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Fallo de la CGR genera un precedente grave para el sistema de salud: Exsupersalud Gustavo Morales

El exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, aseguró que el fallo de la Contraloría en el caso de Saludcoop “genera un precedente grave, para el sistema de salud, y para todos los sectores de la economía”.

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Exsupersalud Gustavo Morales Cobo se refiere a fallo de la CGR

El exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, aseguró que el fallo de la Contraloría General de la República, en el que halló responsabilidad fiscal de $91.133 millones por la desviación de recursos en la intervención de EPS Saludcoop de los que él es responsable de poco más de $21 mil millones, “genera un precedente grave, para el sistema de salud, y para todos los sectores de la economía”.

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En ese sentido, Morales, quien estuvo en la Supersalud de octubre de 2012 y octubre de 2014, aseguró que el fallo genera un grave precedente en tres sentidos:

  • Establece que un Superintendente está facultado para ordenar unilateralmente el incumplimiento de contratos que ningún juez ha declarado nulos o ilegales y que si no ordena dicho incumplimiento, es fiscalmente responsable.
  • Promueve que las Superintendencias ordenen de manera unilateral e inmediata el incumplimiento de obligaciones de empresas privadas para con el sector financiero, y
  • Hace a los superintendentes responsables como gestores fiscales de las decisiones de sus vigilados.

¿Qué dice el Exsupersalud sobre el fallo?

A Gustavo Morales se le atribuyó una conducta gravemente culposa por no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para evitar los desvíos de dineros del SGSS que eran de su conocimiento.

Ante lo estipulado en el fallo, el exsuperintendente indicó: “el fallo me condena como responsable por culpa grave (no por dolo) por haberle causado un supuesto detrimento patrimonial al Estado, por no haber ordenado a una EPS cesar los pagos al Banco de Colombia y al Banco de Occidente, por obligaciones financieras contraídas años antes de que yo me hubiese posesionado en el cargo”.

En ese sentido, Morales precisó que dichas obligaciones financieras fueron contraídas por la EPS para adquirir equipos médicos y desarrollo de infraestructura.

Teniendo en cuenta eso, explica el exsupersalud, a juicio de la Contraloría, le está prohibido a una EPS realizar esas actividades, y por lo tanto, cumplir las obligaciones financieras adquiridas con esa finalidad constituye desviación de recursos.

“Como superintendente, dice el organismo de control, debí haber llegado a la misma conclusión, y debí, en consecuencia, haber procedido a ordenar de manera inmediata y unilateral la cesación de esos pagos. El no haberlo hecho me hace entonces fiscalmente responsable”, explicó Morales en una misiva.

“La decisión es equivocada en múltiples sentidos”, Exsupersalud

Gustavo Morales consideró la decisión de la Contraloría General de la República equivocada por cuatro aspectos:

Primer agumento

En primer lugar, Morales explicó que los equipos e infraestructuras adquiridos gracias a esos contratos de leasing financiero se pusieron al servicio de los usuarios.

“De hecho, aún se encuentran bajo la custodia de quien hoy en día maneja la liquidación de esa EPS, es decir, hacen parte del universo de activos en el sector salud y al servicio de sus afiliados. Hablar de ‘desviación de recursos de la salud’ en este caso carece de sentido, la mayoría de los equipos y la infraestructura prestaron o prestan los servicios de salud que les son propios”, indica el exfuncionario.

Segundo argumento

En segundo lugar, Morales señala que la Contraloría basa su argumento y fallo en una norma que no existe, “no hay una norma (ley, decreto o resolución) que impida la inversión en equipos o infraestructura por parte de una EPS. Incluso, vale la pena mencionar que si existiera dicha norma, ésta carecería de sentido, el sistema de salud por el contrario requiere inversiones en equipos e infraestructura”, argumentó.

En ese sentido, el exsuperintendente explica que la aplicación de una norma inexistente como con la que asegura la Contraloría basó el fallo, contradice de plano la naturaleza aseguradora de la EPS.

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Asimismo, considera que esto limitría las posibilidades que tienen de innovar, y competir entre sí, que es el principio del Sistema bajo la Ley 100.

