El manejo de los recursos y la implementación del modelo de salud del magisterio quedaron bajo una nueva actuación de la Procuraduría General de la Nación. El organismo abrió una indagación previa en averiguación de responsables por presuntas irregularidades relacionadas con el FOMAG, que comprende actuaciones vinculadas con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y Protección Social y Fiduprevisora, administradora del Fondo.
Entre los hechos que serán verificados aparecen pagos por $4,4 billones realizados desde el Ministerio de Hacienda al FOMAG para atender obligaciones con proveedores, frente a los cuales el expediente menciona posibles inconsistencias relacionadas con soportes y cadena presupuestal. La actuación también incluye la contratación del nuevo modelo de atención, liquidación de contratos, operaciones vinculadas con el FONPET y pagos efectuados a empresas de servicios públicos.
La decisión está contenida en un auto del 18 de septiembre de 2026 y tiene como antecedente información remitida por la ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos. En esa documentación fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público hallazgos derivados de auditorías y revisiones sobre la situación financiera, administrativa y de prestación de servicios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Costos de atención del FOMAG también quedaron entre los antecedentes
Uno de los asuntos incluidos en los antecedentes corresponde al comportamiento de los recursos destinados a la atención en salud de docentes y demás afiliados. Según la información trasladada a la Procuraduría, los costos de prestación de servicios habrían pasado de $3,5 billones a $5,2 billones en 2026, en medio de la implementación del modelo de atención del magisterio.
El expediente recoge información procedente de auditorías y actuaciones adelantadas por entidades como la Contraloría General de la República, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud, además del seguimiento contractual realizado desde el Ministerio de Educación. Esos antecedentes serán incorporados a la actuación para verificar las situaciones informadas y establecer quiénes intervinieron en cada una de ellas.
También aparecen señalamientos relacionados con la formulación, estructuración, implementación y contratación del modelo de salud. Entre los asuntos puestos en conocimiento del organismo se encuentran situaciones vinculadas con la red de prestación, dificultades y demoras en el acceso a servicios y aspectos asociados con la situación financiera del Fondo, que deberán ser objeto de verificación durante la indagación.
Cuatro frentes quedaron bajo revisión
La Procuraduría concentrará la indagación en cuatro grupos de hechos relacionados con la operación financiera, contractual y asistencial del FOMAG:
- Nuevo modelo de atención en salud: Se revisarán su formulación, estructuración, implementación y contratación, incluida la vinculación de operadores y componentes relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Pagos por $4,4 billones: Se verificará la transferencia de recursos desde Hacienda al FOMAG para el pago de proveedores y los señalamientos relacionados con la existencia de soportes y cadena presupuestal.
- Contratos y FONPET: La actuación incluye la liquidación de contratos y pagos efectuados a administradores del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.
- Servicios públicos: También serán revisados pagos a empresas de acueducto y energía que, según los antecedentes del expediente, no habrían sido examinados por la revisoría fiscal.
Fiduprevisora deberá entregar información sobre funcionarios y operaciones
Uno de los principales requerimientos está dirigido a Fiduprevisora, que deberá entregar información para identificar a los funcionarios y particulares que hayan participado en las decisiones bajo revisión. La solicitud incluye datos de quienes integraron órganos de dirección del Fondo, responsables jurídicos y de servicios de salud y personas que intervinieron en la formulación, implementación y contratación del nuevo esquema de atención.
La entidad también deberá aportar documentos relacionados con las operaciones financieras incluidas en la indagación. Entre ellos se encuentran los soportes correspondientes a los pagos destinados a proveedores, la liquidación de contratos, actuaciones vinculadas con el FONPET y desembolsos relacionados con servicios públicos durante las vigencias comprendidas entre 2023 y 2026.
Con esta información, la Procuraduría buscará establecer qué dependencias y personas intervinieron en cada proceso y cuáles eran sus responsabilidades al momento de adoptar o ejecutar las decisiones. Los documentos serán contrastados con los demás informes y auditorías solicitados a las entidades que han realizado seguimiento al FOMAG.
Ministerio de Educación y Contraloría deberán remitir auditorías
El Ministerio de Educación Nacional deberá entregar copia completa del informe que dio origen a la actuación, junto con sus anexos y documentos de respaldo. El requerimiento también comprende información sobre el estado y los resultados de los procesos de auditoría relacionados con la situación financiera, administrativa y contractual del Fondo.
Por su parte, la Contraloría Delegada para la Economía y las Finanzas Públicas deberá remitir los informes y anexos correspondientes a inspecciones realizadas al Ministerio de Hacienda y a Fiduprevisora sobre el manejo y administración del FOMAG. La Procuraduría solicitó además conocer el estado de las actuaciones de control fiscal derivadas de esos procedimientos.
La indagación también incorporará información proveniente del seguimiento preventivo que la propia Procuraduría ha adelantado sobre la formulación, estructuración, implementación y contratación del modelo de prestación de servicios de salud. El organismo podrá ordenar pruebas adicionales si durante la revisión de la documentación aparecen nuevos elementos que requieran verificación.
¿Qué sigue en la indagación sobre el FOMAG?
La actuación entra ahora en una fase de recaudo y contraste de pruebas. Fiduprevisora, el Ministerio de Educación, la Contraloría y las dependencias requeridas deberán aportar los documentos solicitados para determinar cómo se desarrollaron las operaciones examinadas y quiénes tuvieron participación en las decisiones administrativas, financieras y contractuales.
Con esa información, la Procuraduría deberá establecer si existen elementos para individualizar posibles responsables y avanzar hacia una investigación disciplinaria formal, o si los hechos examinados no dan lugar a continuar el proceso. Hasta que concluya esta etapa, la actuación permanece en indagación previa y no existe una determinación de responsabilidad frente a las personas que puedan aparecer vinculadas en la documentación recaudada.
