Colombia adopta la Política Integral sobre Sustancias Psicoactivas 2025-2033: ¿Cómo deben prepararse los hospitales, EPS y redes de salud?

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 2100 de 2025, mediante la cual adopta la la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas 2025-2033, que redefine el marco institucional y operativo del país frente al consumo de drogas. Con esta norma, Colombia consolida un cambio de paradigma: pasa de un enfoque predominantemente prohibicionista a uno centrado en la salud pública, los derechos humanos y la reducción de riesgos y daños (RRD).

La resolución, que rige desde su expedición, también deroga la Resolución 089 de 2019 y crea el Sistema Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, encargado de coordinar las acciones intersectoriales dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

¿Cuál es el panorama actual del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia?

El diagnóstico técnico sobre el consumo de sustancias en Colombia, elaborado por el Ministerio de Salud, el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) y el Instituto Nacional de Salud (INS), revela un panorama complejo con patrones diferenciados por edad, género y nivel educativo.

Panorama general del consumo

• En la población general (12-65 años), el 30,1% consumió alcohol en el último mes, con un 20,4% de uso perjudicial. El 9,8% consumió tabaco, mientras que el 3,4% (alrededor de 800.000 personas) reportó consumo de sustancias ilícitas en el último año, siendo la marihuana la más prevalente (2,7%).
• En la población escolar (12-18 años), el consumo de alcohol en el último mes alcanza el 30,08%, con edad de inicio de 13,4 años. El 11,21% ha usado cigarrillos electrónicos y el 6,7% sustancias ilícitas.
• En la población universitaria, el 56,1% consumió alcohol en el último mes y el 28,4% alguna sustancia ilícita, principalmente marihuana (26,7%) y LSD (9,7%).

Poblaciones con alta vulnerabilidad

El documento destaca condiciones críticas en grupos específicos:

• Personas que se inyectan drogas (PID): prevalencia de VIH hasta del 23,9% en Cali y hepatitis C hasta del 69,6% en Cúcuta.
• Personas privadas de la libertad: consumo de marihuana nueve veces superior al de la población general.
• Poblaciones callejeras y OSIGD (LGBTIQ+): exclusión, discriminación y falta de servicios inclusivos.
• Mujeres gestantes y lactantes: alto estigma y temor a sanciones.
• Poblaciones étnicas: carencia de servicios con pertinencia cultural.

Entre 2013 y 2020 se registraron 51.405 muertes asociadas al consumo, el 78% relacionadas con el alcohol.

¿Qué cambio de enfoque propone la nueva Política Integral 2025-2033?

La Política 2025-2033 redefine el tratamiento estatal del consumo de SPA mediante cinco ejes estratégicos y un sistema articulador que reemplaza la dispersión institucional previa.

Enfoques transversales

• Derechos humanos: garantiza trato digno, autonomía y no discriminación.
• Reducción de riesgos y daños (RRD): enfoque pragmático y humanitario.
• Diferencial y de género: respuestas ajustadas a edad, etnia, orientación sexual e identidad de género.
• Territorial e interseccional: intervenciones adaptadas a realidades locales.
• Comunitario: promueve la participación activa de las personas usuarias y de las comunidades.

Principios rectores

• Integralidad: aborda determinantes sociales y sanitarios.
• Autonomía y dignidad: reconoce decisiones informadas.
• Interculturalidad y participación: respeta saberes tradicionales e incorpora actores locales.

En el plano operativo, la APS se convierte en el eje organizador de la oferta, asegurando acceso, continuidad, participación comunitaria y coordinación intersectorial.

¿Cómo funcionará el Sistema Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas?

El Sistema Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas funcionará como el eje articulador de la respuesta institucional del Estado frente al consumo, integrando las acciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con las de otros sectores estratégicos como educación, justicia, protección social, cultura y empleo. Su propósito es garantizar que todas las intervenciones, desde la prevención hasta la inclusión social, operen bajo un marco coordinado, con responsabilidades claras y enfoque de salud pública.

En su estructura participan de manera activa las Entidades Territoriales, tanto departamentales como distritales y municipales, responsables de adaptar e implementar la política en sus jurisdicciones. Junto a ellas, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), públicas y privadas, tienen la tarea de organizar redes de atención que aseguren continuidad asistencial y accesibilidad. También intervienen la Superintendencia Nacional de Salud, encargada de la inspección y vigilancia del cumplimiento, el Instituto Nacional de Salud (INS), que lidera la vigilancia epidemiológica, y las organizaciones de la sociedad civil, que aportan capacidades comunitarias, acompañamiento y participación social.

El sistema contempla una red diversa de servicios y dispositivos de atención, que abarca desde los equipos básicos de salud y los dispositivos de bajo umbral, como los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD) y las unidades móviles comunitarias, hasta los servicios especializados de diagnóstico, tratamiento, hospitalización, atención domiciliaria y telesalud. Todos estos componentes deberán cumplir los estándares de habilitación, calidad y talento humano definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de garantizar intervenciones seguras, efectivas y culturalmente pertinentes.

Además, el Sistema Nacional de Atención se apoyará en intervenciones colectivas, canalizadas a través de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC), orientadas a la promoción de la salud, la prevención del consumo y la reducción de riesgos y daños; y en acciones individuales, centradas en la atención clínica, la rehabilitación y el acompañamiento psicosocial. Esta doble dimensión busca asegurar un continuo de atención integral, donde cada persona que usa sustancias psicoactivas tenga acceso oportuno, sin discriminación y con enfoque de derechos humanos.

