Habilitación Redes integrales de Prestadores – Resolución 1441 de 2016 Analisis completo - CONSULTORSALUD
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Habilitación Redes integrales de Prestadores – Resolución 1441 de 2016 Analisis completo

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La Resolución 1441 de 2016 habilita la implementación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud –RIPSS como componente de la Política de Atención Integral en Salud –PAIS, determinando su conformación, organización, gestión, seguimiento y evaluación. Además de adoptar el “Manual de Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud” (Lea: Revolución sectorial: Política de Atención Integral en Salud)

La Resolución 1441 de 2016 aplica para las EPS, las entidades Departamentales y Distritales de Salud, Entidades Municipales de Salud, Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y las IPS. 

 

Las IPS no tienen un papel protagónico en este proceso de habilitacion de redes integrales de prestadores 

La responsabilidad de las IPS con relación a la habilitación de las Redes Integrales de prestadores de servicios de salud, se limita a suscribir los acuerdos de voluntades y garantizar el cumplimiento de esas obligaciones suscritas (Plop).

 

Quienes NO deben cumplir con la habilitación de redes Integrales

las Entidades Promotoras de Salud Indígenas — EPSI y las entidades que administran los Regímenes de excepción y especiales, sin perjuicio de la obligación de garantía y accesibilidad a los servicios que les corresponde.

 

Que son las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud según la Resolución 1441 de 2016

El conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del MIAS, con una organización funcional que comprende un componente primario y un componente complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad, e incluyen procesos y mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva, contando con los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y de información, para garantizar la gestión adecuada de la atención así como también, mejorar los resultados en salud.

 

Que se entiende por Redes de Prestación de Servicios Oncológicos

Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud para la atención integral de cáncer, en lo correspondiente a la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, para garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva, como parte de las RIPSS.

Si requiere apoyo para iniciar el proceso de habilitacion de redes integrales y realizar los estudios de oferta y demanda haga clic aqui

 

Cuál es el estándar de conformación de la red Integrales

Comprende el análisis de la demanda de necesidades de atención en salud de la población afiliada a la EPS y de la oferta de los servicios de salud disponible al interior del departamento o distrito donde esté autorizada para operar, así como también, la organización de la red, la definición de los procesos, mecanismos, instrumentos y metodologías que soportan su coordinación y gestión operativa y la voluntad expresa de los prestadores para proveer los servicios a la población de referencia.

 

Un Prestador puede hacer parte de Varias Redes Integrales?

En la conformación y organización de las RIPSS, un prestador puede hacer parte de una o más redes, de conformidad con su disponibilidad, suficiencia y capacidad instalada.

 

Estándares de habilitación – RIPSS – Resolución 1441 de 2016

Para la habilitación de las RIPSS, las EPS en cada departamento o distrito donde están autorizadas para operar deben cumplir con los siguientes estándares:

 

  • Estándares de conformación y organización de las RIPSS Organización de la red, definición de los procesos, mecanismos, instrumentos y metodologías que soportan su coordinación y gestión operativa.
  • Estándares de operación de las RIPSS: Desarrollar la gestión de la prestación de los servicios de salud garantizando procesos para la articulación de acciones PIC y el POS, disponibilidad de información con soporte asistencial, administrativo y logístico, y actualización continua del talento humano.
  • Estándar de seguimiento y evaluación de la RIPSS: mecanismos, instrumentos y metodologías para el monitoreo continuo y mejoramiento de la gestión de las RIPSS.

Estos estándares son indispensables para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, como para la articulación del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC.

 

Manual de Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud

Además de los estándares para la habilitación de las RIPSS, la Resolución 1441 de 2016 se establecen los criterios de entrada y permanencia de los estándares para habilitación de las RIPSS, a través del “Manual de habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud”, que viene adjunto dentro de la presente resolución.

 

Proceso de Habilitación de las redes integrales RIPSS con la resolución 1441 de 2016

El proceso de habilitación de las RIPSS contemplados dentro del artículo 8 de la presente resolución (1441 de 2016), establece que las EPS deben realizar una la autoevaluación a partir de los estándares y el manual de habilitación.

