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Así será la nueva Supersalud – Proyecto de Ley

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Durante el ‘Taller Construyendo País” el presidente de Colombia, Iván duque, expuso que uno de los grandes retos que tiene el gobierno son fortalecer la Superintendencia de Salud y castigar a quienes han hecho fraude al sistema.

Añadió “Fortalecer la capacidad de la Superintendencia para que pueda poner en cintura a muchos de los que abusan, y eso implica también fortalecer el mecanismo de sanción de la Superintendencia. Una Superintendencia cuya sanción máxima no supera los dos mil millones de pesos, es vista con burla por parte de muchos actores”.

El mandatario de estado insistió en que debe haber un cambio regulatorio del sistema de salud. Es necesario que las EPS cumplan con una atención digna, con altos estándares de calidad y una cobertura robusta que vele por los derechos que tiene los colombianos en la atención en salud. De igual manera, ratificó que debe caer todo el peso de la ley a las entidades prestadoras de salud que comentan fraude, que no aseguren a sus pacientes las garantías básicas oportunas para la prestación del servicio.

“Por eso hay que fortalecerla y llevarla a denunciar, y a denunciar severamente; la corrupción en el sistema de salud es lo peor que le puede pasar a un país. Hay que introducir el concepto de calidad, para que podamos cerrar aquellas que abusan de los ciudadanos”, aseveró.

Proyecto de ley Supersalud

El proyecto de Ley tiene 4 alcances

1. Catálogo de sanciones:

El primero de ellos está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud. Esto incluye la adopción de un catálogo de sanciones más amplio en el que se contempla, además de las ya existentes, las multas sucesivas, la suspensión del certificado de autorización, cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios y la remoción del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas, si se comprueba que autorizó, ejecutó o toleró conductas violatorias de las normas del Sistema General de Salud.

La consecuencia directa de la sanción de remoción del cargo es la inhabilidad por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta disposición representa toda una novedad frente a los infractores al sistema que con la normatividad vigente ejercen una actividad de “puerta giratoria”, pasando de un cargo a otro en el sistema y de lo público a lo privado, sin que se generen consecuencias por su actuar doloso y dañino frente a las entidades de salud de las que hacen parte.

Respecto de las sanciones vigentes, el proyecto endurece la sanción de multa, que ahora pasan de un máximo de 2.500 SMLV a 8.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta de 1.000 SMLV para personas naturales.

Multas sucesivas: Se establecen también multas sucesivas hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y de hasta 300 SMLMV a personas naturales, a quienes incumplan órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa. Por ejemplo, si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.

Caducidad de la facultad sancionatoria: En el proyecto también se propone la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de 3 a 5 años, teniendo en cuenta que los 3 años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos.

Termino de la vía gubernativa: Así mismo, se plantea el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de 1 a 2 años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado) a efectos de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Nuevas conductas sancionables

La iniciativa, que iniciará su curso en el Congreso, establece nuevas conductas que serán sancionadas. Como por ejemplo: Quienes no reporten información con calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y transparencia; obstruyan las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud; impida o no autoricen el acceso a sus archivos e instalaciones; incumplan los compromisos obligatorios de pago producto de las mesas de saneamiento de cartera, acuerdos conciliatorios y cualquier otro acuerdo de pago; no brinden un diagnóstico oportuno y/o apliquen descuentos directos sobre los pagos a realizar a los prestadores de servicios de salud sin previa conciliación e incumplan los planes de mejoramiento suscritos en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la Supersalud.

De igual forma, en aquellos casos, cuando se presente un hecho grave en una ciudad, que debe investigar o atender la secretaría de salud municipal, la Superintendencia podrá hacer valer su competencia preferente y asumir la investigación.

2.  Juez especializado en asuntos sectoriales

El segundo alcance está enfocado en consolidar al Juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud, permitiéndole a la entidad emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.

Según el Superintendente Aristizábal, en la actualidad, solo dos de los asuntos jurisdiccionales que debe atender la Entidad involucran directamente la salud del usuario. Estos deben ser la prioridad. Los otros cinco son temas de contenido económico que requieren un tiempo mayor para decidir por tratarse de devoluciones, glosas o recobros de lo no POS.

Por este motivo, el proyecto propone la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional, priorizando la salud y la vida y buscando alcanzar estándares de calidad científica y jurídica para emitir sentencias responsables con la sostenibilidad financiera del sector y con la eficiencia del gasto público, acordes con principios como el de universalidad sin dejar de lado la protección del derecho a la salud.

De esta manera, el proyecto contempla que se decidan en 20 días las demandas que tienen que ver con negación de cobertura del POS, conflictos de multiafiliación, conflictos de libre elección y movilidad, y prestaciones excluidas del POS.

En 60 días lo que tiene que ver con reembolsos económicos de gastos médicos. Y 120 días para todo lo que sean devoluciones o glosas.

3. Límites a los procesos de reorganización:

El alcance tres contempla que el Gobierno Nacional pueda fijar los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias, con el objetivo de que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, especialmente, cuando se encuentran en medida especial.

4. Instrucciones contables

Finalmente, el alcance cuatro, faculta a la Supersalud para emitir instrucciones contables a sus vigilados, frente al reconocimiento, presentación y revelación de los estados financieros.

Problemas de la Supersalud

Duque instó que las entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y entidades territoriales han presentado durante años una falla recurrente en el sistema debido a las malas administraciones y el uso inadecuado de la cartera, además impartió instrucciones a los diferentes actores para que se cumplan los protocolos en la asistencia médica y hospitalaria, las cuales comprenden, entre muchas otras, la atención de urgencias, suministro de medicamentos, rehabilitación etc.