¿Qué acciones y plazos establece el Plan de Acción 2025-2033?

La resolución define diez acciones estratégicas con plazos de implementación obligatorios.

Cuadro 1. Hitos trazadores y responsables

¿Cómo se aplicará la reducción de riesgos y daños en los servicios de salud?

La política reconoce la RRD como estrategia de salud pública y la convierte en componente transversal del sistema. Esto implica:

• Programas de mantenimiento con metadona y buprenorfina.
• Servicios de análisis de sustancias para identificar adulterantes.
• Distribución de naloxona y dispositivos de consumo supervisado.
• Acciones comunitarias de sensibilización frente al estigma y la exclusión.

En la práctica, estos componentes se integran en la red de atención, de modo que la estabilización, el tratamiento y la recuperación se desarrollen como fases continuas, y no como episodios aislados. El ingreso al sistema no dependerá de la abstinencia, sino del derecho a la atención oportuna.

¿De dónde saldrán los recursos y cómo se financiará la política?

La implementación será multifuente, incluyendo:

• Recursos del SGSSS (ADRES, aseguramiento y salud pública).
• Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
• Presupuesto General de la Nación (PGN).
• Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
• Recursos propios de las Entidades Territoriales.

Cuadro 2. Fuentes de financiación y aplicación

La norma exige además alinear los marcos fiscales de mediano plazo y los Planes Bienales de Inversiones en Salud con los objetivos de la política.

Así se hará el monitoreo y estas son las metas de impacto

El Ministerio de Salud y Protección Social realizará seguimiento anual y dos evaluaciones: una de medio término en 2029 y una final en 2033. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá vigilancia y control sobre el cumplimiento de metas, uso de recursos y estándares de calidad.

Indicadores clave definidos por la resolución:

• Gestión: 100% de entidades territoriales implementando la política y operando redes de bajo umbral.
• Resultado: 80% de adolescentes y jóvenes con acceso a detección temprana y 90% de quienes presentan consumo problemático con acceso a tratamiento.
• Impacto: aumentar la edad promedio de inicio del consumo de alcohol y SPA ilícitas a más de 14 años, reducir en 10% la prevalencia de consumo escolar y atender 176.000 personas con trastornos por uso de SPA a 2031.

¿Qué impacto tendrá esta política en hospitales, EPS y redes de salud?

La integración del consumo de SPA en la Red Nacional de Salud Mental obligará a los hospitales generales y especializados a reorganizar flujos asistenciales, incluir tamizaje, intervención breve y navegación, y fortalecer la atención ambulatoria y domiciliaria.

Las EPS deberán diseñar mecanismos de navegación en salud para garantizar continuidad de la atención, desarrollar rutas integradas y asegurar la detección oportuna mediante tamizajes en atención primaria.

Los prestadores de servicios (IPS) deberán adaptar protocolos de atención, habilitación y registro clínico con enfoque diferencial y culturalmente pertinente, en línea con las guías técnicas y estándares de calidad que expedirá el Ministerio.

¿Cuáles son los principales retos de implementación y gobernanza?

La ejecución de la Política Integral sobre Sustancias Psicoactivas 2025–2033 enfrenta retos significativos en el ámbito territorial. El principal es la desigualdad en capacidades locales, ya que varios departamentos y municipios carecen de infraestructura y talento humano suficiente para operar redes de bajo umbral y garantizar la continuidad del servicio.

A ello se suma la débil articulación intersectorial, pues el éxito de la política depende de una coordinación efectiva entre los sectores de salud, educación, justicia, bienestar familiar y empleo, que aún funciona de forma fragmentada.

Otro desafío clave es la sostenibilidad financiera; aunque el modelo multifuente busca diversificar recursos, requiere una gestión transparente y coordinada para evitar duplicidades o discontinuidades. Finalmente, el estigma social hacia las personas que usan drogas sigue siendo un obstáculo para la implementación plena del enfoque de derechos humanos y la aceptación de las estrategias de reducción de riesgos y daños.

El Ministerio de Salud ha previsto medidas de apoyo técnico, capacitación del talento humano y fortalecimiento institucional para nivelar las capacidades entre territorios y asegurar una implementación más equitativa y sostenible.

Hacia un modelo humanista y sostenible en salud pública

La Política integral sobre sustancias psicoactivas 2025-2033 marca un hito en la política sanitaria del país. Al ubicar la salud pública, los derechos humanos y la reducción de riesgos en el centro de la respuesta estatal, Colombia se alinea con las recomendaciones internacionales de la OMS, OPS y ONU y avanza hacia un modelo preventivo, predictivo y resolutivo. Su éxito dependerá de:

• La adopción efectiva por parte de las entidades territoriales en los primeros seis meses.
• La consolidación de redes de bajo umbral y programas de RRD.
• La integración operativa con la Red Nacional de Salud Mental.
• La coherencia en la financiación multifuente y el cumplimiento de los plazos e indicadores establecidos.

De mantenerse el cronograma y la voluntad institucional, para 2033 el país podría exhibir una reducción sostenida en la prevalencia de consumo problemático, una mayor edad de inicio del consumo y, sobre todo, un sistema de salud más inclusivo, eficiente y respetuoso de la dignidad humana.

Descargue aquí la resolución completa: