COHAN bajo la lupa: Contraloría revela pagos irregulares por más de $3.000 millones en medicamentos

La Contraloría General de la República identificó graves hallazgos en una auditoría de cumplimiento realizada a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), que comprometen recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por un valor total de $3.041 millones. Según el organismo de control, se registraron pagos indebidos por la adquisición de medicamentos que no debieron financiarse con recursos públicos, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.

Uno de los hallazgos más relevantes evidenció que durante 2024 COHAN realizó pagos por $1.251.162.740 para la compra de medicamentos que, de acuerdo con información del INVIMA, estaban clasificados como muestras médicas.

Dentro de los productos observados figuran medicamentos de alto costo como IMBRUVICA®, cuyo suministro gratuito se encuentra regulado en el país. La compra de este tipo de productos, cuyo destino no contempla la comercialización ni la facturación al sistema de salud, constituye una irregularidad en el uso de recursos públicos, así como un posible incumplimiento del principio de eficiencia en el gasto en salud.

La observación fue validada como hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, lo cual motivó su traslado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Reconocimiento de mayores valores en medicamentos con precio regulado: $1.790 millones

El segundo hallazgo señaló que COHAN realizó compras de medicamentos en los canales institucional y comercial por encima del Precio Máximo de Venta (PMV) definido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM).

El organismo de control verificó que los pagos excedieron los valores establecidos en la Circular 13 de 2022 y la Circular 19 de 2024, normas de carácter obligatorio que regulan el precio de los medicamentos en todas las fases de comercialización.

Como consecuencia, se estimó un presunto detrimento fiscal de $1.790.803.405, cifra que será trasladada a la Superintendencia de la Economía Solidaria, dado el carácter cooperativo de COHAN.

Reiteración de responsabilidades y advertencias del ente de control

La Contraloría enfatizó que ninguna entidad puede justificar el pago de medicamentos por encima del precio regulado, aun en casos excepcionales como tutelas u órdenes judiciales. De igual forma, recordó que las muestras médicas no pueden facturarse al sistema de salud ni representar un costo para el erario, ya que su distribución tiene fines exclusivamente promocionales o de acceso gratuito.

El ente de control subrayó que los recursos públicos destinados a la salud deben ejecutarse con responsabilidad, legalidad y transparencia, advirtiendo que el manejo indebido de estos fondos puede derivar en responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales.

Lo que revelan los hallazgos en COHAN sobre el manejo de medicamentos en el sistema de salud

Los hallazgos revelados en la auditoría a COHAN ponen de relieve problemas estructurales en la gestión de compras y control de precios de medicamentos en Colombia. La adquisición de muestras médicas con cargo al sistema, así como el pago por encima del precio regulado, comprometen directamente la sostenibilidad financiera del sector y cuestionan los mecanismos de vigilancia interna de las entidades cooperativas de salud.

Además, el hecho de que los recursos públicos se destinen a gastos expresamente prohibidos por la normativa plantea interrogantes sobre la eficacia de los procesos de auditoría interna, la transparencia en la contratación y el cumplimiento de la regulación vigente. En un contexto donde la sostenibilidad del sistema de salud se encuentra bajo lupa, cada irregularidad representa no solo un detrimento económico, sino también un riesgo para la confianza pública y la equidad en el acceso a los medicamentos.

El traslado de estos hallazgos a la PGN y a la Superintendencia de la Economía Solidaria también abre un escenario de posibles sanciones y responsabilidades, que marcarán un precedente para otras cooperativas y entidades del sector. Este caso subraya la necesidad de reforzar los sistemas de control preventivo, la capacitación en normativas de precios y la vigilancia sobre el uso de los recursos de la salud, con el fin de garantizar que se cumpla el mandato constitucional de eficiencia, universalidad y transparencia en el manejo del erario.