesados desde hace algunos meses…

JAIME GONZÁLEZ: Hay apetito por el sector salud en Colombia, ya han llegado varios inversionistas. Llegó United, llegó Aúna, llegó Cruz Verde, también está llegando otro fondo, quizás el fondo latinoamericano más grande, que es Patriota, que además el dueño del 25% de ese fondo es Blackstone que es el fondo más grande del mundo.

Es decir sí está llegando inversión a Colombia, creémos que hay muchas empresas que pueden ser atractivas para ellos, nos estamos preparando para la llegada de uno de estos inversionistas, han habido conversaciones, pero sí hay apetito por la empresa del sector salud.

Llegada el Régimen Subsidiado

CS: En el primer trimestre de este año obtuvieron la autorización para también funcionar en el régimen contributivo, ¿por qué toman esa decisión teniendo en cuenta que en el subsidiado son los grandes referentes?

J.G: Creemos que debe haber un solo régimen, y un solo tipo de empresa que administre los dos regímenes. Hoy hay un régimen contributivo que se financia por cotizaciones privadas, y uno subsidiado que se financia con aportes públicos, pero en esencia tienen el mismo funcionamiento, una prima casi igual, plan de beneficios igual. La diferencia del subsidiado con el contributivo es que en el segundo se manejan  las prestaciones económicas por incapacidades, pero en esencia es el mismo modelo. Por eso creemos que en el país no debería haber una separación de EPS subsidiadas y EPS contributivas, sino un gran asegurador que tenga la capacidad de gestionar el riesgo para corregirla, porque al final la diferencia simplemente es en el pagador, pero todos tienen los mismos beneficios que deberían homologarse.

Creemos que eso va a ser una tendencia, y uno no puede quedarse por fuera de las tendencias, hay que meterse en la zona para poder alcanzar los objetivos y anticiparse a los otros, que es la estrategia para crecer.

CS: Inicialmente tienen autorización de atender a 45 mil personas en el régimen contributivo, ¿cuáles son las proyecciones en este régimen y cómo se adaptará la red de prestadores de servicios de salud de Coosalud con más personas en el aseguramiento?

J.G: Nosotros como subsidiado tenemos una ventaja, y es que tenemos a las seis empresas o seis clínicas que tienen Acreditación ‘Joint Commission International’, contratan con nosotros para atención del subsidiado, lo cual es un gran avance. Nuestra empresa tiene confianza con el sector prestador, tiene confianza con el Gobierno, tiene confianza con los bancos y eso nos permite transitar fácilmente del subsidiado al contributivo. La red que hay en el país, la red de alta complejidad, es única, es muy buena, está entre las mejores de Latinoamérica, y digamos que la gran mayoría de esa red, mantiene un vínculo comercial con Coosalud. Esa red la tenemos a disposición de estos afiliados al contributivo.

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Estamos organizando la red de atención primaria, porque en el contributivo solicitamos estar en las ciudades capitales, grandes e intermedias, y el subsidiado, cuando estamos en ciudades grandes e intermedias, también tenemos  gran presencia en municipios pequeños. Ahí tenemos hoy la oferta pública, pero en algunas ciudades capitales los afiliados al contributivo, hay que tener otro tipo de oferta, especialmente en atención primaria y en eso estamos trabajando.

Maite y Mias

CS: ¿Cómo ve la llegada del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) el cual remplazará la Política de Atención Integral en Salud (MIAS)? ¿Ven diferencias sustanciales o es lo mismo con otro nombre?

J.G: Creemos que es un complemento, de pronto el MIAS se estaba viendo desde la perspectiva del asegurador, y MAITE tiene una visión más amplia, ya es la visión de la responsabilidad del asegurador y prestador, pero también del ente territorial.  Digamos que quizás el ente territorial no estaba tan visible en el MIAS, y en el MAITE se le da una mayor visibilidad y responsabilidad, lo cual creemos que es fundamental para cumplir con la agenda de salud pública. Nosotros nos encargamos del cuidado de la salud, pero si no se intervienen los determinantes sociales, si no se intervienen todos aquellos  factores que ponen en peligro la vida del paciente, estos modelos serían esfuerzos estériles. A modo de conclusión, creemos que esa perspectiva territorial del MAITE le daría una mayor efectividad al sistema.

El Plan Nacional de Desarrollo

CS: En el sector salud se escuchan varias perpectivas del PND 2018 -2022, unos dicen que no hay los cambios estructurales que necesita el sistema, mientras otros consideran que da las bases y soluciona algunos problemas del sector, ¿usted cómo lo ve?

J.G: Hay visiones desde el punto de vista de salud, y quizás algunas propuestas de Gobierno no se tradujeron en una política en el PND, sin embargo, otras perspectivas consideran que el PND sí adiciona políticas nuevas, pero debe haber continuidad con la política que viene, eso hace que se tomen algunas propuestas que trae este Gobierno y se conecten con las políticas que ya vienen y haya impactos en las políticas. 

