EE. UU. objeta enmiendas 2024 en el reglamento sanitario internacional de la OMS por riesgos a la soberanía

Estados Unidos rechazó formalmente las enmiendas de 2024 al Reglamento Sanitario Internacional (IHR) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), argumentando que comprometen la soberanía nacional y otorgan al organismo un alcance excesivo de supervisión en políticas de salud interna.

Un paquete de reformas para fortalecer la respuesta global

Las enmiendas al IHR, aprobadas durante la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud en junio de 2024, fueron diseñadas para subsanar deficiencias puestas al descubierto en la gestión de la pandemia de COVID‑19. Entre sus principales disposiciones se encontraba la obligación de notificar potenciales riesgos sanitarios de manera más expedita, reforzando los mecanismos de intercambio de información epidemiológica entre países.

Asimismo, establecían la creación de un Comité de Emergencia Permanente, con la facultad técnica de proponer restricciones de viaje y cuarentenas preventivas en caso de detectar amenazas inminentes. Adicionalmente, se introdujeron canales de asistencia técnica y líneas de financiamiento específicas para países de bajos ingresos, con el fin de garantizar el acceso a medicaciones esenciales y recursos sanitarios en situaciones de crisis.

Argumentos de Washington: defensa de la soberanía

El rechazo estadounidense se sustentó en un comunicado conjunto del Departamento de Estado y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). En él, se señaló que las modificaciones del IHR otorgarían al Director General de la OMS potestades para ordenar medidas restrictivas basadas en “potenciales riesgos”, sin criterios suficientemente claros para definir cuándo aplicar bloqueos sanitarios o limitaciones de viaje. Esta vaguedad, según la administración, permitiría al organismo internacional intervenir directamente en políticas domésticas sanitarias y sobrepasar sus competencias tradicionales.

Los voceros oficiales insistieron en que, de no objetarse antes del 19 de julio de 2025, las enmiendas entrarían en vigor automáticamente para todos los Estados Parte, sin excepción ni posibilidad de retiro posterior. De este modo, Estados Unidos consideró imprescindible manifestar su reserva para salvaguardar su autonomía normativa.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el Secretario de Estado, Marco Rubio, defendieron esta postura como una garantía contra posibles abusos y la politización de decisiones sanitarias.

Ecos en la escena internacional

La respuesta no se hizo esperar. En el Congreso de EE. UU., legisladores de la oposición respaldaron la medida y debatieron la reducción de fondos destinados a la OMS, argumentando que era prioritario invertir en capacidades nacionales a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y USAID antes que en estructuras multilaterales.

Por su parte, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió las enmiendas como herramientas esenciales para una detección temprana y coordinación eficaz ante futuras emergencias. Aseguró que las reformas no facultan al organismo para imponer vacunas o cuarentenas sin el consentimiento explícito de los Estados Parte, y convocó a un diálogo técnico para ajustar los aspectos que generaran inquietudes sobre soberanía.

La comunidad científica internacional advirtió que la falta de adhesión de una potencia como EE. UU. podría debilitar la red global de vigilancia epidemiológica. Expertos recuerdan que la fragmentación de estándares complica la respuesta colectiva y retrasa la movilización de recursos en regiones vulnerables. El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington enfatizó que los recortes en ayuda internacional pueden resultar más letales que la propia COVID‑19, socavando décadas de avances en salud pública.

Riesgos para la cooperación y la respuesta sanitaria

Al desvincularse de las nuevas disposiciones, Estados Unidos podría interrumpir el flujo de información hacia sistemas de alerta temprana, reduciendo la capacidad de los organismos internacionales para identificar brotes antes de que se conviertan en emergencias de gran escala. Asimismo, el financiamiento comprometido para la creación de stockpiles de medicamentos y vacunas de emergencia corre el riesgo de sufrir demoras o recortes, lo que afectaría especialmente a los países de renta baja y media.

La posible adopción de enfoques nacionales divergentes en materia de preparación y respuesta pandémica amenaza con generar un mosaico de regulaciones sanitarias. Esto implicaría que, ante una misma crisis, cada país actúe con protocolos distintos, complicando la cooperación en investigación, ensayo clínico y distribución de insumos médicos.

Hacia una resolución negociada

Con el plazo de objeción ya vencido, las enmiendas se aplicarán automáticamente a todos los Estados Parte que no hayan registrado reservas. Sin embargo, la OMS ha anunciado la conformación de una mesa técnica para revisar las cláusulas más controvertidas y buscar consensos que permitan armonizar la protección de la soberanía con la necesidad de una respuesta global coordinada.

Paralelamente, Washington ha declarado su intención de explorar alianzas bilaterales con países afines y organizaciones no gubernamentales para mantener intactas sus capacidades de detección y contención, fuera del marco de la OMS.