A pocas semanas de que el Gobierno defina el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) presentó un cálculo propio según el cual la UPC 2026 debería aumentarse en 17,33% para garantizar la correcta atención de los colombianos afiliados, especialmente del régimen contributivo.
El ejercicio se realizó con la misma metodología actuarial utilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y se apoya en la información de las EPS agremiadas, que representan el 61,4% de los afiliados del régimen contributivo.
Cálculo de ACEMI se basa en datos validados del régimen contributivo
Según ACEMI, el cálculo de la UPC para 2026 partió del gasto en salud reportado en 2024, al que se le aplicaron ajustes por inflación y crecimiento de las frecuencias de uso de servicios. La información utilizada corresponde a la reportada por las EPS al Ministerio de Salud para el estudio de suficiencia, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.
El Ministerio de Salud y Protección Social, al cierre de noviembre de 2025, entregó a las EPS el resultado del análisis de suficiencia que sirve de base para el cálculo oficial de la UPC. De acuerdo con el comunicado, una vez depuradas las bases de datos, el MSPS validó el 93,8% de la información reportada, porcentaje sobre el cual ACEMI adelantó su propio ejercicio de cálculo.
En este contexto, ACEMI resume así los principales resultados de su ejercicio técnico:
- La UPC del régimen contributivo para 2026 debería ajustarse en 17,33%.
- La UPC legal del régimen contributivo debería ubicarse en 1.785.164 pesos a partir del 1 de enero de 2026.
- En el régimen subsidiado, la UPC sería de 1.552.403 pesos si se aplica la misma proporción de ajuste.
¿Por qué ACEMI propone un aumento del 17,33% en la UPC 2026?
ACEMI señala que el proceso de construcción de la UPC para este año se realizó sin modificaciones de la metodología, pese a que la Corte Constitucional ordenó en enero de 2025 revisar dicho esquema. La Asociación advierte que nuevamente se presentaron eliminaciones significativas de registros en las bases de datos, correspondientes a servicios efectivamente prestados a los pacientes.
En el caso específico de las EPS afiliadas a ACEMI, el comunicado indica que se eliminó el 6,3% del gasto en salud durante los procesos de calidad de la información. Este porcentaje representa más de 2,1 billones de pesos que el sistema de salud ya consumió, pero que no se tendrán en cuenta para el cálculo de la UPC. Según la agremiación, esta depuración deriva en una subestimación de la prima reconocida a las aseguradoras.
Adicionalmente, cuestiona la incorporación de análisis realizados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) como ejercicios de contraste en el proceso de cálculo de la UPC. La Asociación considera que estos análisis son “controvertibles técnicamente”, no hacen parte de la competencia directa de la ADRES y presentarían errores metodológicos y conclusiones que inducen a error, por lo que no deberían incidir en el resultado final de la prima para 2026.
Depuración de datos, siniestralidad histórica y déficit del sistema
La agremiación insiste en la necesidad de contar con un proceso de retroalimentación suficiente y detallado en el análisis de la información. En el comunicado, se recalca que el diálogo técnico, la estandarización de los reportes y lineamientos claros desde el Ministerio de Salud son elementos clave para evitar la eliminación de registros y consolidar una base cierta del gasto en salud del país. A juicio del gremio, una prima insuficiente se traduce en un sistema deficitario, con agentes que operan en condiciones de precariedad y una afectación directa a pacientes y usuarios.
Entre los datos más relevantes destacados por ACEMI se encuentran:
- La mayor siniestralidad registrada en la historia del sistema, con un indicador agregado superior al 111% para todas las EPS.
- El impacto negativo de las EPS intervenidas en ese indicador, sin información disponible de la Nueva EPS.
- La estimación de un déficit de 9 billones de pesos al 31 de diciembre de 2025.
- La acumulación de déficits de años anteriores reflejados en carteras atrasadas entre los distintos agentes del sistema.
Según la Asociación, este comportamiento evidenciaría que la necesidad de ajuste de la UPC para 2025 era mayor al incremento finalmente aprobado por el Gobierno. Bajo este escenario, ACEMI advierte que la situación de desfinanciamiento no debería prolongarse un año más.
¿Qué rol juegan el presupuesto de 2026 y las órdenes de la Corte Constitucional?
ACEMI recuerda que la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, a comienzos de 2025, recalcular la UPC desde 2021 y revisar la metodología utilizada. De igual forma, el alto tribunal subrayó la importancia de efectuar el pago oportuno del componente de Presupuestos Máximos, que cubre buena parte de los medicamentos de alto costo. ACEMI afirma que ambas órdenes han sido desacatadas por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con las estimaciones de la Asociación, los recursos adicionales requeridos para garantizar un ajuste técnico de la UPC del 17,33% en 2026 serían del orden de 15,3 billones de pesos. El Presupuesto General de la Nación para el sector salud en 2026 contempla un aumento del 17,0%, equivalente a 10,5 billones de pesos adicionales frente al presupuesto actual.
Asimismo, agrega que, además de los recursos del Presupuesto General, existen fuentes adicionales como las contribuciones parafiscales y las rentas cedidas a los entes territoriales, entre otras, que podrían contribuir a financiar el ajuste propuesto a la UPC 2026. No obstante, enfatiza que la asignación de estos recursos depende de las decisiones que tome el Gobierno Nacional en las próximas semanas.
Llamado de ACEMI a priorizar el aseguramiento y revisar la metodología
Por otra parte, ACEMI enfatiza que resulta urgente priorizar el aseguramiento en salud frente a otros usos del gasto público sectorial. Señala que no es compatible una mayor inversión en infraestructura y equipos básicos de salud con un desfinanciamiento persistente de la UPC, que constituye el principal mecanismo de protección financiera de la población dentro del sistema general de seguridad social en salud.
La agremiación sostiene que concentrar recursos en infraestructura mientras se mantiene una prima insuficiente puede convertirse en una decisión poco costo-efectiva, que terminaría asociada a mayor enfermedad y mayor gasto en el tiempo. Este planteamiento se formula en el contexto del debate sobre la asignación de los recursos adicionales previstos para el sector en 2026.
Finalmente, hace un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que, a través de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, se adelante en las semanas restantes de 2025 un cálculo de la UPC riguroso, reproducible y suficiente. La Asociación insiste en la necesidad de acatar las órdenes de la Corte Constitucional y atender la crisis que enfrentan los pacientes y los actores del sistema, como parte del deber constitucional de quienes toman las decisiones sobre la financiación del aseguramiento en salud.
