En el corazón del Catatumbo, región históricamente golpeada por el conflicto armado en Colombia, la comunidad de Aserrío, zona rural del municipio de Teorama, enfrenta una grave crisis humanitaria. El abandono del personal de salud, debido a amenazas de grupos armados ilegales, ha dejado a los habitantes sin acceso inmediato a servicios médicos básicos, exacerbando la vulnerabilidad de una población ya afectada por la violencia y el desplazamiento forzado.
Una región en conflicto y abandono
El Catatumbo, ubicado en Norte de Santander, ha sido epicentro de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc. Estas disputas no solo han generado víctimas mortales y heridos, sino también el desplazamiento masivo de familias que huyen de la violencia. A esta problemática se suma la salida del personal médico del puesto de salud de Aserrío, lo que deja a la comunidad sin atención sanitaria en un momento crítico.
Fernando Álvarez, director del Instituto Departamental de Salud (IDS), confirmó que la auxiliar de enfermería y el conductor de la ambulancia del puesto médico tuvieron que abandonar la zona debido a amenazas directas por parte de grupos armados. “Por amenazas de grupos armados, se originó la salida del personal de salud del corregimiento, dejando a la comunidad sin acceso inmediato a servicios básicos”, afirmó Álvarez en declaraciones a RCN Radio.
Impacto directo en la comunidad
La ausencia de personal médico ha tenido consecuencias devastadoras. Según el IDS, los pacientes que requieren atención médica deben trasladarse al casco urbano de Teorama, un recorrido que no solo implica costos económicos, sino también riesgos para su integridad en medio del conflicto.
Particularmente afectados están los grupos más vulnerables: mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Estas poblaciones, que suelen requerir atención médica con mayor frecuencia, se encuentran ahora en una situación de desprotección. “En varios municipios del Catatumbo, el personal de salud ha quedado expuesto al fuego cruzado y a hechos violentos, lo que ha generado alertas constantes en la región”, explicó Álvarez.
El Hospital Noroccidental, institución clave para la prestación de servicios en el Catatumbo, también enfrenta dificultades tras la salida de su médico principal. Esto agrava aún más las condiciones sanitarias en la región, dejando a miles de personas sin acceso a cuidados médicos esenciales.
Violencia y crisis sanitaria
Los recientes enfrentamientos en el Catatumbo han tenido un impacto significativo en la población. Según el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el área, al menos 11 personas han resultado heridas: seis en Tibú, cuatro en Teorama y una en San Calixto. Estas cifras incluyen tanto a víctimas directas de los enfrentamientos como a personas con condiciones de salud que no han podido recibir tratamiento oportuno debido a la falta de servicios médicos.
Grupos vulnerables, como mujeres embarazadas y niños, enfrentan enfermedades que, sin atención adecuada, pueden convertirse en situaciones críticas. Además, la falta de seguridad en la región dificulta la posibilidad de restablecer la atención médica, mientras las comunidades quedan atrapadas entre la violencia y el abandono estatal.
Esfuerzos para reestablecer la atención médica
Ante esta crisis, las autoridades locales y regionales están buscando soluciones para garantizar la seguridad del personal de salud y reestablecer los servicios médicos en las zonas afectadas. No obstante, los retos son inmensos. La Operación Mercurio, que ha creado un corredor humanitario para atender a desplazados en el Catatumbo, es un esfuerzo importante, pero insuficiente para cubrir las necesidades de una población que sigue viviendo bajo el constante temor de la violencia.
El director del IDS enfatizó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para que los trabajadores de la salud puedan regresar sin poner en riesgo su vida. “No podemos exponer a nuestros profesionales de la salud al fuego cruzado o a amenazas directas. Es necesario un esfuerzo coordinado entre las autoridades para proteger tanto a los habitantes como al personal médico”, subrayó Álvarez.
