Los sistemas de salud deberán ampliar sus capacidades de prevención y preparación para enfrentar amenazas que podrían provocar pérdidas de miles de millones de años de vida saludable durante las próximas décadas. Esta es una de las principales conclusiones de una nueva Comisión de The Lancet, que evaluó 17 riesgos globales relacionados con enfermedades crónicas, desigualdad, cambio climático, conflictos armados y tecnologías emergentes, y presentó recomendaciones para anticipar sus consecuencias hasta el año 2100.

El documento, The Lancet Commission on 21st century global threats to health, fue publicado el 10 de octubre de 2026 y presentado un día después en la Cumbre Mundial de la Salud de Berlín. Su elaboración reunió a 35 especialistas de distintas disciplinas y se apoyó en análisis del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), con información de 204 países y territorios. Entre los participantes de la Comisión figura Juan Pablo Uribe, exministro de Salud y Protección Social de Colombia.

La preparación sanitaria debe abarcar riesgos más allá de las enfermedades

La propuesta central de la Comisión consiste en integrar la anticipación de amenazas en las decisiones de los gobiernos y las instituciones sanitarias. Para los investigadores, la respuesta no puede depender exclusivamente de intervenciones desarrolladas después de una emergencia, especialmente cuando existen riesgos cuyos efectos pueden extenderse durante décadas.

El análisis incorpora factores que tradicionalmente se estudian por separado, como los problemas de salud mental, la resistencia antimicrobiana, la inestabilidad económica y los conflictos internacionales. Aunque sus mecanismos de impacto son diferentes, todos pueden modificar la mortalidad, la discapacidad y las condiciones de vida de las poblaciones.

La comunicación institucional difundida durante la Cumbre Mundial de la Salud señala que la preparación sanitaria requiere financiación sostenida, capacidades de vigilancia y mecanismos para incorporar información científica en las decisiones de distintos sectores. La Comisión también plantea que estas capacidades deben extenderse a comunidades con menos recursos, donde los efectos de las amenazas pueden agravarse por desigualdades preexistentes.

Enfermedades crónicas y determinantes sociales figuran entre los 17 riesgos identificados

La investigación seleccionó 17 amenazas a partir de un conjunto más amplio de riesgos evaluados. Su inclusión respondió a tres condiciones: potencial de ocasionar una pérdida acumulada de al menos 1.000 millones de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) hasta 2100, disponibilidad de información suficiente para su evaluación y posibilidad de reducir sus consecuencias mediante intervenciones.

Las amenazas pueden agruparse en cinco ámbitos:

• Enfermedades y condiciones sanitarias: obesidad, hipertensión arterial, problemas de salud mental, envejecimiento no saludable, desnutrición infantil, resistencia antimicrobiana y pandemias de origen natural.
• Factores relacionados con el consumo: tabaquismo y consumo elevado de alcohol.
• Determinantes sociales y económicos: desigualdad de ingresos, bajo nivel educativo y reducción drástica de la asistencia internacional para el desarrollo en salud.
• Amenazas ambientales: cambio climático y contaminación del aire.
• Seguridad y tecnología: conflictos armados convencionales, conflicto nuclear y uso malicioso de inteligencia artificial.

La amplitud de esta clasificación constituye uno de los elementos centrales del trabajo. La Comisión considera que los grandes riesgos para la salud no se limitan a enfermedades transmisibles o emergencias hospitalarias, sino que incluyen condiciones sociales, decisiones económicas y acontecimientos capaces de alterar el bienestar de poblaciones enteras.

Obesidad, educación y desigualdad muestran una elevada carga sanitaria potencialmente evitable

Entre los resultados cuantitativos, la obesidad presenta una de las mayores diferencias entre escenarios futuros. Según las estimaciones, las políticas capaces de reducir el riesgo relacionado con esta condición podrían evitar 23.100 millones de DALYs acumulados entre 2025 y 2100.

El nivel educativo aparece igualmente entre los factores de mayor impacto. La Comisión calcula que una mejora en este determinante permitiría evitar aproximadamente 16.100 millones de DALYs, con una carga especialmente importante entre mujeres y niños de África subsahariana.

Las diferencias de ingresos también tienen consecuencias sanitarias considerables. El informe estima una carga potencialmente evitable de 13.800 millones de DALYs vinculada con este determinante, magnitud que los investigadores comparan con el impacto sanitario de alrededor de 25 pandemias de COVID-19.

