Buenaventura recibe histórica inversión en salud: $265 mil millones ejecutados entre 2022 y 2025

Las inversiones para Buenaventura, ejecutadas entre 2022 y 2025, incluyen infraestructura hospitalaria, atención primaria, transporte asistencial y salud mental.
Buenaventura recibe histórica inversión en salud $265 mil millones ejecutados entre 2022 y 2025

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En respuesta a recientes declaraciones del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que el Gobierno Nacional ha destinado $265.005 millones de pesos al fortalecimiento del sistema de salud en el distrito especial entre 2022 y 2025. Las inversiones responden a compromisos adquiridos tras la firma de los acuerdos del Paro Cívico y fueron presentadas durante la XI Comisión de Seguimiento a los Acuerdos.

Los recursos se han distribuido en cinco líneas estratégicas:

  • $28.087 millones para operar 37 Equipos Básicos de Salud y 1 Equipo Especialista, asegurando cobertura continua en atención primaria.
  • $220.829 millones dirigidos a 9 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria, fortaleciendo la red de servicios.
  • $1.109 millones para transporte asistencial, garantizando traslados seguros y oportunos.
  • $1.440 millones en la implementación de 2 unidades móviles Frisco–CAMAD, con enfoque en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas.
  • $13.540 millones para ampliación y fortalecimiento de servicios en todos los niveles de atención.

El Ministerio destacó que todas las inversiones se ejecutan “a través de las entidades competentes del sector salud, bajo estrictos procedimientos legales y administrativos”, y enfatizó que “no se han transferido recursos al Comité del Paro Cívico de Buenaventura ni a ninguno de sus integrantes”.

Aclaración sobre presunta suplantación institucional

El comunicado también responde a una afirmación del Comité del Paro Cívico en la que se menciona que el señor José Andrés Mercado Hernández habría actuado como representante del Ministerio en una reunión con el Agente Interventor del Hospital Luis Ablanque de la Plata.

Tras verificar en bases oficiales de talento humano, registros contractuales y bases de datos internas, el Ministerio aclaró: “El señor José Andrés Mercado Hernández no hace parte ni ha hecho parte del Ministerio de Salud y Protección Social, ni ha sido contratado bajo ninguna modalidad. En consecuencia, no está autorizado para actuar ni hablar en nombre del Ministerio”.

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El Ministerio rechazó “categóricamente cualquier intento de suplantación institucional”, y calificó como inaceptables los actos que generen “desinformación, estigmatización o que afecten la interlocución legítima entre el Estado y las comunidades”.

Transparencia, legalidad y vigilancia ciudadana

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con los principios de legalidad, transparencia, control fiscal y participación ciudadana, asegurando que cada peso invertido en Buenaventura “está soportado y sujeto a los mecanismos de verificación establecidos por la normatividad vigente”.

Además, expresó su reconocimiento a los liderazgos sociales y comunitarios que ejercen veeduría sobre el cumplimiento de los acuerdos del Paro Cívico, destacando su rol legítimo en la defensa de los derechos colectivos.

“Reiteramos nuestro respeto hacia las organizaciones sociales y comunitarias del territorio, en especial aquellas que participan activamente en el seguimiento a los acuerdos del Paro Cívico”, señaló el Ministerio, recordando lo establecido en la Ley 1872 de 2017.

Disposición al diálogo y seguimiento territorial

Finalmente, el Ministerio manifestó su disposición al “diálogo respetuoso, la articulación interinstitucional y el trabajo conjunto para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos”, siempre bajo un enfoque territorial y de participación efectiva.

Con esta aclaración, el Gobierno Nacional busca fortalecer la confianza institucional y garantizar la continuidad de las inversiones en salud que permitan mejorar la calidad de vida en Buenaventura, uno de los territorios más emblemáticos en la defensa del derecho a la salud con enfoque diferencial y comunitario.

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