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Criterios de “Triage” – Resolución 5596 de 2015

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El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5596 de 2015 define los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias “Triage”.

Los criterios de selección y clasificación de pacientes en el “Triange” para los servicios de urgencias, se hace necesario debido el incremento que ha tenido en los últimos años el acceso al sistema de salud, en el que se han presentado casos en los cuales las consultas realizadas no corresponden a necesidades de urgencias.

Por eso, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios y el acceso a los servicios de urgencias de calidad, la Resolución 5596 de 2015 hace la selección y clasificación que permite determinar la prioridad con la cual se atenderán los usuarios, basados en sus necesidades terapéuticas y recursos disponibles.

Con este mecanismo, las IPS deben realizar una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente será atendido. El “Triage”, como proceso dinámico que es, cambia tan rápidamente como lo puede hacer el estado clínico del paciente.

Alguno de los objetivos del “Triage” consignados en el artículo 4 de la Resolución 5596 de 2015, es la de disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias.

El “Triage” no podrá ser empleado como un mecanismo para la negación de la atención de urgencias.

Categorías del “Triage”- Prioridad de la atención – Resolución 5596 de 2015

Con el fin de dar prioridad en la atención de los pacientes en un servicio de urgencias, la Resolución 5596 de 2015 hace una clasificación del “Triage” en categorías organizadas de mayor a menor.

–       Triage I: Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, perdida de miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata.

–       Triage II: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe superar los treinta (30) minutos. La presencia de un dolor extremo de acuerdo con el sistema de clasificación usado debe ser considerada como un criterio dentro de esta categoría.

–       Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico aunque su situación puede empeorar si no se actúa.

–       Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente.

–       Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano.

Los tiempos de atención no aplican en situaciones de emergencia o desastre de múltiples víctimas.

Las responsabilidades en la implementación del “Triage” y sus categorías, por parte de las IPS y las Entidades Responsables del pago de los servicios de salud, se encuentran en el artículo 6 y 7 de la Resolución 5596 de 2015.

“Triage” en urgencias de baja, mediana y alta complejidad – Resolución 5596 de 2015

En el servicio de urgencias de alta y mediana complejidad, el “Triage” se debe realizar por profesionales de medicina y enfermería. Mientras que en los de baja complejidad, el “Triage” se realizará por auxiliares de enfermería o tecnólogos en atención prehospitalaria con supervisión médica.

El personal asignado para realizar el “Triage”, debe contar con constancia de asistencia a cursos o actividades de formación en asuntos directamente relacionados con el sistema de selección y clasificación de pacientes en urgencias, “Triage”, aplicado por la Institución Prestadora de Servicio de Salud –IPS.

Las responsabilidades que tiene el personal encargado de realizar el “Triage”, están dentro del artículo 9 de la presente resolución (5596 de 2015).

Registro e Implementación del “Triage” por parte de las IPS – Resolución 5596 de 2015

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS deberán garantizar el registro de la información del “Triage” de todo paciente que ingrese al servicio de urgencias. Para tal fin, el registro deberá contener la información mínima de identificación del paciente, fecha, hora de ingreso y de realización del “Triage”, así como la clasificación del paciente.

La IPS tiene un plazo de seis (6) meses, después de la publicación de la Resolución 5596 de 2015, para implementar o ajustar su Sistema de Selección y Clasificación de Pacientes “Triage” según los criterios que determina la presente resolución.  

La Resolución 5596 de 2015 entra en vigencia a partir de su publicación.

Descargue: Criterios de “Triange” – Resolución 5596 de 2015

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Programa Nacional de Tuberculosis tendrá nuevos lineamientos técnicos

El Ministerio de Salud adopta los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis.

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El Ministerio de Salud y Protección Social, publicó el proyecto de resolución mediante el cual adopta los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis y el Plan Estratégico “Hacia el Fin de la Tuberculosis en Colombia 2016-2025”.

El proyecto contempla, entre otras cosas, la actualización de los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis de acuerdo con la generación de nuevo conocimiento e innovación en métodos de diagnóstico y manejo terapéutico de la enfermedad en el país.

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Programa Nacional de Tuberculosis

Así mismo, el documento expone que será necesario la actualización de las herramientas del Sistema de Información del Programa Nacional de Tuberculosis, en concordancia con el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación del Programa.