Después de hecha la autoevaluación, la Entidad Departamental o Distrital de Salud, en un término de sesenta (60) días, analizará la propuesta y verificará el cumplimiento de los estándares y criterios de entrada para habilitación.

Al considerarse procedente la propuesta, en el mismo término la Entidad Departamental o Distrital, deberá presentar ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud la solicitud de habilitación, quien dentro de los dos (2) días siguientes, expedirá el acta que habilitará la RIPSS a la EPS a través del módulo de REDES.

 

Vigencia de habilitación RIPSS – Resolución 1441 de 2016

La vigencia de habilitación de las RIPSS tendrá una vigencia de cinco (5) años, la cual puede ser revocada por la Superintendencia Nacional de Salud al encontrar incumplimiento de los estándares y los criterios de permanencia de la red.

Para la renovación de la habilitación cumplidos los cinco años, las EPS deben realizar el procedimiento establecido en el artículo 11 de la presente resolución (1441 de 2016).

Durante la vigencia de habilitación de la RIPSS, las EPS deberán reportar una serie de novedades consignada dentro del artículo 13 de la presente resolución, para ese registro el Ministerio de Salud dispondrá del Módulo de Redes del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

 

Plazo de Implementación de las RIPSS- Resolución 1441 de 2016

Las EPS tienen un plazo no superior a doce (12) meses contados a partir de la fecha en la cual el Ministerio de Salud disponga del módulo de redes.

Si vencido el plazo anterior no se ha culminado el trámite de habilitación de la RIPSS, la Superintendencia Nacional de Salud adoptará las medidas que estime pertinentes con respecto a la EPS ya la correspondiente entidad territorial, de acuerdo con sus competencias y procedimientos en la materia.

La Resolución 1441 de 2016 entra en vigencia a partir de su publicación.

 

OPINION DE CONSULTORSALUD SOBRE LA RESOLUCION 1441 DE 2016 Y LA NUEVA POLITICA DE INTERVENCION SECTORIAL

Sobre el particular CONSULTORSALUD considera que esta postura tan radical, que empodera únicamente a las EPS o aseguradoras, para realizar la organización de las redes, puede tener consecuencias negativas para aspectos tan importantes como el renacimiento de posiciones dominantes, y corre el riesgo de incentivar negativamente la inclusión de prestadores a través de maniobras oscuras que potencian la corrupción a otro nivel. Qué bueno hubiera sido, que el armado de las redes correspondieran a un proceso de construcción colectiva en donde además tomará parte el ciudadano / usuario, que conoce sus necesidades y la oferta típica de su municipio, departamento o región, y ha percibido en carne propia, la calidad de la atención de los actuales prestadores públicos y privados.

Este poder asignado a las EPS, podría terminar minando la inversión sectorial privada, debido a que no es muy claro, si una vez constituida la red, y demostrado que es suficiente, la presencia de nuevos oferentes de alta calidad, pudieran entrar a competir en un ecosistema que ha recibido aprobación por cinco (5) años.

Por otro lado, es indudable el gran bienestar que representará para el paciente / usuario el disponer de redes integrales alineadas a rutas de atención, que permitirán un tránsito fluido y ligero de barreras de acceso para hacerse con sus servicios de salud en todas las etapas de su ciclo vital. Es un indudable avance sectorial, y un reto su implementación, que debe blindarse a través de una transición que no debe politizarse sino rodearse de tecnocracia y la más alta calidad.

