El Ministerio de Salud y Protección Social informó que la Corte Constitucional, a través del Auto del 13 de noviembre de 2025, decidió incorporar al monitoreo constitucional las denuncias penales remitidas por la cartera. Estas incluyen tres líneas de irregularidades relevantes para el sistema de salud:
- El proceso penal adelantado por la Dirección Especializada contra la Corrupción por presuntas irregularidades en la Nueva EPS.
- Los reportes de cobros por servicios médicos a personas fallecidas en diversas EPS.
- La denuncia por recobros de medicamentos por encima del precio máximo regulado por el Estado.
El Auto ordenó, además, remitir oficialmente esta información a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que sea integrada en las investigaciones ya iniciadas por las autoridades competentes.
El Ministerio valoró la decisión, señalando que confirma la importancia de que estas denuncias sean tratadas no como simples inconsistencias administrativas, sino como hechos que “pueden configurar delitos, al implicar el posible uso indebido de recursos públicos destinados exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud”.
Irregularidades reiteradas: fallas estructurales en la intermediación de recursos públicos
Para el Ministerio, los hechos denunciados constituyen manifestaciones de un problema de mayor alcance. Según la cartera, los casos de cobros por servicios a personas fallecidas, sobreprecios en medicamentos o desviación de recursos no son hechos aislados, sino parte de una falla estructural asociada al modelo de intermediación de las EPS.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, este modelo concentra recursos públicos sin mecanismos suficientes de trazabilidad y control, lo que ha permitido la aparición de “manejos opacos, desviaciones y abusos sistemáticos”. La decisión de la Corte refuerza la necesidad de corregir las brechas en la vigilancia y cerrar espacios para prácticas irregulares dentro del aseguramiento en salud.
En línea con este diagnóstico, el Ministerio subrayó que estas denuncias afectan de forma directa el patrimonio público y erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema, dado que involucran fraudes al sistema, recobros indebidos y el uso de recursos destinados a financiar servicios esenciales para la población.
Monitoreo constitucional y ruta institucional: denuncias bajo escrutinio del Estado
La Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 dejó claro que estas denuncias harán parte permanente del monitoreo constitucional. Esta decisión implica que el sistema deberá rendir cuentas de forma periódica sobre el estado de las investigaciones, las medidas correctivas y los avances en la depuración de prácticas irregulares.
El Auto ordenó también a la Secretaría General de la Corte remitir formalmente las denuncias a la Fiscalía. Con ello, se garantiza que la información suministrada por el Ministerio no quede archivada o sin trámite, sino que se incorpore al acervo investigativo existente.
Para el Ministerio de Salud, la decisión del Alto Tribunal es una señal contundente: los hechos denunciados tienen el sustento suficiente para avanzar en una ruta investigativa clara, respaldada por el control constitucional y la coordinación interinstitucional.
Llamado a reforzar la trazabilidad del dinero público ante las denuncias penales
En su comunicado, la cartera insistió en que la decisión reafirma la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión sobre quienes administran los recursos públicos del sistema de salud.
El Ministerio sostuvo que “el modelo actual de intermediación no puede seguir operando sin controles robustos” y reiteró que se requieren esquemas que aseguren trazabilidad, auditoría permanente, supervisión directa del Estado y mecanismos de giro oportunos para que los recursos lleguen de manera directa, transparente y efectiva a hospitales y clínicas.
Esta reflexión se inscribe en el marco del debate nacional sobre la sostenibilidad y eficiencia del sistema de aseguramiento y sobre el papel que deben desempeñar las entidades administradoras de recursos frente a la garantía del derecho fundamental a la salud.
Compromiso institucional y reforzamiento de la vigilancia
El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso de entregar toda la información requerida y de acompañar las investigaciones en curso, tanto ante la Fiscalía como ante la Corte Constitucional. Señaló también que la salud, como derecho fundamental, exige la protección absoluta de los recursos públicos, bajo criterios de integridad, transparencia y rigor institucional.
La cartera recordó que el país debe avanzar hacia modelos que fortalezcan la gobernanza del sistema y cierren definitivamente las puertas a prácticas irregulares en la administración de recursos públicos.
