Asmet Salud EPS: Gobierno prorroga la intervención por un año más y mantiene vigilancia reforzada

El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud confirmaron la prórroga de la intervención forzosa administrativa a Asmet Salud EPS hasta mayo de 2026. La medida se adopta ante los pendientes críticos en su plan de recuperación y mantiene bajo escrutinio a una EPS con más de 1,5 millones de afiliados en nueve departamentos y Bogotá. Este artículo analiza el impacto estructural de esta decisión, los desafíos en la operación de la EPS y las implicaciones para el sistema de salud colombiano.

Contexto regulatorio y razones de la prórroga

Mediante la Resolución 153 del 9 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud prorrogó por un año adicional, hasta el 11 de mayo de 2026, la medida de intervención forzosa administrativa a Asmet Salud EPS. Esta decisión, de carácter excepcional, responde a la necesidad de corregir fallas persistentes en los frentes financiero, asistencial y administrativo de la entidad.

Según el análisis técnico de la Superintendencia Nacional de Salud, los ítems pendientes del plan de mejora aprobado en la primera fase de intervención no han sido resueltos satisfactoriamente, por lo cual se considera necesario mantener la vigilancia reforzada.

Al momento de ser intervenida, Asmet Salud EPS contaba con alrededor de 2 millones de afiliados. Hoy, la cifra se redujo a 1.566.099 usuarios, de los cuales 1.498.960 pertenecen al régimen subsidiado y 67.139 al contributivo.

Cobertura territorial y perfil poblacional

Actualmente, Asmet Salud EPS presta servicios en los departamentos de Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además de la ciudad de Bogotá.

Esta presencia geográfica concentra su operación en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso, donde cumple un rol crítico como único asegurador disponible en muchos municipios de categoría 5 y 6. La importancia de su permanencia en estas regiones radica en garantizar el derecho a la salud de una población altamente vulnerable.

Distribución actual por régimen:

• Régimen subsidiado: 1.498.960 afiliados
• Régimen contributivo: 67.139 afiliados

Avances y pendientes del proceso de intervención

Desde el inicio de la medida, la EPS ha estado bajo la dirección de una agente especial interventora, quien continuará en funciones durante la prórroga. En su más reciente comunicado, Asmet Salud expresó su compromiso con el uso eficiente de los recursos, el cumplimiento normativo y la mejora en el relacionamiento con su red prestadora.

• No obstante, los resultados aún presentan desafíos importantes:
• Persisten retrasos en los pagos a la red prestadora.
• Las tasas de oportunidad y calidad continúan por debajo del estándar.
• Los sistemas de auditoría interna requieren fortalecimiento.
• Hay fallas en la articulación con entidades territoriales y vigilancia epidemiológica.

Enfoque del Gobierno: sostenibilidad, vigilancia y derechos

El Gobierno Nacional ha reiterado que las intervenciones no deben entenderse como sanciones punitivas, sino como herramientas para la recuperación institucional y la protección del derecho a la salud.

En el caso de Asmet Salud, el objetivo es:

• Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para más de 1,5 millones de personas.
• Asegurar que los recursos públicos lleguen efectivamente a prestadores y pacientes.
• Recuperar la estabilidad financiera y operativa que permita la continuidad del aseguramiento.

La agente interventora deberá entregar informes periódicos de gestión, que incluyan el cumplimiento del cronograma de acciones, indicadores de oportunidad, satisfacción y estado financiero, para permitir un seguimiento técnico riguroso.

¿Por qué aún no se levanta la intervención?

La decisión de mantener la intervención responde a factores estructurales complejos que han limitado el cumplimiento del plan inicial:

• Sistemas de información débiles, que dificultan la trazabilidad del cumplimiento.
• Alta concentración del riesgo asistencial en territorios con baja capacidad instalada.
• Pasivos acumulados con prestadores, que afectan el flujo financiero.
• Entornos territoriales con conflictos de orden público, que dificultan la operación.

A ello se suma la reducción de su población afiliada, lo cual probablemente obligó a rediseñar la red de servicios y ajustar el modelo operativo, con impactos sobre los indicadores de desempeño.

Lo que debe demostrar Asmet Salud en este año adicional

De acuerdo con el Decreto 780 de 2016, las EPS bajo intervención deben acreditar:

• Mejoras progresivas en los indicadores financieros.
• Satisfacción y pago oportuno a su red prestadora.
• Continuidad y calidad en la atención de los afiliados.
• Implementación de auditorías clínicas y gestión del riesgo.
• Cumplimiento de las rutas de atención y prescripción a través de MIPRES.

El reto será convertir estos compromisos en resultados verificables, en especial en contextos donde persisten denuncias ciudadanas por negación de servicios, demoras prolongadas y barreras administrativas.

¿Recuperación o camino a la liquidación?

El próximo año será definitivo para el futuro de Asmet Salud EPS. Si no demuestra avances estructurales reales, las autoridades podrían optar por:

• Revocatoria parcial o total de su funcionamiento.
• Liquidación forzosa, como ha ocurrido con otras EPS intervenidas.
• Integración o absorción por otras aseguradoras, si se considera inviable su recuperación.

La evaluación técnica de los informes de gestión será clave para determinar si la EPS puede salir del régimen de intervención o si debe activarse un proceso de salida definitiva del sistema.

Una oportunidad para aprender del sistema

La situación de la EPS constituye un caso emblemático para el sistema de salud colombiano. Más allá de los desafíos operativos, representa una oportunidad para evaluar la eficacia de los mecanismos de intervención estatal frente a entidades en crisis.

La prórroga no solo debe interpretarse como una extensión temporal, sino como una oportunidad para demostrar que es posible rescatar EPS con altos niveles de riesgo, siempre y cuando exista una vigilancia activa, voluntad de mejora y capacidad técnica para implementar los cambios necesarios.