Consulta popular enfrenta su primer debate en el Senado: Congreso dividido sobre derechos laborales

La plenaria del Senado de la República arrancó con una de sus sesiones más intensas del año durante la discusión de la consulta popular promovido por el Gobierno Nacional como respuesta al hundimiento de la reforma laboral. A quince días de vencerse el plazo para su aprobación, el debate sobre la consulta popular refleja distintas posturas en el Congreso, con argumentos a favor que resaltan su valor democrático y propuestas de restitución de derechos laborales, y voces críticas que expresan preocupaciones sobre su viabilidad jurídica, su impacto fiscal y su alcance normativo.

La consulta popular, sustentada en el artículo 104 de la Constitución y la Ley 1757 de 2015, plantea doce preguntas que buscan restituir derechos laborales perdidos, como el pago de recargos nocturnos desde las 6:00 p. m., bonificaciones pensionales a campesinos y garantías para aprendices. Para el Gobierno, este instrumento se erige como una vía legítima de participación ciudadana ante lo que denominan “bloqueo institucional”.

Un Gobierno que apela al constituyente primario

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el encargado de abrir el debate defendiendo la iniciativa como una herramienta legal y democrática frente a la negativa del Congreso de tramitar las reformas sociales. “El ciudadano que ha visto que sus derechos se han fragmentado es el que se apela a la democracia participativa”, sostuvo, invocando la Ley 134 de 1994 para justificar la viabilidad del mecanismo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, defendió el carácter democrático de la reforma laboral al señalar que 65 de sus 83 artículos fueron modificados durante su tránsito por la Cámara. Criticó la falta de certeza sobre el recurso de apelación presentado tras su archivo en la Comisión Séptima del Senado: “Nueve semanas después no se tiene certeza de su futuro”.

Senadores como Fabián Díaz (Alianza Verde) e Isabel Zuleta (Pacto Histórico) respaldaron la propuesta con énfasis en su dimensión reivindicatoria. “Se busca devolver a los trabajadores los derechos que se les fueron arrebatados”, afirmó Díaz. Zuleta, por su parte, fue tajante: “Decirle no a la consulta popular es no confiar en el pueblo que lo eligió”.

La senadora Sandra Ramírez (Comunes) calificó la consulta como una “reparación estructural” y una oportunidad para dejar atrás un modelo económico excluyente. Inti Asprilla (Alianza Verde) criticó que ni un solo artículo de la reforma fue debatido, mientras que Antonio Correa (Partido de la U) insistió en que es una herramienta constitucional y “necesaria”.

La oposición advierte sobre costos, populismo y riesgos institucionales

En contraste, los senadores del Centro Democrático, Cambio Radical y algunos sectores del Partido Liberal expresaron su rechazo tajante. Miguel Uribe Turbay tildó la iniciativa de “estafa” y “paquete chileno” cuyo único objetivo sería prolongar el poder de Petro mediante “campaña política anticipada”.

“Lo que busca Petro es vender promesas inconclusas. Esto no resuelve ningún problema. Es una emboscada”, sentenció Uribe Turbay. Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) calificó la propuesta como una “consulta populista”, útil solo para “echar carreta”, mientras que Alfredo de Luque (Partido de la U) señaló que la propuesta es un “trámite innecesario con fines de campaña presidencial”.

Desde el liberalismo, la representante Catherine Jubinado enfatizó que ocho de las doce preguntas ya están consagradas en la ley y acusó al gobierno de inacción frente a su cumplimiento: “El gobierno no ha hecho nada para que esas leyes se cumplan”.

Uno de los puntos más controversiales es el costo estimado de la consulta, calculado en más de 700.000 millones de pesos. Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) advirtió que esos recursos son necesarios en regiones como la Costa Caribe, que enfrenta una crisis energética. “No se va a solucionar el desempleo con la consulta”, aseguró. Carlos Meisel (Centro Democrático) añadió que la medida destruiría empleo formal y fomentaría la informalidad.

Desde el Partido Conservador, la senadora Nadia Blel defendió el papel del Congreso en la creación de leyes laborales y criticó la intención de usar la consulta para suplantar sus funciones: “La Constitución es clara… esta consulta no está para suplantar el Congreso”.

Independientes y posiciones divididas

El debate también evidenció fracturas dentro de partidos como La U y el Liberal. Mientras algunos congresistas expresaron su apoyo, otros, como Alfredo de Luque, anticiparon un voto negativo.

El senador Guido Echeverry Piedrahita (En Marcha) instó a que el Congreso agote las instancias legislativas antes de avanzar con la consulta. “Este proyecto no está hundido. Es posible que la plenaria apruebe la apelación. El Gobierno debe decidir: ¿quiere consulta o quiere ley?”, cuestionó.

¿Consulta o Ley?: la encrucijada

Cabe recordar que la reforma laboral fue archivada en la Comisión Séptima del Senado, pero senadores como Fabián Díaz presentaron un recurso de apelación que podría revivirla en otra comisión. Esmeralda Hernández (Pacto Histórico) advirtió que negar la consulta usando el argumento de la apelación sería una “jugadita rastrera”, ya que el tiempo restante del periodo legislativo sería insuficiente para tramitarla.

Aunque la consulta podría convertirse en ley si supera el umbral del 30 % del censo electoral y obtiene mayoría de votos por el “sí”, varios senadores señalaron que esto no garantiza la implementación inmediata de los derechos laborales incluidos, ya que estos deben traducirse nuevamente en proyectos normativos.

Lo que viene

La discusión continuará este miércoles 14 de mayo en una nueva sesión plenaria. El Congreso deberá votar el aval o archivo de la consulta. Si es aprobada, la Registraduría Nacional tendría la tarea de organizar el proceso electoral en las próximas semanas.

Mientras tanto, el país presencia una batalla entre quienes apelan al “constituyente primario” como último recurso frente al fracaso legislativo, y quienes ven en la consulta una estrategia política costosa y sin efectos tangibles.