La Gobernación del Atlántico a través de su Secretaría de Salud, informó que lidera un frente interinstitucional con la participación de autoridades de inspección y control para enfrentar una problemática centrada en la no entrega de medicamentos y fallas en la red de prestadores de servicios de salud. El pronunciamiento se produce tras reportarse que, desde el 20 de diciembre de 2025, usuarios del departamento, con énfasis en pacientes crónicos, trasplantados, oncológicos y personas con enfermedades de alto riesgo, han visto interrumpidos sus tratamientos por la suspensión de la dispensación de medicamentos.
De acuerdo con el comunicado, la situación derivó en una alerta sanitaria en el departamento, en un escenario que la Gobernación asocia a la “crisis nacional” del aseguramiento. En respuesta, se instaló una mesa de trabajo interinstitucional de carácter urgente, realizada en la sede regional de la Superintendencia Nacional de Salud, que actuó como garante.
Mesa interinstitucional con entes de control: exigencias y compromisos
La reunión convocada por la Gobernación contó con participación de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital de Barranquilla y directivos de la Nueva EPS. El objetivo, según el reporte, fue exigir respuestas inmediatas y establecer compromisos concretos para superar la crisis.
En el centro de la discusión estuvo el requerimiento de un plan de contingencia con componentes operativos verificables. La Gobernación indicó que dicho plan debía presentarse a más tardar el pasado jueves 15 de enero y que sería evaluado de forma rigurosa por la Secretaría de Salud y los entes de control.
“Situación que no admite dilaciones” el mensaje del secretario de Salud del Atlántico
El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, elevó el tono institucional al advertir que la problemática “ha superado cualquier nivel de tolerancia”. En su declaración, subrayó la urgencia clínica del abastecimiento farmacéutico y la imposibilidad de postergar tratamientos esenciales:
“Lo que antes era una excepción hoy se ha convertido en la regla general: no hay entrega de medicamentos. Un paciente con cáncer, un trasplantado o una persona con diabetes no puede esperar un fin de semana ni un trámite administrativo. Estamos hablando de la vida de las personas. Por eso exigimos un plan de contingencia inmediato, serio y operativo, que será evaluado rigurosamente por la Secretaría de Salud y los entes de control”.
El pronunciamiento conecta con el enfoque que la Gobernación reiteró en el cierre: que los trámites administrativos y las crisis financieras de una EPS no pueden estar por encima del derecho fundamental a la vida y a la salud.
Iliquidez, embargos y una deuda aproximada de $75.000 millones: lo que reportó Nueva EPS
Según la información suministrada por la Nueva EPS durante la mesa, el origen inmediato de la crisis en el Atlántico estaría relacionado con una severa iliquidez financiera y embargos judiciales, factores que habrían derivado en una deuda aproximada de $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos. Esta situación, agrega el reporte, habría provocado el cierre de los puntos de dispensación desde finales de diciembre en todo el departamento.
El señalamiento resulta clave porque asocia directamente la interrupción en la entrega de medicamentos con un bloqueo operativo en la red de dispensación, derivado de condiciones financieras y judiciales.
Evidencia técnica y afectación humana: encuesta a 1.300 usuarios y alertas territoriales
La Secretaría de Salud del Atlántico presentó un estudio técnico aplicado a 1.300 usuarios en zonas urbanas y rurales, cuyos resultados según el comunicado, evidencian la profundidad de la crisis:
- En varios corregimientos del Atlántico, la entrega de medicamentos es inexistente.
- El 95 % de las inconformidades no se reportan formalmente, lo que “oculta la verdadera magnitud del problema”.
- Usuarios en condición de pobreza deben desplazarse entre 4 y 10 kilómetros, gastando recursos mínimos de su subsistencia diaria para recibir únicamente un sello de “pendiente de entrega”.
El secretario Fajardo calificó esta dinámica como “la fila de la muerte”, al advertir que incluso el acceso a medicamentos para condiciones frecuentes como hipertensión o diabetes se convierte en un riesgo vital, especialmente en zonas rurales.
