A nueve días del vencimiento del contrato fiduciario del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la continuidad de su administración y la financiación de los servicios de salud concentran nuevas preocupaciones institucionales. En este escenario, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva por un faltante estimado de $1,84 billones para atender las necesidades del componente de salud durante 2026 y la próxima terminación del contrato que permite administrar los recursos del Fondo, situaciones que exigen medidas para garantizar la atención de más de 800.000 afiliados, entre docentes, pensionados y beneficiarios.
Ante este escenario, el organismo de control requirió al Consejo Directivo del FOMAG información sobre las decisiones adoptadas para garantizar su funcionamiento después de la terminación contractual, así como las gestiones presupuestales adelantadas para cubrir las necesidades del componente de salud durante lo que resta de 2026. La solicitud busca prevenir posibles afectaciones en la prestación de los servicios y el pago de las prestaciones económicas del magisterio.
La alerta se suma a las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, donde se identificaron 33 hallazgos fiscales en los últimos cuatro años, asociados con un posible daño patrimonial superior a $694.000 millones.
Entre las observaciones figuran cerca de $255.000 millones relacionados con pagos indebidos y $116.000 millones por intereses moratorios. La Contraloría también reportó que, con corte a agosto de 2026, permanecían pendientes de pago aproximadamente $422.000 millones correspondientes a contratos de servicios médicos, un antecedente que amplía las preocupaciones sobre la gestión financiera del sistema de salud del magisterio.
Contrato fiduciario del FOMAG vence el 31 de octubre: ¿qué medidas exige la Procuraduría?
La terminación del contrato fiduciario está prevista para el 31 de octubre de 2026, por lo que las autoridades responsables deben definir las condiciones bajo las cuales continuará la administración de los recursos desde el 1 de noviembre. Frente a esta fecha, la Procuraduría solicitó información prioritaria sobre las actuaciones contractuales y administrativas destinadas a mantener el funcionamiento del Fondo.
El requerimiento se concentra en establecer si se han previsto mecanismos que permitan cumplir las obligaciones institucionales sin generar interrupciones para los afiliados. Para ello, el Ministerio Público pidió precisar tres aspectos:
- Continuidad fiduciaria: decisiones adoptadas ante el vencimiento contractual y alternativas contempladas para mantener la administración de los recursos.
- Operación del Fondo: acciones administrativas previstas para garantizar su funcionamiento una vez finalice el contrato vigente.
- Protección de los afiliados: medidas dirigidas a evitar afectaciones en la atención médica y en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.
La Procuraduría busca conocer las respuestas institucionales previstas antes de que termine el acuerdo fiduciario. Aunque la alerta no confirma una suspensión de los servicios de salud, sí señala la importancia de anticipar posibles dificultades operativas que puedan afectar a los docentes y sus familias.
Faltante de recursos para salud del FOMAG: traslado de $859.000 millones resulta insuficiente
Además del frente contractual, la financiación del componente de salud constituye una preocupación para el organismo de control. El Consejo Directivo del FOMAG aprobó recientemente un traslado presupuestal de $859.000 millones destinado a fortalecer la atención de los afiliados. Sin embargo, según la Procuraduría, esta decisión no cubre la totalidad de las necesidades financieras proyectadas para la vigencia.
Frente a la insuficiencia presupuestal identificada, el Ministerio Público solicitó conocer las actuaciones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para gestionar recursos adicionales. El requerimiento también contempla las alternativas previstas en caso de que la financiación solicitada no se encuentre disponible oportunamente.
La información requerida comprende los siguientes elementos:
- Solicitudes de financiación: montos adicionales gestionados ante el Ministerio de Hacienda.
- Avance presupuestal: estado de los trámites y procedimientos relacionados con la obtención de recursos.
- Planes de contingencia: medidas previstas para responder a las necesidades financieras si no se dispone de la financiación requerida.
- Soportes de gestión: documentos que acrediten las actuaciones adelantadas por las entidades responsables.
La Procuraduría advirtió que las dificultades contractuales y presupuestales no pueden traducirse en afectaciones a la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud. Asimismo, reiteró que su intervención tiene carácter preventivo y busca promover decisiones oportunas para proteger los derechos fundamentales de los docentes y sus familias, sin interferir en las competencias administrativas de las autoridades responsables.
Este escenario plantea la importancia de articular decisiones administrativas, contractuales y presupuestales que permitan asegurar la estabilidad operativa del FOMAG y la adecuada prestación de los servicios de salud. La gestión oportuna de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones con la red prestadora y la implementación de mecanismos de continuidad asistencial serán elementos fundamentales para garantizar el acceso efectivo a la atención y proteger los derechos de los afiliados.