Dijo que está trabajando de la mano con el titular de esta cartera, Juan Pablo Uribe, y con el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, para atender y solucionar esos problemas del sector salud.

“No solamente en identificar un programa que nosotros llamamos ‘Punto Final’, donde, primero, podamos sanear la deuda que tiene la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), con el sistema, sino que adicionalmente podamos exigirles a muchas EPS que respondan oportunamente por sus obligaciones en la red hospitalaria”.

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Tribunal confirma liberta del expresidente de Saludcoop

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) por vencimiento de términos.

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) días antes de que comience un nuevo juicio en su contra. Tras la decisión del tribunal, Palacino solamente tendrá dos restricciones mientras se lleva a cabo su juicio: no podrá relacionarse con las directivas de las empresas que anteriormente dirigía y tampoco podrá salir del país.

Recordemos que, el caso contra Palacino  se hizo efectivo hace más de un año, cuando la Fiscalía encontró méritos suficientes para ordenar la captura del hombre que fue el ‘zar’ de las EPS durante casi dos décadas.

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Hallazgos presentados por la Fiscalía en el caso “Palacino Saludcoop”

Según los hallazgos encontrados en su momento por el ente acusador, el desvío de recursos habría sido de 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de la Unidades de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se le reconoce por cada afiliado y donde los investigadores encontraron anomalías en las bases de usuarios, como 240 afiliados mayores de edad registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil, además de rentas parafiscales  que fueron el detonante para enviarlo preso.

Sin embargo, es importante resaltar también que entre los hallazgos de la fiscalía esta lo ocurrido entre 2000 y 2004 cuando se descubrió que la EPS Saludcoop, estaba  incrementado presuntamente su  patrimonio con el dinero que solo podía dirigirse a la salud.  Además, según la fiscalía esas irregularidades habrían orquestado incluso inversiones en el exterior, para aumentar la planta de la EPS y para hacer préstamos a socios y trabajadores.

De acuerdo con el ente acusador, la libertad de Palacino fue otorgada tras el  vencimiento de los términos en su caso, esto como consecuencia de la dilatación en la audiencia de la lectura de la acusación.

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Cartera laboral contará para el 2020 con un presupuesto de $27,8 billones

Por segunda vez, fue sustentado presupuesto para los programas y proyectos de la cartera laboral. El total asignado para este año es de $24,9 billones y para 2020 será de $27,8 billones.

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Hace unos días, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, sustentó por segunda vez, el presupuesto del presente año y lo asignado para 2020, para los programas y proyectos de la cartera laboral.

En esta ocasión, lo hizo ante la Comisión Séptima del Senado de la República y la titular de la cartera reiteró que el presupuesto total asignado para este año es de $24,9 billones y para 2020 será de $27,8 billones, dentro de los cuales se destacan las asignaciones para las pensiones y para la implementación del programa Colombia Mayor.

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La ministra aseguró: “Esto representa un crecimiento del 12 por ciento frente a 2019 y cuyo crecimiento está concentrado para funcionamiento”.

En el tema de inversión dijo que para 2020 el presupuesto será de 1.66 billones para temas misionales, el Fondo de Solidaridad y para las víctimas, entre otros.

Esquemas de generación y formalización del empleo

Por consiguiente, indicó la funcionaria, en temas misionales, se trabajará en esquemas de generación y formalización del empleo y reducción de brechas entre hombres y mujeres; robustecimiento de los derechos fundamentales y el diálogo social; equidad laboral; fortalecimiento de la gestión del sector trabajo, en donde está el cumplimiento de los compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, la Comunidad Andina y la OCDE.

Finalmente, Arango Olmos recalcó la importancia de programas de protección social para las personas menos favorecidas y la destinación del presupuesto para formación para el trabajo, en donde los jóvenes se puedan formar en las empresas porque conservan más el empleo, que las que se forman por fuera, aseguró.

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En el debate también intervinieron el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez; la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa; y entidades como el SENA y el ICBF.

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La “JIFE” hace ajustes a la agroindustria del cannabis en Colombia

La JIFE lanza seminario en Quito, organizado por el Gobierno de Ecuador, para el control de drogas en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lanzó un seminario de capacitación en Quito, organizado por el Gobierno de Ecuador, para más de 40 funcionarios de control de drogas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Perú.

El seminario de capacitación es la primera actividad del proyecto global de aprendizaje de la JIFE que se implementará en América del Sur y cuenta con el apoyo de una contribución de los Estados Unidos. 

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Objetivos para el monitoreo de cannabis

El objetivo del seminario de capacitación es ayudar a los países participantes a mejorar el monitoreo y la presentación de informes, y a garantizar que el cannabis estén disponibles para fines médicos y al mismo tiempo evitar la desviación hacia canales ilícitos, el abuso o el tráfico.

Ajustes de la industria del cannabis en Colombia

Así mismo, la JIFE confirmó que en Colombia el consumo interno de cannabis con fines medicinales e investigación no podrá superar las 1,2 toneladas y los 750 kilos para este año.

Para Colombia en el periodo anterior la JIFE había determinado una provisión de 40 toneladas. Sin embargo, Rodrigo Arcila, presidente de Asocolcanna, gremio que reúne a las principales industrias de cannabis medicinal en el país, dio un parte de tranquilidad al señalar que el ajuste obedece a las dinámicas propias del mercado en Colombia, pues si bien tiene altas de expectativas, los componentes de producción y consumo están apenas naciendo y a la espera de ajustes reglamentarios.

En ese sentido, el líder gremial consideró que la noticia más que una preocupación se convierte en una motivación para ajustar las cargas de cara al 2020, “cuando las empresas estarán mejor alineadas para responder a los retos que exige esta agroindustria del cannabis medicinal”. 

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