Contraloría detecta hallazgo fiscal por $1.466 millones en EPS Indígena Mallamás por pagos irregulares

La Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal por más de $1.466 millones en la EPS Indígena Mallamás, correspondiente a pagos irregulares de gastos de desplazamiento y permanencia a los miembros de su Junta Directiva. Estos pagos fueron financiados con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), específicamente del componente de parafiscalidad, sin que se encontraran justificados por funciones estatutarias ni por actividades propias del aseguramiento en salud.

Según la Contraloría, los pagos fueron autorizados directamente por el Gerente General de la EPS-I e incluían viáticos diarios de hasta 14 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), incluso para actividades no relacionadas con sesiones de Junta Directiva. Esta práctica contraviene los estatutos de la entidad, los cuales prohíben expresamente cualquier tipo de remuneración no vinculada al objeto social de la EPS.

El hallazgo, con posible incidencia disciplinaria, fue trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud y será objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General en coordinación con los entes de control competentes, con el fin de garantizar el uso legal, eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a la salud de las poblaciones más vulnerables.

Deficiencia en controles internos y falta de soportes documentales – EPS Indígena Mallamás

La auditoría fue realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Salud durante el primer semestre de 2025 como parte del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal. En ella se evidenció que Mallamás EPS Indígena no estableció límites, políticas internas ni mecanismos de control adecuados para garantizar el uso eficiente de los fondos públicos.

Los pagos irregulares fueron verificados en documentos contables, resoluciones internas y comprobantes de ingreso. Sin embargo, la entidad no aportó soportes suficientes que acreditaran la necesidad, la pertinencia ni los resultados de las comisiones de servicio financiadas con los recursos del sistema de salud. Esto revela una ausencia de procedimientos que permitan fiscalizar adecuadamente los gastos autorizados por la administración de la EPS.

Autonomía indígena y riesgo de sostenibilidad financiera

La Contraloría reiteró que, si bien reconoce el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, este no implica una excepción al cumplimiento de la Constitución ni del marco legal vigente. En el caso de entidades indígenas habilitadas como EPS-I, el manejo de recursos públicos de destinación específica, como los del SGSSS, debe orientarse exclusivamente a garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

Adicionalmente, el organismo de control advirtió que Mallamás EPS-I adeuda más de $302.035 millones a sus prestadores de servicios de salud y no cumple con el indicador de patrimonio adecuado, lo que compromete su sostenibilidad financiera y pone en riesgo la atención de 410.833 afiliados. Esta situación incrementa el nivel de alerta sobre el uso de los recursos y la viabilidad operativa de la entidad dentro del sistema de salud colombiano.