“Condenar fiscalmente a funcionarios honestos con base en interpretaciones fundadas en el deseo ideológico del funcionario de control, y no en el texto de la ley, es otra equivocación”, agregó Morales

Tercer argumento

En tercer lugar, Morales considera que la Contraloría supone que los superintendentes son responsables fiscales de cualquier decisión gerencial que tomen las entidades vigiladas, “eso es convertir al supervisor en coadministrador de sus vigilados”, indicó.

Cuarto argumento

Finalmente, el exsuperintendente explica que la orden de cesar pagos al sector financiero, por parte de una Superintendencia de Salud, congelaría cualquier posibilidad de que los actores del Sistema acudan al mecanismo universalmente aceptado para crear capital y promover inversión.

“El impacto de una decisión como esa frenaría el flujo de recursos desde el sector financiero a un sector que los necesita y cuyo beneficio es para toda la población colombiana”, finalizó Morales.

Conclusiones y cuestionamientos de Morales

Gustavo Morales concluyó que si aceptara la tesis de la Contraloría, faltaría explicar por qué la Superintendencia Financiera no objetó en su momento, antes de su llegada al cargo, esos contratos.

Además se cuestionó si no sería más fácil entonces que los dos bancos mencionados devolvieran el dinero que “sin protestar” recibieron durante todos esos años.

“Por supuesto, no lo harán ni tienen porque hacerlo, pues ningún juez de esos contratos los ha declarado ilegales o nulos. Las superintendencias no tienen tampoco esa facultad, y sería un peligro para la seguridad jurídica que la tuvieran”, agregó Morales, a quien se le hace responsable fiscal de $21.590 millones.

Finalmente, Morales hizo un llamado a la Contraloría para que no se viole el debido proceso y al principio de igualdad.

“No se entiende como solo se vinculan a unos superintendentes y no a todos los que incurrieron en la conducta descrita por la Contraloría. También las versiones libres practicadas fueron citadas por unos cargos y hemos sido condenados por otros”, argumentó Morales quien aseguró que espera que en segunda instancia “la Contraloría rectifique este exabrupto”.

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Consejo de Estado tumba medidas cautelares impuestas a MEDIMAS EPS

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Medimás EPS ganó una batalla ante el Consejo de Estado que el pasado 9 de agosto de 2019, y a través de la consejera Dra. Nubia Margoth Peña Garzon de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con referencia al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos solicitados por Jorge Enrique Robledo y Jose Roberto Acosta, resolvió dejar sin efecto los autos de 23 de enero y 12 de febrero emitidos en sala unitaria por la Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, Magistrada de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

PORQUE SE HABÍAN ESTABLECIDO MEDIDAS CAUTELARES CONTRA MEDIMAS EPS

Los señores JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO Y JOSÉ ROBERTO ACOSTA, en nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en EI artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto 1983, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y CAFESALUD E.P.S. S.A., tendiente a que se protegiera el derecho colectivo al acceso al servicio público de seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

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Los actores y la Procuradora 1 Judicial para Asuntos Laborales de la Procuraduría General de la Nación, en escritos separados solicitaron a título de medidas cautelares de urgencia, ordenarles a PRESTNEWCO S.A.S., a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, al MINISTERIO DE SALUD Y a la AGENTE LIQUIDADORA DE SALUDCOOP E.P.S., en Liquidación, abstenerse de autorizar:

  1. la modificación de la composición accionaria de MEDIMÁS EPS S.A.S.,
  2. cualquier actividad encaminada a sustituir la posición contractual de PRESTNEWCO SAS por la sociedad DYNAMIC BUSINESS & MEDICAL SOLUTIONS INC – DBMS, o
  3. efectuar cualquier negociación cesionaria de los activos, pasivos y contratos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.

QUE ESTABLECÍAN LAS PROVIDENCIAS DE LA DRA. LOZZI

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 23 de enero de 2019, adicionada el 12 de febrero siguiente, decretó medidas cautelares de urgencia consistentes en que:

  1. SALUDCOOP en Liquidación y CAFESALUD E.P.S. suspendieran cualquier negociación y/o suscripción de la venta de activos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.;
  2. la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD se abstuviera de autorizar cualquier negociación cesionaria que implique el cambio de la composición accionaria de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.; y
  3. las sociedades PRESTNEWCO S.A.S. y PRESTMES S.A.S. se abstuvieran de efectuar cualquier negociación cesionaria de los activos, pasivos y contratos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.

