La Procuraduría en articulación con la Contraloría evidenciaron que más de 18.000 pruebas para Covid-19 no se procesaron debido a fallas técnicas, lo que desemboca en una posible pérdida de recursos del sistema de salud por aproximadamente $4.000 millones de pesos.
Carlos Córdoba, Contralor General de la República y Fernando Carrillo Procurador General de la Nación resaltaron que los recursos que dispone el estado para la atención de la pandemia deben ser usados y administrados rigurosamente. Los problemas que se identificaron para el procesamiento de las pruebas son de carácter técnico y se les suma las fallas en la comunicación de los resultados a los ciudadanos lo que representa una problemática que vulnera el derecho fundamental a la salud y a los principios de oportunidad, integralidad y continuidad del sistema.
En una actuación conjunta entre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se determinó que las muestras tomadas a igual número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.
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Otros hallazgos en las pruebas
Los órganos de control informaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, más de 1.500 estaban derramadas y 2.476 no tenían identificación del paciente o no contaban con formulario de entrega. 1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura. Otras 976 pruebas tenían fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiólogica. 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas o dañadas.
A pesar de las advertencias de los dos entes sobre las debilidades del proceso y cadena siguiente a la entrega de los resultados siguen presentándose las mismas fallas en el proceso. Más de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus pruebas por estos problemas, convitiendose en potenciales transmisores del virus.
Teniendo en cuenta estos hallazgos, la PGN y la CGR exhortaron a las entidades departamentales y a la Supersalud a ejercer mayor vigilancia sobre las IPS, basándose en los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud y el INS. Adicionalmente, la Contraloría procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal -DVF- de la Delegada para el Sector Salud para realizar la actuaciones de control fiscal necesarias.
Finalmente, los entes reiteraron la gravedad de estos hallazgos y exigieron tener más responsabilidad con los recursos del estado ya que de no ser así habrán sobrecostos en la atención de la emergencia. La Contraloría y la Procuraduría informaron que seguirán trabajando con toda su capacidad para que actuaciones como estas no se conviertan en prácticas recurrentes.