No obstante, dentro de las novedades del documento, cabe resaltar que las Entidades territoriales, Entidades administradoras de Planes de Beneficios- EAPB, Instituciones de Servicios de Salud- IPS, así como las Unidades de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, deberán garantizar el acceso efectivo de la población al Programa Nacional de la enfermedad, debido a que sigue siendo una de las tres que más matan, junto con el SIDA y la malaria. A nivel mundial durante el 2017 se estimaron 10,0 millones de casos incidentes de tuberculosis, se estima que hubo 1,3 millones de muertes por la enfermedad entre las personas VIH negativas en 2017 y un adicional de 300. 000 muertes por la enfermedad entre las personas VIH positivas.

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Médicos defienden su autonomía – Piden retirar dos proyectos de ley

Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Al momento de su radicación, los Congresistas y médicos de profesión, José Luis Correa, del Partido Liberal y Jairo Giovany Cristancho, del Partido Centro Democrático, anunciaron con bombos y platillos la llegada de un proyecto de ley que finalmente actualizaría, tras 38 años, el código de ética en el país.

Sin embargo la noticia de estos proyectos, no cayó bien en el grueso de agremiaciones médicas, quienes solicitaron a los representantes retirar ambos proyectos.

A través de una misiva firmada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), extendieron su solicitud a los congresistas, argumentando varios aspectos.

¿Qué le preocupa a los gremios?

En primer lugar, las agremiaciones médicas expresan su “profundo malestar” por la radicación de los proyectos de Ley 104 y el 056.

“Queremos manifestarles nuestro profundo malestar frente al alcance de los dos Proyectos que entrañan una amenaza para el ejercicio de la medicina y las especialidades médicas”, dice la carta que podrá encontrar adjunta al final de este artículo.

1. Violaciones a la ley estatutaria de salud

En primer lugar, las agremiaciones consideran que en ambos proyectos se vulneran elementos esenciales de la Ley Estatutaria como la calidad e idoneidad profesional y pilares como la Autonomía bajo el marco de la Autorregulación.

Asimismo, indican que se vulneran preceptos constitucionales como la libre asociación y la autodeterminación de las reglas que guían el desempeño de las agremiaciones en un Estado Social de Derecho.

2. No hubo participación

Por otra parte, en la carta, los gremios, expresan que no fueron tenidos en cuenta en la construcción de estos proyectos, a diferencia de como se han elaborado estos documentos en el país, donde históricamente las agremiaciones médicas han tenido un rol activo y participativo.

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“Las organizaciones firmantes que representamos a todos los médicos del país, en ningún momento fuimos consultados ni sobre las motivaciones, redacción ni contenido de los proyectos en mención, que se desmarcan del objeto definido, con claridad, en la Ley Estatutaria de la Salud”, dice el texto.

La petición de los gremios

Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios médicos solicitaron a los representantes retirar los proyectos y entablar un diálogo para exponer las necesidades del sector.

“Solicitamos respetuosamente el retiro de ambos proyectos de ley por las razones expuestas, pero con la invitación simultánea a dialogar para exponerles nuestras propuestas que aspiramos, en una perspectiva amplia, resuelvan los aspectos pendientes bajo el marco de la Ley Estatutaria de la Salud y se consolide el goce efectivo de un derecho fundamental para todos los ciudadanos”, concluye la carta.

¿Qué dice la Federación Médica colombiana?

En diálogo con CONSULTORSALUD, el presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Sergio Isaza, explicó el porqué de la molestia de los gremios y la razón por la que enviaron la carta a los representantes Correa y Cristancho.

Inicialmente, Isaza señaló que las agremiaciones médicas hicieron la petición a los representantes porque no se les tuvo en cuenta en la construcción de los proyectos, tal y como s eha hecho históricamente.

En ese sentido, el presidente de la Federación Médica precisó que los gremios médicos del país elaboraron 16 postulados que propiciaron el acuerdo nacional que antecedió a la redacción y sanción de la Ley Estatutaria de la Salud 1751 del 15 de febrero del 2015

“Lo que pedimos es que antes de que se diera iniciativa a estos proyectos se nos tuviera en cuenta, por ejemplo la ley 1164 sobre el Talento Humano en Salud la construimos entre la Federación Médica y el Colegio Médico Colombiano”, señaló Isaza.

El dirigente gremial recordó que hay una historia de proactividad por parte de los profesionales médicos en la construcción y participación en las propuestas de leyes, que hoy son leyes que funcionan y rigen.

Isaza indicó que si bien en la construcción de los proyectos pudo haber participación de algunos médicos, no se tuvo en cuenta a los gremios que representan al grueso de profesionales.

