El Gobierno nacional decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que durante 36 años vinculó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con Fiduprevisora S. A. La medida, anunciada por el Ministerio de Educación Nacional, dio paso desde el 1 de noviembre de 2026 a un periodo de transición de un año, prorrogable por otro, durante el cual deberán mantenerse los servicios médicos, los tratamientos en curso, el suministro de medicamentos y las prestaciones económicas de los docentes y sus familias.

La decisión fue comunicada tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG, con el acompañamiento de los ministerios de Trabajo y Hacienda y Crédito Público, y las recomendaciones de representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE). El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella señaló que la determinación responde a revisiones jurídicas, financieras y operativas, así como a informes de supervisión y hallazgos de organismos de control relacionados con la administración del Fondo.

FOMAG termina contrato fiduciario de 36 años tras revisiones jurídicas y financieras

El Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., llegó a su vencimiento el 31 de octubre de 2026. Su no prórroga marca el inicio de una reorganización administrativa que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, busca corregir las dificultades identificadas en el funcionamiento del Fondo y fortalecer las condiciones institucionales para garantizar los derechos de sus afiliados.

La evaluación adelantada por la cartera educativa incluyó el contrato original y sus 43 otrosíes, además de informes de supervisión, pronunciamientos judiciales y documentos de los organismos de control. También se examinaron las disposiciones de la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el Concepto 2227 de 2014 del Consejo de Estado, relacionado con la terminación contractual y la selección del fiduciario mediante licitación pública.

En el componente operativo, el Ministerio desarrolló mesas técnicas sobre salud, finanzas y tecnología, incorporando información de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia Nacional de Salud. La revisión también contempló las dificultades reportadas por docentes, las reclamaciones judiciales presentadas por afiliados y los antecedentes de la medida cautelar adoptada por la Supersalud respecto de la operación en salud.

La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la decisión busca superar las deficiencias documentadas en la administración del Fondo. A su vez, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, manifestó que los docentes no deben asumir las consecuencias de las fallas administrativas, mientras que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó la necesidad de fortalecer la transparencia y trazabilidad de los recursos destinados a la atención del magisterio.

¿Cómo continuará la atención en salud de los maestros durante la transición?

El periodo de transición, iniciado el 1 de noviembre, tendrá una duración inicial de 12 meses y podrá prorrogarse por otro año. Durante esta etapa, el Gobierno anunció medidas para preservar la continuidad asistencial, particularmente de los pacientes con tratamientos activos, las personas que requieren medicamentos y los afiliados que necesitan acceder a servicios médicos especializados.

El Ministerio de Educación precisó que la finalización del contrato no debe generar interrupciones en la prestación de servicios ni afectar el reconocimiento de pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas. Para cumplir ese propósito, Fiduprevisora deberá asumir las responsabilidades que le correspondan durante la transición, de conformidad con las disposiciones contractuales y jurídicas aplicables.

Como parte de las primeras medidas, la cartera educativa solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades para asegurar la operación del Fondo. Paralelamente, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud adelantar un seguimiento especial a la prestación de servicios por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con el objetivo de prevenir afectaciones a los afiliados.

El Gobierno también informó que desde el 1 de noviembre permanecen en funcionamiento todas las oficinas del FOMAG. Adicionalmente, anunció una revisión de los prestadores de servicios de salud según sus condiciones de calidad y disponibilidad, acompañada de acciones para avanzar en la formalización contractual de la red asistencial y mejorar los procesos administrativos relacionados con la atención.

Estas medidas representan un componente central de la transición para las IPS vinculadas al sistema del magisterio, debido a que la reorganización administrativa deberá desarrollarse sin comprometer la continuidad de los servicios contratados. La coordinación entre el Fondo, los prestadores y las autoridades de vigilancia será determinante para atender las obligaciones asistenciales durante el cambio de esquema administrativo.

Hallazgos financieros del FOMAG motivan auditoría y seguimiento de los organismos de control

En una publicación oficial del 1 de noviembre de 2026, el Ministerio de Educación amplió los fundamentos de la decisión e informó que entre los hallazgos identificados figura un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. La entidad señaló que esta situación exige examinar las condiciones financieras del Fondo y esclarecer la administración de los recursos durante la ejecución contractual.

Ante estos resultados, el Ministerio informó que trasladó los hallazgos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. También solicitó una auditoría forense para examinar la gestión de los recursos, la ejecución del contrato fiduciario y la contratación derivada, con el propósito de establecer si existieron irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades mediante las actuaciones correspondientes.

La decisión ocurre después de las alertas de la Procuraduría sobre el vencimiento del contrato fiduciario del FOMAG, publicadas previamente por CONSULTORSALUD. El organismo de control había advertido sobre un faltante estimado de $1,84 billones para financiar las necesidades del componente de salud durante 2026, junto con riesgos contractuales y presupuestales que podían comprometer la atención de más de 800.000 afiliados. Frente a las necesidades financieras de la transición, el Ministerio de Educación informó que solicitó recursos adicionales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para respaldar la operación.

Nueva licitación para administrar el FOMAG: ¿qué sigue después de Fiduprevisora?

La siguiente etapa contempla la estructuración de un proceso de licitación pública para seleccionar al futuro administrador de los recursos del Fondo. El Ministerio de Educación, en calidad de fideicomitente, adelantará los estudios previos y las actuaciones contractuales necesarias, de acuerdo con el marco legal aplicable y las condiciones técnicas, operativas y financieras que se definan para el nuevo esquema.

La entidad también anunció que durante la transición se evaluará la viabilidad de un sistema de prestación de servicios que responda a las necesidades del magisterio y al modelo de salud vigente. Esta revisión deberá considerar tanto las condiciones administrativas y tecnológicas como la articulación con las IPS, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los mecanismos para garantizar los derechos de los afiliados.

Por ahora, la no prórroga del contrato no equivale a la entrada inmediata de un nuevo administrador ni supone una sustitución automática de toda la red prestadora. La reorganización se desarrollará mediante las actuaciones que adopten las autoridades competentes, mientras Fiduprevisora cumple las obligaciones que le correspondan dentro del proceso de transición.

El nuevo escenario del FOMAG deja abiertas decisiones sobre la selección del administrador, la financiación de la operación y la formalización de los acuerdos con los prestadores de salud. El avance de estos procesos, junto con la vigilancia de las autoridades y el cumplimiento de los compromisos asistenciales, permitirá establecer si la reorganización administrativa se traduce en mejoras efectivas para los docentes, pensionados y sus familias.