Seguimiento previo en 2025 y escalamiento en enero de 2026
La Gobernación reportó que, durante 2025, la Secretaría de Salud realizó de manera permanente mesas técnicas de seguimiento y evaluación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que operan en el departamento y con organismos de control, para analizar PQRD, indicadores de oportunidad en entrega de medicamentos y fallas en la red de servicios. Sin embargo, el monitoreo posterior evidenció incumplimientos reiterados y resultados insuficientes frente a compromisos previos.
Como parte del escalamiento institucional, el martes 13 de enero de 2026 se llevó a cabo una reunión técnica con secretarios de salud municipales para consolidar información territorial, sistematizar alertas tempranas y recoger reportes directos por municipio, con miras a la toma de decisiones departamental y activación de acciones correctivas y de control.
Lo que debe incluir el plan de contingencia: dispensación, cobertura y barreras rurales
La exigencia institucional apuntó a que el plan de contingencia sea integral y no se convierta en una solución parcial concentrada en Barranquilla. De acuerdo con el comunicado, el plan debe incluir:
- Red de dispensación clara y funcional.
- Cobertura real en los municipios del Atlántico, no solo en Barranquilla.
- Medidas que no se conviertan en nuevas barreras para población rural, como trámites exclusivamente virtuales.
La EPS informó estar en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico, indicando que el ofertante tendría 48 puntos de atención. No obstante, la Secretaría de Salud expresó preocupación por la falta de claridad sobre la presencia efectiva del gestor en los 22 municipios del departamento.
En ese marco, la Nueva EPS planteó realizar “entregatones” masivas y el uso de un link virtual para captura de fórmulas. La Gobernación anunció vigilancia para evitar que estas medidas terminen replicando barreras, especialmente para población rural.
Continuidad de servicios: prórroga del contrato con la IPS UT Bienestar hasta abril de 2026
En materia de prestación de servicios, el reporte señaló que se solicitaron garantías para continuidad inmediata tras confirmarse la prórroga del contrato con la IPS UT Bienestar hasta abril de 2026. Según la información suministrada, esta extensión permitiría mantener atención en consulta externa, medicina general y hospitalización.
Reconocimiento de la crisis y expectativa de flujo de recursos: declaración de la gerente regional
La gerente regional Zona Norte de la Nueva EPS, Olga Patricia Taborda, quien asumió el cargo recientemente, reconoció la magnitud de la situación y afirmó que se adelantan gestiones a nivel nacional. En su declaración, sostuvo:
“Sabemos que tenemos dificultades en la entrega de medicamentos y en la prestación del servicio debido a una iliquidez temporal y embargos. Estamos comprometidos en la solución de estas dificultades. Mañana (hoy) entregaremos formalmente el plan de contingencia y confiamos en que la nueva composición accionaria de la EPS, con un 52 % en manos del Estado, permita mejorar el flujo de recursos”.
Tutelas, desacatos y vigilancia fiscal: la respuesta de Personería y Contraloría
En el componente de control, la Personería informó que existen 42 desacatos a tutelas contra la Nueva EPS en el Atlántico. A su vez, la Contraloría anunció el inicio de un plan especial de vigilancia fiscal y administrativa durante el primer semestre de 2026.
Los asistentes se declararon en “acción permanente” para seguimiento y posibles acciones futuras, dependiendo del plan de contingencia y de su efectividad real.
Un pulso institucional con enfoque en resultados verificables
La Gobernación del Atlántico cerró el pronunciamiento insistiendo en que no permitirá que trámites administrativos o crisis financieras se impongan sobre el derecho fundamental a la salud. En la frase final del secretario Fajardo, se reiteró la disposición a escalar el caso: “Atlántico se cuida. Y cuando se trata de la salud de nuestra gente, no vamos a bajar la guardia. Si no hay soluciones efectivas e inmediatas, elevaremos esta situación a todas las instancias nacionales que sean necesarias”.
La administración departamental anunció que continuará informando de manera transparente sobre avances, hallazgos y decisiones relacionadas con la contingencia, en un escenario donde el desempeño del plan exigido a la Nueva EPS será el punto de verificación central para autoridades y entes de control.