 

La política Intervencionista del Ministerio

De otro parte, CONSULTORSALUD nota de manera evidente, el cambio de rumbo que ha tenido el Ministerio de salud, pues ha dejado su postura de observador complaciente que tuvo por muchos años, y se ha decidido a “intervenir” este mercado imperfecto, de manera directa y contundente, muestra de lo cual puede verse en el aviso del nuevo manual tarifario único para facturar lo servicios de salud (impensado un años atrás), y la posibilidad que se ha reservado en la política de atención integral en salud, de tomar decisiones directas sobre grupos de población en riesgo que incluyen:

  1. la definición y clasificación de grupos de riesgo,
  2. de las condiciones de manejo de los pacientes,
  3. el seguimiento y monitoreo de su evolución,
  4. la adquisición y pago centralizado de los insumos y medicamentos requeridos y
  5. todo el conjunto de acciones que garantice el manejo de los riesgos y de la enfermedad en condiciones de equidad y calidad. Esto no exime a los responsables institucionales de sus funciones, sino que, por el contrario, los incluye de una manera organizada y sistemática

La nueva política intervencionista del Ministerio de Salud, es una prueba del fracaso del modelo original de la ley 100 sobre este particular, que buscó sin éxito, que todos los actores ejercieran su rol dentro de un mercado impulsado y regulado por la propia competencia, hecho que por el contrario se tradujo en anarquía, corrupción y una cartera billonaria que amenaza la sostenibilidad del sistema y eliminó la credibilidad de todos los actores; saludamos con optimismo esta nueva etapa, que requiere sin duda nuevos mecanismos de inspección vigilancia y control, para evitar desmanes.

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Descargue aquí la Resolución 1441 de 2016 y su manual de aplicación.

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IPS que pueden acceder al giro previo por accidentes sin SOAT

La ADRES dio a conocer las IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT.

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Giro previo accidentes sin SOAT

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) dio a conocer las IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT.

Cuando ocurre un accidente con un carro ‘fantasma’, es decir que no fue identificado, o de un vehículo sin SOAT, el Estado, a través de la ADRES, cubre los gastos médicos de los afectados hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes y las indemnizaciones por muerte y gastos funerarios por 750 salarios.

Asimismo, los familiares que demuestren el parentesco con las víctimas, así como los hospitales, clínicas o centros médicos que brindaron sus servicios de salud en estos siniestros, tienen hasta tres años para presentar sus reclamaciones ante la ADRES.

Teniendo en cuenta esto, la ADRES publicó esta semana el mecanismo, el formato y la lista de IPS que pueden acceder al mecanismo para el pago de reclamaciones por estos casos.

En ese sentido, la ADRES precisó que pueden hacer la reclamación, las entidades que se encuentren incluidas en la lista de IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo. En esta lista, que podrá encontrar adjunta al final de este documento, se incluyeron poco más de 400 Instituciones Prestadoras de Salud de todo el país.

El Formato

Además, las IPS que estén en la mencionada lista y busquen el giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT, deben allegar el formato adoptado para tal efecto por la ADRES.

El formado adoptado por la ADRES, que también encontrará adjunto al final de este artículo, deberá remitirse inicialmente al correo institucional [email protected]. El asunto de este correo debe decir: Solicitud Giro Previo – Nombre de la IPS reclamante – NIT de la IPS.

Sin perjuicio de lo anterior, las IPS deben radicar el formato original en medio físico en la Av. el Dorado C1 26 N° 69-76 Piso 17 Torre 1 de Bogotá, en los cinco días siguientes a la finalización del periodo de radicación.

La Metodología

Cabe recordar que en abril pasado el Ministerio de Salud estableció, mediante la resolución 849 de 2019, los criterios y la metodología con los cuales la ADRES podrá realizar los giros previos a la auditoría integral de las reclamaciones que le sean presentadas.

Para estimar el valor de giro, se efectuarán los cálculos conforme con lo establecido en el Anexo Técnico ‘Metodología para la validación de requisitos y cálculo del valor para giro previo’, que está incluido en la Resolución 849 de 2019, que también está anexa al final de este artículo.

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a corte de 2018, en Colombia hay 14 millones de vehículos registrados y de ellos 6,2 millones no tienen el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), con lo cual el riesgo de que un carro genere un accidente y no tenga cómo responder se eleva exponencialmente.

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Corte Suprema precisó los términos para cambio de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL1452 de 2019, estipuló algunos de los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de cambiarse de régimen pensional desde Colpensiones hacia un fondo privado.

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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL1452 de 2019, estipuló algunos de los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de cambiarse de régimen pensional desde Colpensiones hacia un fondo privado.

