El Superintendente Nacional de Salud, doctor Helver Giovanny Rubiano García, presentó su renuncia al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, poniendo a disposición su cargo y expresando su compromiso de realizar una entrega ordenada y eficiente de las funciones a su sucesor. La decisión se conoce en un momento clave para el sistema sanitario, con la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) desempeñando un papel central en la vigilancia y control del sector, en medio de la transición institucional que propone la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Nacional.
Durante la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en la que se adelantaba el análisis de la reforma, se dio a conocer la renuncia de Rubiano, hecho que generó reacciones entre los congresistas y los distintos actores del sistema de salud.
Rubiano, médico epidemiólogo y exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), deja el cargo tras 11 meses de gestión, en los cuales fortaleció la vigilancia financiera sobre las EPS intervenidas, prorrogó medidas de control y ordenó auditorías especiales para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos en salud. Su retiro marca el cierre de una etapa orientada al fortalecimiento técnico de la Supersalud, en un contexto de profundas transformaciones regulatorias.
¿Cómo fue la gestión de Giovanny Rubiano al frente de la Supersalud?
Giovanny Rubiano García, antes de asumir la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), se desempeñó como director general del Instituto Nacional de Salud (INS), donde lideró parte de la respuesta técnica frente a la pandemia de COVID-19. El 7 de noviembre de 2024 fue designado por el Gobierno Nacional como Superintendente Nacional de Salud, con el encargo de fortalecer la supervisión financiera de las EPS y garantizar la transparencia en el uso de los recursos del sistema.
Desde su nombramiento orientó la gestión de la Supersalud hacia un enfoque de control financiero y auditoría profunda sobre las EPS. Su administración no inició nuevas intervenciones, pero sí extendió y profundizó medidas vigentes, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención mientras se corregían los hallazgos administrativos y financieros en las entidades bajo medida especial.
Uno de los casos más relevantes de su gestión fue la prórroga de la intervención forzosa administrativa a la Nueva EPS, decidida por un año más a partir de abril de 2025. La medida respondió a deficiencias persistentes en la gestión financiera, demoras en los pagos a las IPS y falencias en los procesos de auditoría médica. Según informó la Supersalud, la decisión se sustentó en la necesidad de garantizar la estabilidad operativa de la EPS más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, al tiempo que se corregían fallas estructurales que ponían en riesgo la continuidad de los servicios.
Durante este periodo, Rubiano también lideró la designación de nuevos interventores en la Nueva EPS, Coosalud y SOS, buscando mejorar la eficiencia de los equipos técnicos encargados de la gestión de las medidas. Estas decisiones respondieron a la necesidad de reforzar la capacidad de supervisión, optimizar las auditorías.
Otro hito destacado fue la orden de una auditoría forense internacional a la Nueva EPS, con alcance de seis años (2019–2025), destinada a examinar la gestión de los recursos, la trazabilidad de las cuentas y posibles conflictos de interés derivados de la integración vertical. Esta medida, sin precedentes recientes en el sistema de salud, buscó identificar prácticas contables que comprometían la sostenibilidad del aseguramiento y fortalecer la capacidad sancionatoria del Estado.
En el ámbito legal, Rubiano reiteró la defensa del principio de inembargabilidad de los recursos del sistema de salud, señalando que estos fondos tienen destinación específica y no pueden ser objeto de procesos judiciales o embargos que afecten la atención de los pacientes.
No obstante, su gestión también enfrentó cuestionamientos de asociaciones de pacientes y gremios hospitalarios, que manifestaron preocupación por los resultados limitados de algunas intervenciones y la persistencia de deudas con prestadores, especialmente en las regiones. Estos actores advirtieron que, pese a los avances en vigilancia y control, las medidas correctivas no siempre se tradujeron en mejoras tangibles para los usuarios del sistema.