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Realmente de lo que he visto de la parte de salud del PND, que son 11 o 12 artículos, creemos que no toca, o toca muy por encima, el tema de salud pública, quizás debido porque esas son políticas que deben ser intersectoriales, por ejemplo el tema sanitario, de agua potable, de vías, transporte, debe vincularse el Ministerio de Vivienda, el de Ambiente. En fin, la falta de intersectorialidad la tiene que solucionar el Gobierno para unir todos los esfuerzos que están dispersos en el PND para sacar una política que propenda por una mejor salud pública.  Hay una propuesta muy interesante y es que se cree un Ministerio, o al menos  un viceministerio, para los determinantes sociales de salud, lo cual sería muy bueno porque esa entidad sería la mesa de concertación de todos los Ministerios que tienen un componente que tiene que ver con la salud pública.

Acuerdo de punto final

CS: ¿Qué decir sobre el acuerdo de punto final estipulado en el PND? 

J.G.: Es un acuerdo que pretende ser de punto final por varias cosas: Primero, porque cruza las cuentas y lo lleva a cosa juzgada, por decirlo de alguna manera, las aseguradoras y prestadores acordarían que no podrían hacer más  reclamaciones sobre el saldo que se consigne, entonces eso sería una ley de punto final. Lo que no estoy seguro es que sea el final del problema, el final del problema en el sentido que no sabemos si los recursos que están disponibles alcancen para poder solucionar el tamaño del problema.

Las EPS tenemos que recobrar 6 billones, y las IPS tienen por recobrar 15 billones, entonces ahí hay un déficit de 9 billones de pesos, adicionalmente el  Superintendente Nacional de Salud, hace dos semanas, dijo que el Gobierno va a hacer un esfuerzo por bajar la deuda que se tiene, pero las EPS y las IPS van a tener que hacer otro esfuerzo también para pagar esa deuda, porque la plata parece que no alcanza. Habría que buscar otra alternativa para ver como se cierra esa brecha, o por lo menos si no se va a pagar, cómo hacer para que quienes queden  lesionados con ese desface que existe no se vean tan afectados y no se ponga en riesgo la prestación del servicio de salud y la atención de mucha gente. En conclusión, sí es una ley de punto final, pero tenemos que mirar qué puntos está finalizando.

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Proyecto de ley 010: Más de 100 organizaciones piden archivarlo

Más de 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales radicaron ante el Congreso de la República una carta mediante la cual se pide que el proyecto de ley 010 de 2020 sea archivado.

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Proyecto de ley 010 Más de 100 organizaciones piden archivarlo

Más de 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales radicaron ante el Congreso de la República una carta mediante la cual se pide que el proyecto de ley 010 de 2020 sea archivado. La carta señala que el proyecto de ley es contrario al ejercicio del derecho fundamental a la salud.

“Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa; y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud, que se fundamenta en la intermediación financiera de las EPS y en la afiliación individual a un pretendido e inexistente sistema de aseguramiento, que obstaculiza las posibilidades de desarrollar un sistema basado en la atención primaria en salud”, señala la misiva.

Adicionalmente, se argumenta que este proyecto de ley es una burla para el personal de salud, que debido a la pandemia está atravesando un momento de crisis, ya que no establece nada nuevo ni beneficioso para el talento humano en salud además, dejando de lado los problemas de precarización laboral que viven estos profesionales.

Así mismo, los gremios y organizaciones destacan que el proyecto de ley 010 insiste en modelos privatizadores de salud que no han dado resultado en el país. “la red de hospitales públicos es la columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo, junto con la estrategia de atención primaria articulada en redes de prestación de servicio con niveles de atención de mayor complejidad” resalta la carta.

Otro llamado que hace el grupo de organizaciones es asumir el problema de las zonas dispersas ya que el modelo actual es un “fracaso”, dejando de lado a los cerca de 22 millones de colombianos que tienen problemas para acceder a instituciones prestadoras de servicios de salud.

“Pretender que la red de atención hospitalaria se mantenga por venta de servicios es realmente delirante y lo único que ha conllevado es a la desaparición de la red pública hospitalaria, dejando la población sin alternativas de atención en salud, lo cual ha sido evidenciado en esta pandemia”

Por otro lado, la carta sostiene que pese a la implementación del Acuerdo de Punto Final, a la fecha las EPS y entidades territoriales adeudan 9.6 billones de pesos a los hospitales públicos, según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -ACESI- lo que en su opinión debilita aún más la red de prestadores públicos.

¿Archivar el proyecto de ley 010 de 2020?

Por las razones anteriormente planteadas, entre otros argumentos los voceros gremiales sustentan que el proyecto de ley 010 de 202 no resuelve la crisis del sistema de salud, que según establecen es de carácter humanitario ético, financiero, de derechos humanos, de salud pública y de transparencia institucional.

Entre las organizaciones que piden el archivo de este proyecto de ley, se encuentra la facultad de medicina de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia , Fecode, ACESI, la Federación Médica Colombiana, el colectivo Dignidad Médica Colombia, ANEC, el Colegio Nacional de Bacteriología, la Asociación Colombiana de Fisioterapia, el Gremio Odontológico Colombiano, ASMEDAS, ACEM, ACOME, el Colegio Médico de Colombia, ANIR, entre otros.

