Seis exministros y exviceministros del Ministerio de Salud lanzaron una alerta nacional sobre lo que califican como un “colapso planificado” del sistema de salud colombiano. En un comunicad titulado “Por la reconstrucción del sistema de salud y la confianza de los ciudadanos”, los exfuncionarios responsabilizan al Gobierno Nacional de promover un deterioro deliberado en la financiación, la gestión técnica y la gobernanza institucional del modelo actual. Entre los firmantes se encuentran Alejandro Gaviria Uribe, Fernando Ruiz Gómez, Beatriz Londoño Soto, Juan Pablo Uribe Restrepo, Gabriel Riveros Dueñas y Norma Hurtado Sánchez, quienes reclaman restablecer la liquidez, la rectoría técnica y la confianza en el sistema, advirtiendo que “el derecho a la salud no se gobierna por decreto”.
Una crisis inducida: decisiones que debilitaron el sistema
El comunicado, difundido por un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud, sostiene que la actual crisis no es fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas que desfinanciaron, desordenaron y debilitaron la estructura del sistema.
Los exministros aseguran que el Gobierno Nacional ha intentado imponer su reforma “sin argumentos técnicos ni respaldo fiscal”, generando un deterioro progresivo de la confianza ciudadana. Citan declaraciones de altos funcionarios, como la de la entonces ministra de Salud, quien dijo que era necesario “hacer explícita una crisis”, o la del presidente de la República, quien sostuvo que “a las EPS había que dejarlas caer como un dominó”.
Estas afirmaciones dicen que evidencian una crisis inducida para justificar la reforma estructural, con impactos tangibles: aumento en las tutelas, desabastecimiento de medicamentos, cierres de servicios y precarización laboral del talento humano. “Nunca un gobierno había convertido un derecho fundamental en un escenario de confrontación política-electoral”, señalan los firmantes.
Desfinanciación progresiva y deterioro institucional
El documento advierte que la desfinanciación del sistema se ha convertido en una herramienta política que ha comprometido la operación de hospitales y clínicas. Los retrasos en los giros de la ADRES a las EPS e IPS, y la falta de aval fiscal en el presupuesto nacional, han generado un déficit sin precedentes.
Según el Observatorio de Financiamiento de Así Vamos en Salud, la deuda acumulada con los prestadores supera los 20 billones de pesos, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 34% en tutelas por salud entre 2024 y 2025, y más de 685.000 reclamos por falta de medicamentos.
Los exministros advierten que, además del problema financiero, existe una crisis de gobernanza derivada de la politización del Ministerio de Salud y la pérdida de capacidad técnica. “El sector enfrenta improvisación, inestabilidad y una ruptura de la confianza entre los actores del sistema”, indica el texto.
Reforma por decreto y advertencia constitucional
El grupo de exministros también alertó sobre el intento del Gobierno de reformar el sistema por decreto ordinario, sin el debate legislativo requerido. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente esta medida, al considerar que vulneraba la Constitución y podía afectar la salud de la población.
Así mismo, recordaron que el Proyecto de Ley 410 de 2025, actualmente estancado en el Congreso, no cumple los mínimos constitucionales ni cuenta con aval fiscal. “Cuando la política se impone sobre la evidencia, pierde el ciudadano”, sostiene el comunicado.
Para los exfuncionarios, este escenario refleja un riesgo institucional grave que compromete el derecho a la salud y la sostenibilidad financiera del sistema.
Propuestas para una reconstrucción técnica y sostenible
En su declaración, los exministros proponen un plan nacional de reconstrucción del sistema de salud con seis líneas prioritarias:
- Restablecer la confianza entre los actores mediante reglas claras y transparencia en la gestión.
- Recuperar la capacidad técnica del Ministerio de Salud, debilitada por la alta rotación y la politización.
- Garantizar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para asegurar financiación estable y equitativa.
- Cumplir con los pagos pendientes a prestadores y hospitales, reduciendo la cartera acumulada.
- Fortalecer la estabilidad laboral del talento humano en salud, base operativa del sistema.
- Diseñar un esquema de financiamiento sostenible y auditable, que garantice eficiencia y previsibilidad.
“El próximo gobierno deberá restaurar la liquidez, la estabilidad y la capacidad técnica del sistema, poniendo a los pacientes no a la ideología en el centro de la política pública”, afirmaron los exministros.
Un llamado urgente a reconstruir el sistema
El pronunciamiento de los exministros representa un punto crítico en el debate nacional sobre la salud en Colombia. Su mensaje, respaldado por evidencia financiera y jurídica, busca frenar el deterioro institucional y recuperar la confianza en un sistema que ha sido modelo en América Latina.
Mientras el Consejo de Estado evalúa la legalidad del decreto suspendido y el Congreso mantiene congelada la discusión de la reforma, los exministros coinciden en una conclusión inequívoca:
“La salud de los colombianos no puede seguir siendo rehén de la política; requiere estabilidad, evidencia y gestión técnica para garantizar el derecho fundamental a la atención”.
🔎 Encuentre aquí el documento original emitido por los exministros de Salud