“Lo que pedimos es que cuando se vaya a tocar cualquier tema que tenga que ver con práctica profesional y la autonomía profesional, se nos consulte”, argumentó Isaza, quien aseguró que los gremios están dispuestos a trabajar en la construcción de los proyectos junto con los parlamentarios.

¿Qué dicen los proyectos de ley?

Proyecto de ley 104 – Ética Médica

El proyecto busca modificar y adicionar algunos artículos de la Ley 23 de 1981 “por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica”. 

Según los ponentes, el proyecto consiste en actualizar las normas generales y procedimentales del Código de Ética Médica, teniendo en cuenta que la relación médico-paciente es primordial durante el ejercicio profesional.

En general, el proyecto de ley actualiza o agrega apartados a diferentes artículos de la Ley 23 de 1981.

De acuerdo con Correa con la actualización se establecen los principios de la ética médica, incluyendo temas actuales como la eutanasia y el aborto.

Proyecto de ley 056 – Especialidades médicas

Este proyecto de ley tiene por objeto reglamentar las especialidades médicas y quirúrgicas, dictar disposiciones sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes y establecer reglas para el ejercicio profesional.

Según Correa con el proyecto se busca estipular qué hace una especialidad, los requisitos para ejercerla y algunas precisiones en materia de formación.

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Colombia busca adoptar Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

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El Gobierno Nacional a través de  la  aprobación de la Ley 1953 de 2019, insta al Ministerio de Salud y Protección Social a formular una política pública que establezca los lineamientos para orientar la prevención y el tratamiento de la infertilidad dentro de los parámetros de la salud reproductiva.   El desarrollo de esta política, se promueve, mediante el “sistema de seguridad social en salud” atendiendo a las disposiciones de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).

En este contexto, desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

Infertilidad en Colombia

Aunque el proyecto normativo se encuentra en borrador, permite vislumbrar en el horizonte una solución a la problemática que se enfrenta. Según estudios recientes reportan que la prevalencia mundial de infertilidad varía entre el 3% y el 16.5% en países desarrollados y entre el 3.9% y 9.3% en países no desarrollados, además de ser catalogada por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, como un problema de salud público.                                                                           

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Causas de la infertilidad

Por consiguiente, las causas de infertilidad pueden ser atribuidas a las condiciones de salud reproductivas de las mujeres, los hombres o de ambos. Al respecto, un estudio realizado por la OMS, en países desarrollados, reportó que el factor femenino estuvo asociado en el 37% de los casos, el factor masculino en el 8%, ambos factores asociados en el 35% mientras que el 20% restante fueron diagnosticados con infertilidad inexplicada. Así mismo, estima que actualmente en  Colombia hay más de dos millones de personas con problemas de infertilidad, y el costo de los tratamientos oscila entre 17 y 25 millones de pesos.

Cifras

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS) en 2015, el 12,1% de las mujeres de 15 a 49 años que desean uno o más hijas o hijos han tenido problemas de fertilidad. La situación de la infertilidad se concentra en el grupo de mujeres de 40 a 44 años con el 25.4%.

El 13.6% de las mujeres con problemas de infertilidad, han alcanzado un nivel educativo superior, seguido de las de nivel educativo básico primaria (11.5%), sin educación formal (10%) y secundaria (8%). Las mujeres con nivel de educación superior son el grupo que reporta el más alto porcentaje de consulta con un especialista (45.1%), al igual que las de los quintiles de riqueza alto y más alto (41.8% para los dos grupos), las del grupo en el quintil más bajo de riqueza reportan el menor porcentaje de consulta con especialista (31.7%) al igual que las mujeres que no están buscando más hijos (18%)

Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

La Política según el Ministerio de Salud busca entre otras cosas asegurar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Además, reglamentará el acceso a los tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistidas o Terapias de Reproducción Asistida (TRA) conforme a los lineamientos técnicos para garantizar el derecho con recursos públicos, bajo el enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos contenidos en el modelo del Plan Decenal de Salud Pública.

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Gestión y fortalecimiento institucional 

Así mismo, el proyecto que cursa en el ministerio de salud obliga a las Instituciones prestadoras de servicios salud que realicen  prevención, diagnóstico o tratamiento de la infertilidad cumplan con los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y habilitación de servicios de salud determinados en el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud.

En consecuencia, el proyecto también incluye que de acuerdo a lo establecido será el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quien tenga la competencia para la inspección, vigilancia y control de los requisitos que deben cumplir los Bancos de Gametos y Embriones y lleve el registro de estos bancos.

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