LA APELACION Y EL ESTADO ACTUAL

La anterior decisión fue apelada por los apoderados de PRESTNEWCO S.A.S. MEDIMÁS EPS S.A.S. y el Consejo de Estado concluyó que: siendo ello así, al revisar el caso concreto, se observa que el auto de 23 de enero de 2019, adicionado el 12 de febrero siguiente, a través del cual la Magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno decretó medidas cautelares de urgencia, ha debido proferirse por la Sala, pues por disposición expresa de la ley, esta es la competente para el efecto y no el Magistrado ponente.

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Siendo ello así, en atención al deber de saneamiento que le asiste al juez, es del caso dejar sin efecto los autos de 23 de enero y de 12 de febrero de 2019, habida cuenta que la Magistrada que lo profirió carecía de competencia, por lo que, en consecuencia, se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen, con el fin de que la decisión sea adoptada por la Sala competente.

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Punto Final continúa: ADRES giró $172.304 millones a las EPS y sus beneficiarios

ADRES adelantó el pago de $172.304 millones por concepto de la deuda pendiente que tenía con las EPS colombianas.

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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- adelantó el pago de $172.304 millones por concepto de la deuda pendiente que tenía con las EPS por servicios no financiados a cargo de la UPC del 2017 y que la entidad había certificado a través del mecanismo de glosa trasversal.

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Cabe mencionar que dicho valor fue girado en su totalidad a las IPS y proveedores de servicios de salud que habían recibido la certificación de deuda, por disposición de las EPS. Estos recursos sólo podían ser distribuidos entre los centros médicos y proveedores de servicios de salud que eran titulares de las certificaciones de deuda que emitió la ADRES en 2017. Estos recursos corresponden al segundo desembolso que ha hecho la ADRES con la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo. El primer giro se realizó en julio pasado, por valor de $570.252 millones que corresponden al pago previo ajustado de los recobros de servicios no financiados con la UPC, radicados durante los meses de agosto a diciembre de 2018.

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Antioquia destina 10 mil millones para atención primaria en salud

Los recursos se destinan para fortalecer los entornos saludables a partir de la Estrategia Atención Primaria en Salud APS, desarrollada en el marco del Plan Decenal de Salud Pública.

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Mediante Decreto # 2018070004271 del 27 de diciembre de 2018 del presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2019, la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia entregó esta semana, recursos por $10 mil 414 millones a 124 municipios del departamento para fortalecer los entornos saludables a partir de la Estrategia Atención Primaria en Salud APS, desarrollada en el marco del Plan Decenal de Salud Pública.

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En ese sentido, la secretaria de Salud, Gabriela Cano, anunció una estrategia para atender menores de 15 años con problemas de salud visual y adultos mayores de 55.

Para ello, informó Cano, se dedicaron recursos por $1.500 millones.

Asimismo, el Gobierno departamental dispuso de $1.200 millones para adelantar la dotación de bancos de movilidad que faciliten la entrega de aparatos de locomoción a las personas en condición de discapacidad.

¿Cómo se entregaron los recursos?

En la reunión desarrollada en el salón Pedro Justo Berrío del Centro Administrativo Departamental CAD, se entregaron recursos por $7 mil 271 millones a 83 municipios que demostraron una ejecución superior del 85% de los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas y del 100% de la concurrencia departamental para el fortalecimiento de la estrategia APS.

Para 31 localidades que hicieron una ejecución superior al 85% del Plan de Intervenciones Colectivas pero, que por falta de ejecución deben devolver recursos de la estrategia APS, se les restringe el acceso a recursos por $2 mil 570 millones, hasta tanto no reintegren los recursos correspondientes al valor objetado, con sus respectivos rendimientos financieros.

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Y para 10 municipios cuya ejecución fue inferior al 85% del Plan de Intervenciones Colectivas, se les rebajó el 20% de los  recursos asignados en el presupuesto del 2018, y para el año 2019, la nueva asignación llega a $573 millones.

A los municipios que cuentan con Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, se les asignó un monto diferencial de $20 millones adicionales, con el fin de que en estos lugares y en las veredas aledañas se realicen las intervenciones necesarias en los Entornos objeto de la Atención Primaria en Salud.

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