Una de las principales conclusiones del fallo fue que cualquier persona que desee cambiar de fondo de pensiones tiene “derecho a recibir información oportuna y completa de cada régimen”, del fondo privado y estatal con el fin de facilitar la toma de decisiones. 

El caso en específico

La Sala Laboral de la Corte analizó el caso de Gloria Inés Restrepo Pérez, de 65 años, quien, en el 2008 con 55 años, inició los trámites para poder pensionarse con Colpensiones, pero la entidad respondió negativamente.

Restrepo Pérez inició sus cotizaciones en 1971 con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy llamado Colpensiones, pero en julio de 1995, con 42 años, pasó a cotizar con un fondo privado, Porvenir. Para 1997 Gloria volvió a cotizar con el Estado y en 2008, habiendo cumplido la edad de pensión, se encontró con la sorpresa de que aún no se podría pensionar.

La negativa se dio basándose en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual estipula que las mujeres con más de 35 años para 1994, como es el caso de Gloria Restrepo, tendrían como edad de pensión la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Para los afiliados al régimen solidario de prima media, como es el caso de Colpensiones, esa edad seguiría siendo de 55 años, sin embargo, cuando Restrepo se pasó a Porvenir, el fondo privado, perdió ese beneficio y su edad de pensión pasó a ser de 57 años.

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Ante la situación, Gloria Restrepo inició un proceso legal para revertir la situación, sin embargo, en primera instancia el Juez Noveno Laboral de Medellín, y en segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, le dieron la razón a Porvenir y Colpensiones.

Debido a esto, Restrepo interpuso el recurso de casación para llevar el caso ante la Corte Suprema, quien podría revocar las instancias anteriores.

¿Qué dijeron Colpensiones y Porvenir?

En su defensa, Colpensiones aseguró que el pedido de nulidad del traslado de régimen no tenía fundamento, Gloria Restrepo argumentó una falta de asesoría e información, argumentando que “se trata de un error de derecho que no vicia el consentimiento”.

Por su parte, Porvenir señala que no es “razonable” el argumento de la demandante para pedir la nulidad, puesto que “si consideraba que su afiliación al régimen de ahorro individual fue perjudicial, no tiene sentido que permaneciera en el mismo entre 1995 y 2007, sin manifestar reparo alguno. Así, aduce que fue libre y voluntaria la decisión de trasladarse a Porvenir y luego retornar a ISS”.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Si bien la sentencia de la Corte aún no da un veredicto definitivo en el caso de Gloria Inés Restrepo, pues solicitó el historial de semanas cotizadas de la demandante para decidir, en el desarrollo del documento sí deja varios precedentes para el momento que una persona se cambie de régimen pensional.

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Estos precedentes serían de vital importancia en las 15 mil demandas que hay en el país por situaciones similares a la de Gloria Restrepo.

Deber de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones

La sentencia SL1452 de 2019 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), desde su creación, “tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las diferentes opciones disponibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses”.

En ese sentido, la Corte señala a las Administradoras de Fondos de Pensiones que no se trata de una carrera por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios sin importar las repercusiones.

Deber de asesoría y buen consejo

Por otra parte, la Corte indica que el nivel de exigencia para las AFP ha aumentado, pues ya no basta con dar a conocer las opciones del mercado, sino que implicar dar “asesoría y buen consejo”.

Esto implica que las AFP deben tener en cuenta el estudio de los antecedentes del afiliado (edad, semanas cotizadas, núcleo familiar), sus datos relevante y expectativas pensionales, para que el afiliado puede hacerse a un concepto, que además debe ir acompañado “la opinión que sobre el asunto tenga el representante de la administradora”.

El deber de doble asesoría

La Corte Suprema de Justicia es clara al decir que, “hoy en día los usuarios del sistema pensional tienen el derecho a obtener información de asesores y promotores de ambos regímenes, lo cual se ha denominado la doble asesoría”.

La doble asesoría, explica la Corte, permite al afiliado formar un juicio imparcial sobre las características, fortalezas y debilidades de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las condiciones y efectos jurídicos del traslado.

