La discusión de la reforma pensional, uno de los proyectos de ley más importantes para el gobierno, se retomará el martes 5 de marzo. El debate, que en teoría comenzaba el 27 de febrero, se ha ralentizado por la falta de quórum en el recinto, lo que ha obligado a suspender la votación de los impedimentos (más de 50 solicitudes, de las que se ha tramitado cerca de la mitad) en dos oportunidades.
La sesión programada es el segundo de los cuatro debates obligatorios, con el fin de evaluar la propuesta. De acuerdo con los tiempos establecidos, ésta deberá ser aprobada antes del 20 de junio, cuando culmina el periodo legislativo o de lo contrario será archivada, obligando a la radicación de una propuesta nueva y un proceso desde ceros. Actualmente, se tienen cuatro propuestas para la reforma pensional: una es el proyecto gubernamental, dos propuestas de archivo y un proyecto radicado por la senadora Norma Hurtado.
Por ahora, la balanza en el Senado parecería inclinarse por la propuesta de archivo del Centro Democrático o la ponencia del Partido de La U como segunda opción. Sin embargo, desde que el debate comenzó, el Partido Conservador anunció que votaría de manera negativa a la propuesta que cambiaría el sistema pensional del país.
“Todos los colombianos debemos cerrar filas para defender nuestro ahorro, nuestro derecho a una pensión digna que ya hemos trabajado. ¿Por qué entregar nuestros recursos al sector público que ha demostrado su ineficiencia y poner en riesgo a los fondos privados? Es como matar el pollo aliviado para darle caldo al enfermo”, escribió la senadora del Centro Democrático Paola Holguín en un comunicado publicado por el partido político.
¿Qué pasaría si se aprueba la reforma pensional?
La reforma pensional que impulsa el Ministerio del Trabajo plantea una transformación total del sistema. Según estadísticas compartidas por Colpensiones, “más de 7 millones de personas adultas mayores, donde sólo 2.3 millones tienen pensión, 1.8 millones reciben una renta del programa Colombia Mayor, y 46 mil reciben un Beneficio Económico Periódico a través del programa BEPS de Colpensiones. Esto significa que cerca de 4 millones de personas no tienen ningún amparo para su vejez“.
Si la reforma pensional se aprueba, se fusionarán los regímenes de pensión que están vigentes en el país: el público, gestionado por Colpensiones y el privado, administrado por fondos privados de pensión. Esto dará lugar a un nuevo sistema pensional que garantice seguridad, sostenibilidad financiera y ampliación de la cobertura. De esta manera, pasaremos de un sistema de reparto, donde cada trabajador activo contribuye al financiamiento de las pensiones existentes en ese momento, a un sistema de pilares que promueve la solidaridad intergeneracional.
- Pilar Solidario: Se enfoca en proteger a la población que no puede acceder a una pensión o ingreso suficiente. Este pilar se basa en el principio de igualdad y proporciona asistencia a hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años que se encuentren en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Se estima que beneficiará a más de 2 millones de personas.
- Pilar Semicontributivo: Este pilar brinda apoyo a las personas afiliadas al Sistema que no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión completa. Estas personas recibirán un beneficio económico que será financiado tanto por sus propios aportes como por una contribución del Estado.
Dentro de los cuestionamientos expuestos en el debate de la reforma pensional está la capacidad de Colpensiones. Además, se ha criticado la oleada de despidos reportada en enero, y que sería el trasfondo para el pago de favores políticos. Los despidos injustificados, denunciados por el sindicato de trabajadores -Sintracolpen- recibió el apoyo de congresistas, quienes reprobaron la conducta del presidente de la entidad, Jaime Dussán. No obstante, el funcionario se ha defendido de tales aseveraciones.
Los argumentos del Centro Democrático para archivar la reforma pensional
Para el Centro Democrático, la reforma pensional elimina la garantía de una pensión mínima para aquellos que, cumpliendo con los requisitos de edad y semanas cotizadas, no logren acumular el capital necesario para una pensión de un salario mínimo. El impacto afectaría directamente a erca de 1.7 millones de ciudadanos, en su mayoría de bajos ingresos, quienes ahora deben cotizar un mínimo de 1300 semanas para asegurar su pensión. Además, se restringe la libertad de elección del fondo de pensión para quienes cotizan hasta tres salarios mínimos, centralizando los aportes en un fondo público gestionado por el Estado, lo cual genera incertidumbre sobre el manejo y destino final de estos recursos.
Por otro lado, se suprimen beneficios existentes como la posibilidad de heredar el ahorro acumulado a otros familiares en caso de fallecimiento del cotizante, limitándolo solo a los beneficiarios por ley de la pensión de sobrevivientes. También se elimina la devolución de saldos y rendimientos para aquellos que al alcanzar la edad de pensión no cumplan con las semanas cotizadas mínimas, reduciendo así los beneficios comparados con lo que actualmente ofrecen los fondos privados. Estas medidas, junto con el incremento en la edad para acceder al subsidio del pilar solidario y a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), exponen a una desprotección adicional a los adultos mayores.
Finalmente, la reforma pensional enfrenta críticas por no abordar de manera efectiva los problemas de sostenibilidad a mediano y largo plazo del sistema pensional, al no incrementar el número de cotizantes ni garantizar la universalidad y sostenibilidad requeridas. Las propuestas alternativas que promueven el ahorro, el empleo formal, y la implementación de ahorro individual y cuentas nocionales no fueron consideradas, dejando al país y a las generaciones futuras ante la perspectiva de una nueva reforma pensional necesaria para el 2050 debido al agotamiento de los recursos.
