Bajo lupa el nuevo modelo de salud del Magisterio: Contraloría revela hallazgos fiscales por $82 mil millones en el FOMAG

Durante el primer semestre de 2025, la Contraloría General de la República realizó una auditoría financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que reveló 21 hallazgos, de los cuales 7 presentan incidencia fiscal por $81.593 millones, 20 connotación disciplinaria, 3 posible incidencia penal y 1 incidencia ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La evaluación se centró en tres componentes: pensiones, cesantías y servicios de nuevo modelo de salud del magisterio, incluyendo el nuevo modelo implementado en 2024.

Incumplimientos en cartera y cesantías: $23.800 millones sin recuperar

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la ineficiente gestión de cobro de cartera, lo que representa una pérdida fiscal de $23.800 millones. También se detectó registro contable de mesadas a personas fallecidas, deficiente provisión de procesos judiciales y ausencia de registro de facturas de salud pendientes de auditoría con reserva presupuestal.

Uno de los problemas más reiterativos fue la tardanza en el pago de cesantías, cuya responsabilidad recae tanto en Fiduprevisora como en las entidades territoriales. Esta situación generó sanciones moratorias por $4.220 millones, pagadas con recursos del Tesoro Nacional (TES), según lo establece la Ley 1071 de 2006. La Contraloría ha recibido más de 100 compulsas de copias judiciales instándola a determinar responsabilidades fiscales.

Además, se detectó que se pagaron sanciones moratorias por $48.100 millones con recursos del FOMAG, contraviniendo el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que establece la destinación específica de los fondos. Este hallazgo fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, al configurarse una presunta indebida destinación de recursos, con connotación penal y fiscal.

Fallos judiciales pagados fuera de plazo: $3.210 millones en intereses moratorios

La auditoría también reveló el incumplimiento de plazos para el pago de fallos judiciales, con 46 sentencias ejecutoriadas pagadas después de más de diez meses, lo que generó intereses por $3.210 millones. Esta conducta afecta el patrimonio público y configura un nuevo hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria.

La Contraloría también revisó los contratos de transacción firmados por Fiduprevisora con operadores de salud durante 2023 y 2024. Se identificaron 10 contratos por un total de $1,191 billones, suscritos sin la aprobación previa del Consejo Directivo del FOMAG, como lo exige el procedimiento. Por este motivo, se estructuró un hallazgo remitido a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General, dado su impacto disciplinario y penal.

Durante el proceso auditor, se recibieron denuncias por presunta conformación indebida de grupos empresariales para beneficiar IPS, constitución de sociedades ficticias, destinación de recursos a cuentas en el exterior, y posibles conflictos de interés en contratos de transacción. Estos hechos fueron trasladados a la Fiscalía General, al considerarse posibles delitos de enriquecimiento ilícito y celebración indebida de contratos.

Irregularidades críticas en la implementación del nuevo modelo de salud del Magisterio

En relación con la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio durante 2024, se identificaron múltiples hallazgos, entre ellos:

• Falta de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por cerca de $75 mil millones, dejando contratos y facturas sin respaldo presupuestal.
• Demora en formular glosas a facturas médicas, lo que puede ocasionar reclamaciones por intereses.
• 52 contratos por $648 mil millones sin acta de inicio; 6 contratos por $168 mil millones sin garantías pactadas o con garantías extemporáneas, lo que podría tipificar el delito de “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.
• 13 contratos de prestación de servicios por $525 mil millones iniciaron ejecución sin contar con CRP, configurando ejecución contractual sin amparo presupuestal.
• En el contrato 12076-024-2024, se pasó de un valor inicial de $31.184 millones a $776 millones, sin liberación de saldos por $30.407 millones, lo cual refleja “alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos”.
• Inconsistencias en fechas de actas de recibo del sistema SUIM-HORUS, ya que algunos módulos fueron instalados antes de la firma del contrato, afectando la trazabilidad del proceso.
• El contrato 12076-008-2020 con UT Riesgos Laborales, inicialmente por $4.039 millones, fue objeto de una adición del 127,6% ($5.154 millones), superando ampliamente el límite legal del 50%. Además, se detectó incumplimiento en el pago de 43 facturas, con riesgo de generación de intereses por mora.

Las irregularidades detectadas están alineadas con las cinco alertas y una advertencia emitidas por la Contraloría en 2024 durante el seguimiento permanente al modelo de salud del FOMAG. Se advirtió especialmente sobre el riesgo de pago a IPS no habilitadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Aunque no se ha evidenciado pérdida de recursos hasta la fecha, la advertencia continúa activa.

Control fiscal acumulado: más de $548 mil millones en hallazgos desde 2023

Entre 2023 y 2025, la Contraloría ha emitido 61 hallazgos al FOMAG, de los cuales 23 tienen connotación fiscal por más de $548 mil millones, 54 disciplinaria, 4 penal y 5 con otro tipo de incidencia, que han sido remitidos al Ministerio de Salud, la DIAN y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La Contraloría General de la República ha reiterado la necesidad de implementar mecanismos estructurales de corrección. Las fallas en la gestión de cesantías, contratos sin aprobación, desviación de recursos y deficiente implementación del modelo de salud comprometen seriamente la sostenibilidad financiera y la legalidad de la operación del FOMAG.

“Se deben establecer correctivos urgentes para evitar pagos por sanciones moratorias e intereses que lesionan el patrimonio público de todos los colombianos”, concluyó el informe de auditoría.

La entidad continuará con el control fiscal posterior y selectivo sobre el FOMAG, reforzando los esquemas de auditoría para evitar nuevos daños al erario y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de prestaciones sociales para los docentes del país.