Decreto sin Congreso: polémica por intento de implementar modelo de atención en salud por vía administrativa

Gobierno propone modelo de atención sin pasar por el Congreso, lo que genera alerta en pacientes y expertos por posible extralimitación normativa.
Decreto sin Congreso polémica por intento de implementar modelo de atención en salud por vía administrativa

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En medio del debate legislativo sobre la reforma a la salud en Colombia, un borrador de decreto elaborado por el Gobierno nacional ha generado inquietud entre organizaciones de pacientes y expertos del sector. El documento propone implementar el nuevo modelo de atención “preventivo, predictivo y resolutivo” por vía administrativa, sin aprobación del Congreso, lo que ha sido interpretado como una posible extralimitación normativa y una amenaza para la continuidad y cobertura de los servicios de salud.

Un decreto que enciende las alertas

En medio del debate legislativo sobre la reforma estructural al sistema de salud en Colombia, el borrador de un decreto expedido por el Gobierno nacional ha generado controversia entre organizaciones de pacientes, expertos legales y actores del sistema. El documento propone la implementación del llamado “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”, una de las apuestas centrales del proyecto de reforma, pero por vía administrativa y sin pasar por el Congreso.

La organización Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 asociaciones de pacientes, manifestó su rechazo al proyecto normativo, por considerar que vulnera el principio de legalidad, altera el aseguramiento sin aprobación legislativa y desconoce el control político que corresponde al Congreso de la República.

La preocupación por el marco legal y constitucional

Uno de los puntos más críticos señalados por Pacientes Colombia es que el borrador de decreto pretende modificar aspectos sustanciales del aseguramiento en salud, regulados por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016. Según los voceros de la organización, estas modificaciones deben ser debatidas y aprobadas en el ámbito legislativo, como lo establece la Constitución.

El documento también ignora el contenido del Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordena al Gobierno mantener los procedimientos legislativos regulares en las reformas al sistema de salud. Para Denis Silva, vocero nacional de Pacientes Colombia, este intento representa “un golpe blando al Congreso”, especialmente cuando los partidos del Gobierno están convocando audiencias públicas y espacios deliberativos sobre la reforma.

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Riesgos para los pacientes: continuidad, cobertura y acceso

Más allá del debate jurídico, el decreto preocupa por sus implicaciones directas en la prestación de servicios de salud. El texto elimina las funciones actuales de las EPS sin dejar claro qué entidad asumiría el riesgo financiero, lo cual, según Pacientes Colombia, pone en peligro la continuidad de tratamientos para personas con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo.

Adicionalmente, el borrador no define mecanismos de financiamiento para las redes integradas, los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), la dotación de infraestructura, los sistemas de información ni el recurso humano. Esto podría traducirse en mayor fragmentación y debilidades operativas, particularmente en zonas rurales o marginadas.

UPC y recursos públicos: preocupación por el manejo presupuestal

Uno de los aspectos más sensibles del decreto es el redireccionamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sin una base normativa clara. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, toda modificación en el uso de los recursos públicos destinados a salud debe contar con respaldo legal y garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad, continuidad y oportunidad.

En ausencia de fuentes claras de financiación para el nuevo modelo, existe el riesgo de que los recursos no sean suficientes para sostener los servicios propuestos. La historia reciente del sistema muestra cómo cambios en el flujo de recursos sin planeación técnica han derivado en cierres de IPS, desabastecimiento de medicamentos y recortes en personal.

Una reforma fragmentada: dos sistemas en paralelo

Otra de las alertas planteadas por los pacientes es la posibilidad de que se implementen dos modelos de atención paralelos: uno para las EPS intervenidas, bajo el nuevo esquema preventivo y resolutivo, y otro para las no intervenidas que mantienen el modelo actual de aseguramiento. Esta situación agudizaría la inequidad y dificultaría aún más la articulación entre actores del sistema.

La coexistencia de estos dos enfoques podría generar duplicidad de funciones, conflictos de competencia, mayor fragmentación y disparidades en el acceso a servicios según el lugar de residencia o el tipo de EPS asignada.

Llamado al Gobierno: diálogo amplio y democrático

En respuesta a estos riesgos, Pacientes Colombia solicita al Ministerio de Salud que se abstenga de emitir el decreto y convoque a un proceso de construcción participativa, transparente y deliberativa. “Cualquier transformación del sistema de salud debe contar con la participación real de la sociedad civil y respetar el marco constitucional”, sostuvo Denis Silva.

La organización también insiste en que las reformas deben basarse en estudios técnicos, evidencia presupuestal y acuerdos entre los actores del sistema, incluyendo a pacientes, profesionales, aseguradores, prestadores, entidades territoriales y el Congreso.

¿una reforma por decreto o una decisión de país?

El intento de introducir cambios estructurales en el sistema de salud por vía administrativa reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia sanitaria. La salud, como derecho fundamental, exige políticas públicas sustentadas legalmente, construidas colectivamente y evaluadas con rigor técnico.

A pocos meses de que el Congreso retome la discusión del proyecto de reforma, este borrador de decreto introduce un nuevo factor de tensión y podría minar la legitimidad del proceso si se percibe como una imposición unilateral. Para los pacientes, el verdadero riesgo no es solo normativo, sino asistencial: la continuidad del tratamiento, la oportunidad en el acceso y la estabilidad del sistema están en juego.

El sistema de salud colombiano necesita transformaciones, pero también necesita instituciones fuertes, respeto por la ley y confianza social. La pregunta que deja este episodio es clara: ¿se puede reformar el sistema sin el Congreso y sin los pacientes?

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