La Contraloría General de la República elaboró el informe de análisis sobre la reforma pensional. Alli revisa la situación actual y los elementos de la propuesta en discusión; también aborda temas como la complejidad institucional, la baja cobertura, la alta inequidad del sistema pensional y su impacto fiscal. Aunque la entidad reconoce que es imperativo un cambio en las condiciones actuales, considera que la propuesta “no responde completamente a las problemáticas”.
De acuerdo con el documento, en Colombia , la capacidad de crear empleo formal y reducir la informalidad no cumple con las necesidades de la economía, un aspecto que la reforma laboral del gobierno no aborda efectivamente. Esto restringirá el crecimiento de la cobertura en protección social, destacando la necesidad de integrar las discusiones sobre las reformas sociales para evaluar su viabilidad financiera, impacto fiscal y efectos económicos de forma integral.
Respecto a la reforma pensional, se señala la exclusión de regímenes especiales, que representan una parte significativa del presupuesto en pensiones y ofrecen beneficios amplios, afectando la equidad y eficiencia del sistema. Las estadísticas actuales señalan que, de cada $100 destinados a pensiones, $40 tienen como destino a los usuarios de estos regímenes que equivalen al 17% de pensionados del país.
La reforma propone extender la cobertura pensional mediante un pilar solidario, separado de la dinámica laboral actual y enfocado en asistencia, gestionado por el Ministerio del Trabajo. Para la Contraloría, este cambio ignora la existencia de entidades con experiencia en manejar subsidios similares, como Colombia Mayor. Por otra parte, la transformación al sistema pensional limita las cotizaciones a salarios y rentas de capital, un aspecto identificado como una barrera para aumentar la afiliación y contribución al sistema, sin considerar fuentes alternativas de cotización.
En términos de equidad, la reforma pensional reduce los subsidios para altos ingresos pero mantiene un subsidio uniforme para todos los trabajadores hasta un umbral de 3 SMLMV, beneficiando a una amplia base de la población sin distinción por nivel salarial.
“La reforma pensional, al igual que la laboral, no cuenta con políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, pues tal como se expuso en el acápite de equidad, en 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10%, lo que marca la brecha entre la discusión por los derechos y la materialización de estos en la realidad nacional”, se lee en el documento.
¿Es viable la reforma pensional desde la sostenibilidad financiera?
El análisis de la Contraloría profundiza en el impacto financiero que tendría la reforma pensional. La entidad manifiesta su preocupación por el incremento en los costos proyectados, asando de representar el 73,57% del PIB en 2070 al 126% en 2100. Este incremento muestra que, durante las primeras cuatro décadas, la reforma no tendría impacto fiscal relevante en comparación con el escenario sin reforma, evidenciando sus efectos recién después de este periodo, sin mencionar la reducción en el número de afiliados que se prevé para 2036.
Asimismo, resulta crucial considerar los costos fiscales y el tiempo necesario para terminar los derechos pensionales de los regímenes de transición, buscando un equilibrio en la propuesta de reforma que garantice derechos sin exceder en protección. La definición de umbrales impactará directamente en los recursos que los afiliados destinarán a su ahorro pensional y cómo esto afecta su capacidad de financiar sus pensiones.
Por otra parte, la reforma pensional también plantea desafíos relacionados con la financiación del seguro y la continuidad de las rentas vitalicias como mecanismos de desacumulación, lo cual podría incrementar el costo fiscal y alterar la distribución de los recursos para pensiones. Es vital detallar estos aspectos para entender su impacto a largo plazo en el sistema pensional y en los recursos del Estado.
“Es indispensable que al PL se le brinde una mayor precisión, en lo referente a: nivel de gasto público requerido en relación al acceso de los beneficiarios a cada uno de los pilares esto en cuanto a la definición de las diversas opciones de acceso y otorgamiento de beneficios entre el pilar solidario y el pilar semicontributivo; suma de las semanas para alcanzar el beneficio de la pensión y la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo tanto su gobernanza como en el manejo del portafolio de inversiones de los recursos que se llevarían al mismo”, puntualiza el documento.