En conclusión, de los anteriores apartados, la Sala Laboral de la Corte precisa que las AFP pasaron de tener un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, al de doble asesoría.

Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido el deber de información por parte de las AFP.

El consentimiento en un formulario no es suficiente

La Corte explica que en el cambio de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado, entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen.

Es decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, la Corte señala que en la segunda instancia del proceso de Gloria Restrepo, el Tribunal de Medellín cometió un error jurídico al dar por satisfecho el deber de información con el simple diligenciamiento del formulario de afiliación, sin averiguar si en verdad el consentimiento allí expresado fue informado.

AFP deben demostrar que brindaron información adecuada

La Corte señala que la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen es el que tiene la virtud de generar en el juez la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.

Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quien le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente.

En consecuencia, si se argumenta que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.

Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en la posición de hacerlo.

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Secretarías de Salud son competentes para registro de libro de actas de las ESE

Un concepto jurídico emitido por el Ministerio de Salud, tras una consulta del Instituto Nacional de Cancerología, aclara que las secretarías de salud, municipales, departamentales y distritales, son competentes para adelantar labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sobre las Empresas Sociales del Estado (ESE).

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junta directiva de una Empresa Social del Estado

Un concepto jurídico emitido por el Ministerio de Salud, tras una consulta del Instituto Nacional de Cancerología, aclara que las secretarías de salud, municipales, departamentales y distritales, son competentes para adelantar labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sobre las Empresas Sociales del Estado (ESE).

El concepto se emitió después de que la directora del Instituto Nacional de Cancerología (INC), Empresa Social del Estado del orden nacional, consultara acerca del registro del libro de actas de su junta directiva.

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¿Qué ocurrió?

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en visita realizada en mayo de 2017, requirió el registro del citado libro ante la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que el INC hizo directamente el trámite ante la Supersalud, quien respondió de manera negativa argumentando la falta de competencia de la Secretaría Distrital de Bogotá para adelantar este procedimiento.

Asimismo, el INC precisó que para diciembre de 2018 la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, observó una vez más al Instituto Nacional de Cancerología, por no contar con el libro de actas debidamente registrado, razón por la que la directora del Instituto preguntó al Ministerio: “¿Cuál es la entidad competente para realizar el registro de los libros de actas de la junta directiva de la ESE Instituto Nacional de Cancerología?”.

Sobre esta consulta, el Ministerio determinó, basándose en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 715 de 2001, que departamentos, municipios y distritos tienen asignadas funciones de inspección, vigilancia y control en componentes como son la prestación de servicios y la salud pública, actividades que se ejercen, entre otros, sobre los prestadores de servicios de salud.

“Nótese que la normativa reseñada nos lleva a concluir, que el IVC sobre los prestadores de servicios de salud no es exclusivo de la Superintendencia Nacional de Salud, pues en ello también concurren los entes territoriales a través de sus secretarías de salud o la entidad que haga sus veces”, aclara y argumenta el concepto del Minsalud.

Sobre el caso particular del INC, Minsalud señala que las secretarías de Salud ejercen su competencia de IVC de forma directa sobre el prestador y en el área geográfica en la cual este se encuentre y opere, tal y como lo ha efectuado la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en la visita que realizó al INC y en la que, solicitó el registro del libro de actas de su junta directiva

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Casos en otros departamentos

Por último, el Ministerio resaltó que en el departamento de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, efectúa el registro del libro de actas de las juntas directivas de las ESE de dicho ente territorial, tal y como se evidencia en el ‘Manual de Inducción para los Representantes de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado’ del 2001.

También se evidencia ese caso en el departamento del Valle del Cauca, donde la Secretaría Departamental de Salud en su instructivo del 2012, denominado ‘Preguntas Más Frecuentes Sobre las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado’, contempla este trámite para las ESE.

Por tal razón, el Minsalud concluye que la entidad competente para realizar el registro del libro de actas de la junta directiva de la ESE Instituto Nacional de Cancerología, es la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

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