Estos resultados proceden de la comparación entre trayectorias futuras plausibles. Por tanto, las cifras expresan diferencias estimadas de pérdida de salud entre escenarios y no representan daños que necesariamente se producirán. Tampoco deben sumarse de manera directa, debido a las relaciones existentes entre diferentes amenazas.

Conflicto nuclear, inteligencia artificial y cambio climático amplían el alcance de la prevención

La Comisión también estudió acontecimientos de baja probabilidad, pero con consecuencias potencialmente extremas. Entre ellos identificó el conflicto nuclear y el uso malicioso de inteligencia artificial como dos riesgos con potencial de extinción humana.

Al considerar tanto la probabilidad como las posibles consecuencias de un conflicto nuclear, el análisis estima que las acciones preventivas podrían evitar cerca de 133 millones de muertes y 9.350 millones de DALYs hasta 2100. Para la reducción del riesgo asociado al uso malicioso de inteligencia artificial, la carga potencialmente evitable se calcula en 10.400 millones de DALYs.

El cambio climático constituye otra dimensión del estudio. En una comparación de escenarios, limitar el calentamiento global aproximadamente a 1,8 °C, frente a un aumento de 4,4 °C, podría evitar 1.890 millones de años de vida saludable perdidos por efectos sanitarios medibles, entre ellos el calor extremo y la contaminación atmosférica.

Para construir estas proyecciones, la Comisión utilizó información histórica y modelos cuantitativos. En amenazas con menor disponibilidad de antecedentes, como el conflicto nuclear, las pandemias futuras y el uso malicioso de inteligencia artificial, recurrió además a evaluaciones estructuradas de expertos. Sus resultados se presentan como escenarios orientativos sujetos a incertidumbre.

¿Qué capacidades propone fortalecer en los sistemas sanitarios?

Las recomendaciones de la Comisión se concentran en tres ámbitos institucionales que vinculan la protección de la salud con las decisiones de financiación, innovación y seguridad.

• Preparación permanente: establecer equipos especializados en anticipación, prevención y respuesta frente a amenazas múltiples, con recursos estables que permitan mantener estas capacidades más allá de situaciones de emergencia.
• Innovación y acceso: ampliar las inversiones en nuevas vacunas, antibióticos, tratamientos contra la obesidad y tecnologías climáticas, incorporando mecanismos de gobernanza y distribución equitativa.
• Seguimiento continuo: desarrollar evaluaciones independientes y periódicas de los riesgos emergentes, de manera que la evidencia científica pueda orientar decisiones en salud y otros sectores.

Para los responsables de la planificación sanitaria en Colombia, este marco internacional ofrece una perspectiva sobre cómo integrar diferentes categorías de riesgo en los procesos de preparación y gestión. Su aplicación nacional requeriría considerar las condiciones epidemiológicas, institucionales y territoriales propias del país. La participación del exministro Juan Pablo Uribe entre los autores del documento también vincula esta discusión internacional con la experiencia colombiana en políticas sanitarias y gestión de sistemas de salud.

¿Cómo se actualizará la evaluación de amenazas para orientar las decisiones futuras?

La Comisión plantea establecer el Lancet Monitor of 21st Century Global Threats to Health, un mecanismo de seguimiento que permita actualizar periódicamente la evidencia y examinar cambios en la magnitud, distribución y características de los riesgos identificados. El instrumento forma parte de una propuesta de vigilancia que busca conectar las evaluaciones científicas con las decisiones de gobiernos, financiadores y organizaciones responsables de la preparación sanitaria. Su funcionamiento se concibe como un proceso continuo, en lugar de una clasificación definitiva de amenazas.

El análisis cubre el periodo comprendido entre 2025 y 2100, un horizonte que permite examinar riesgos cuyos efectos pueden tardar varias décadas en manifestarse plenamente. De acuerdo con la Comisión, las decisiones tomadas durante los próximos años pueden modificar las trayectorias futuras de enfermedad, discapacidad y mortalidad.

El informe sitúa así la anticipación y la prevención como componentes centrales de la protección sanitaria, con especial atención a la coordinación institucional y a las inversiones capaces de reducir las pérdidas de salud antes de que las amenazas se conviertan en crisis.