Corte Constitucional ordena al Minsalud informar avances en desembolso ágil de recursos hacia EPS e IPS

La Corte Constitucional, mediante el Auto 1175 de 2025, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) rendir un informe detallado sobre los resultados y avances alcanzados en la implementación de mecanismos que garanticen un desembolso más ágil de los recursos, especialmente por parte de las EPS hacia sus prestadores de servicios de salud. La decisión surge tras la valoración del impacto que tiene la oportunidad del flujo de recursos en la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

En su análisis, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 declaró dos niveles de cumplimiento: bajo y medio, lo que refleja las deficiencias persistentes en el cumplimiento de órdenes previas relacionadas con la liquidez y estabilidad del sector.

Giro directo y Acuerdo de Punto Final: incumplimientos y pagos pendientes Minsalud

La Corte evaluó el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo segundo del Auto 2882 de 2023 y señaló que no se evidenció cómo el Decreto 489 de 2024 contribuyó a mejorar la oportunidad en los pagos mediante el mecanismo de giro directo. Por el contrario, múltiples alertas reportadas por diferentes fuentes del sector dan cuenta de una problemática estructural que ha consolidado una crisis generalizada en el sistema de salud.

En el marco del Acuerdo de Punto Final, la Sala identificó un incumplimiento significativo. En el régimen contributivo, la ADRES suscribió más de 1.000 contratos de transacción; sin embargo, no se ejecutaron los $368 mil millones aprobados por el Ministerio de Salud en 2022. Al cabo de un año y medio, se pagó menos del 50% de estos recursos, lo que evidencia un rezago considerable frente a los compromisos adquiridos.

En el régimen subsidiado, el Ministerio de Salud reportó pagos efectuados en las vigencias de 2022, 2023 y 2024 que habrían disminuido el volumen de la deuda. No obstante, la Sala concluyó que la información presentada era confusa e imprecisa, lo que impidió determinar con claridad el monto real aún pendiente de pago.

Monitoreo de medicamentos y dispositivos: avances parciales

El Ministerio informó que continúa en desarrollo un sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, el cual se proyecta como una herramienta informática para sistematizar alertas y prevenir desabastecimientos. A pesar de esta iniciativa, la Corte señaló que el avance ha sido limitado y que aún no se reportan resultados concretos que permitan medir la efectividad del mecanismo.

Niveles de cumplimiento declarados

La Sala Especial de Seguimiento estableció dos niveles de cumplimiento:

• Bajo: en los subcomponentes relacionados con el mecanismo para agilizar el desembolso de los recursos, el desarrollo del sistema de monitoreo de medicamentos y dispositivos, el pago de los recursos del Acuerdo de Punto Final y la entrega de informes. En estos aspectos, no se reportaron resultados efectivos.
• Medio: en el saneamiento de la cartera del Acuerdo de Punto Final de las EPS del régimen subsidiado, dado que se adoptaron medidas que acreditan algunos resultados.

Implicaciones para el sector salud

Este pronunciamiento de la Corte Constitucional refleja la persistencia de brechas críticas en el flujo de recursos que afectan directamente a EPS, IPS y, en consecuencia, a los pacientes. La falta de ejecución completa de los pagos pactados en el Acuerdo de Punto Final, sumada a la ausencia de resultados verificables en los mecanismos de monitoreo y desembolso, refuerza la percepción de incumplimiento estructural en las políticas de financiamiento del sector.

Además, la Corte advierte que la falta de claridad en la información suministrada por el Ministerio de Salud compromete la transparencia y dificulta el seguimiento efectivo de los compromisos adquiridos, en un contexto donde la liquidez de las IPS y la confianza en las EPS dependen directamente del cumplimiento oportuno de estos desembolsos.

Entre tanto el Auto 1175 de 2025, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, pone en evidencia que, pese a los esfuerzos normativos, los avances en el saneamiento de las deudas y la agilidad de los pagos en el sector salud colombiano son limitados. Mientras el cumplimiento se mantiene entre niveles bajos y medios, el sistema enfrenta una crisis que impacta de manera directa en la operación de EPS e IPS, y por ende, en la garantía del derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.