La carta analiza detenidamente cada uno de los artículos del proyecto de ley que suponen un obstáculo en el ejercicio del derecho a la salud, y finaliza argumentado: “honorables Congresistas, es su deber constitucional servir al pueblo colombiano, que es su elector y detenta la soberanía que ustedes representan; también es su deber ajustar su accionar parlamentario a la Constitución Política, que es la carta rectora de las leyes que ustedes generan en esta corporación. Por esta razón, solicitamos muy respetuosamente se retire o archive este proyecto de ley, que es contrario a las aspiraciones de cambio, que develó la crisis sanitaria que enfrentamos, y es contraria al derecho fundamental a la vida y a la salud de los colombianos y colombianas

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Vía libre para que Colombia invierta en vacunas experimentales contra la covid-19

Recursos del FOME para la salud sí pueden financiar investigaciones para la vacuna contra la covid-19.

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Vía libre para que Colombia invierta en vacunas experimentales contra la covid-19

El Consejo de Estado, a través de la sala de consulta y servicio civil, dio vía libre para invertir dineros públicos en vacunas en experimentación contra la Covid-19, la decisión se dio luego que el Ministerio de Salud hiciera un llamado de urgencia a esta sala con el fin de solicitar el uso de los recursos públicos asignados a la salud.

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La solicitud hecha por el Ministerio tenía objeto la limitación establecida en el artículo 15 de la ley 1751 del 2015 (ley estatutaria) que restringe la posibilidad de que el Estado colombiano financie con los recursos públicos destinados a la salud investigaciones de moléculas en fase de experimentación. Asimismo, la normativa también impedía el anticipo solicitado por los laboratorios farmacéuticos para garantizar una distribución oportuna de la mencionada vacuna.

Vía a libre para invertir en vacunas experimentales

Ante esta solicitud por parte del Ministerio de Salud, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que las investigaciones con miras a la vacuna de la COVID-19, así como el anticipo solicitado por las farmacéuticas para garantizar las eventuales dosis, sí pueden ser financiados con los recursos para la salud que provengan del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que fue creado para agilizar los procesos de financiación generados por las diversas calamidades propias de la pandemia.

Asimismo, el Consejo de Estado manifestó “es inaplicable la prohibición prevista en la ley que regula el derecho fundamental a la salud y que impide que recursos previstos para brindar esta garantía puedan ser utilizados en la financiación de servicios y tecnologías que se encuentren en fase de investigación”.

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Además, agregaron, “los recursos ordinarios para la salud sí pueden ser empleados en las investigaciones y para pagar el anticipo exigido por las farmacéuticas, siempre y cuando los recursos del Fome terminen siendo insuficientes para tales fines. Ello se explica porque la gravedad de la pandemia así lo exige, lo cual se acoge a los presupuestos de inaplicabilidad de la restricción de uso de recursos de la salud para iniciativas que están en fase de investigación, que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-313 del 2014)”.

Finalmente, el alto tribunal concluyo diciendo que, si el Gobierno decide realizar una inversión como la aquí descrita, debe recurrir inicialmente al Fome.

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Aislamiento selectivo individual se mantiene en octubre

Gobierno anunció que el aislamiento selectivo se mantiene con las mismas reglas que hasta ahora se han llevado en septiembre para el mes de octubre.

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El Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, amplió hasta el mes de octubre la vigencia del Decreto 1168 que regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, cuya vigencia expiraba a las cero horas (00:00 a.m.) de este primero de octubre.

El anuncio lo hizo el Presidente Iván Duque en el especial de televisión ‘Prevención y Acción’, que se emite desde la Casa de Nariño.

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“Como estamos próximos a terminar el mes de septiembre quiero, también, dejar claro que el decreto que nosotros expedimos para el primer mes, desde que nosotros decretamos el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, se va a extender durante todo el mes de octubre”, afirmó el Jefe de Estado.

De acuerdo con el primer Mandatario, se mantiene las mismas reglas que hasta ahora se han  llevado durante el mes de septiembre en el mes de Octubre, estas incluyen la prevención de aglomeraciones.

El Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable traza pautas para que los colombianos puedan ir retomando su vida productiva, pero con observancia de las normas de autocuidado y el cumplimiento de los protocolos.

Según el decreto 1168, el Teletrabajo  durante la etapa del aislamiento selectivo  seguirá bajo los siguientes señalamientos “las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.

Asimismo, los viajes por carretera continúan permitidos, siempre y cuando ninguno de los viajeros tenga covid-19 o presente síntomas. En cuanto al transporte intermunicipal, también seguirá habilitado. En los lugares de alta afectación puede hacerse gradualmente y con control de aforo.

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Para el caso de las terminales aéreas desde el mes de septiembre inició la reactivación en los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; El Dorado, de Bogotá; José María Córdova, de Rionegro (Antioquia) y el Rafael Nuñez, de Cartagena, quienes seguirán funcionando bajo la medidas estipuladas por el Gobierno Nacional.

Finalmente, los destinos internacionales que los colombianos podrán seguir  visitando incluyen a Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.

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