La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno Nacional, en medio de denuncias sobre el presunto desvío de recursos públicos que debían ser destinados a la atención médica de millones de colombianos. Las EPS investigadas son Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud.
La medida se fundamenta en un informe de 23 páginas, resultado de visitas técnicas y análisis financieros, que revela múltiples irregularidades en la gestión de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El documento fue remitido también a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría, con el fin de determinar si las acciones u omisiones identificadas constituyen faltas fiscales o penales.
Según advierte el informe, “los recursos públicos asignados para la atención en salud habrían sido dirigidos a finalidades distintas a las permitidas por la ley”. En varios de los casos analizados, “los recursos fueron girados, pero no ejecutados en los servicios contractuales, sino redirigidos a pagos sin soporte o justificación, algunos incluso con destino a paraísos fiscales”.
Uno de los puntos más sensibles señalados por la Procuraduría es el presunto incumplimiento en las metas de atención. “Se evidencia que, a pesar de haber recibido los recursos, las EPS no ejecutaron la atención en salud efectiva, sino que estos fondos fueron usados en otros conceptos no contractuales o por fuera de los parámetros legales”, indica el documento.
Coosalud, Emssanar, Asmet Salud y SOS: hallazgos críticos en giros, anticipos y trazabilidad de recursos
El caso de Coosalud genera especial atención, pues aunque esta EPS no estaba intervenida al momento del informe, se detectaron discrepancias en los registros de giros realizados entre enero y septiembre de 2024, comparados con la información financiera emitida en una circular oficial. Además, se investigan pagos a organizaciones clínicas, transferencias elevadas a terceros y posibles vínculos de sus agentes con firmas relacionadas con Mario Andrés Urán, conocido como “el lobista de la salud”. La Procuraduría solicitó información sobre el contrato laboral con Urán y la actuación del representante legal principal, Jaime Miguel González Montaño.
Emssanar también fue señalada por inconsistencias significativas. El informe reporta que “algunos anticipos no habían sido legalizados”, lo cual abre dudas sobre la trazabilidad del gasto. Además, la Procuraduría investiga un presunto sobrecosto en los pagos por material de osteosíntesis, que entre julio y septiembre pasó de $3.115 millones a $5.276 millones sin justificación suficiente. También se identificaron cuentas por cobrar por más de $20.191 millones, no compensadas con cuentas por pagar, lo que compromete la recuperación de estos fondos si no se toman acciones legales inmediatas.
En cuanto a Asmet Salud, se documentó la existencia de 12 anticipos a terceros por más de $21.000 millones, sin legalización o justificación adecuada. Estas irregularidades “afectan la certeza sobre los pagos realizados a los prestadores de servicios de salud y ponen en riesgo la recuperación de estos recursos”, detalla el documento.
La EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) presentó una diferencia de $455 millones en la trazabilidad de recursos transferidos a seis prestadores y proveedores, lo que sugiere una gestión financiera deficiente o intencionalmente opaca.
Conflictos de interés, responsabilidad administrativa y deterioro en la atención: nuevas alertas sobre las EPS intervenidas
Una preocupación transversal en todos los casos es la posible existencia de conflictos de interés. La Procuraduría identificó relaciones entre los agentes interventores y empresas vinculadas a Mario Andrés Urán, quien, según el informe, “habría priorizado contratos y giros a ciertos prestadores, lo que podría haber favorecido intereses particulares en detrimento de los recursos públicos”.
“La responsabilidad sobre el uso de los recursos públicos no se diluye por el hecho de que las EPS estén intervenidas. Al contrario, recae aún con mayor rigor sobre quienes fueron designados para garantizar su buen uso”, enfatizó la Procuraduría.
Entre las personas citadas en el proceso se encuentran, además de Jaime Miguel González Montaño (Coosalud), Luis Carlos Arboleda Mejía y César Augusto Sánchez Gutiérrez (exinterventores de Emssanar), Javier Ignacio Cormané Fandiño (exinterventor de Asmet Salud) y Carlos Marino Escobar Vázquez (exinterventor de SOS). Todos ellos deberán explicar y sustentar sus decisiones administrativas y financieras durante el período evaluado.
Uno de los efectos más notorios de la intervención gubernamental en estas EPS ha sido el aumento de quejas por parte de los usuarios. “Se identificó un aumento en las inconformidades de los usuarios tras la intervención, lo que indica un deterioro en el acceso y la calidad de los servicios de salud”, concluye el informe.
La Procuraduría solicitó inspecciones específicas en la Superintendencia Delegada para Aseguramiento de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), así como la entrega de documentos y certificados financieros actualizados por parte de las EPS. Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sistema de salud colombiano para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente, eficiente y en beneficio de la población.
