En medio de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud colombiano, marcada por tensiones financieras, cierres de servicios, deterioro de la red hospitalaria y un aumento del gasto de bolsillo de los pacientes, CONSULTORSALUD conversó con Alejandro Escobar Correa, experto en economía y gerente estratégico de la firma de análisis Sectorial, quien compartió los principales hallazgos de un informe sobre el sistema de salud con corte a junio de 2025.
Aunque el documento no es de difusión pública, las cifras y conclusiones que reveló permiten comprender cómo la falta de sostenibilidad fiscal y laboral se transmite a lo largo de toda la cadena del sistema, desde la financiación del Estado y las contribuciones, hasta el giro de recursos por parte de la ADRES, el equilibrio financiero de las EPS, la estabilidad de las IPS y, finalmente, el acceso de los pacientes.
¿Qué revelan las finanzas públicas y laborales sobre la situación del sector salud?
El punto de partida del análisis es la estructura de financiación del sistema, donde dio a conocer que el 61% de recursos fiscales son provenientes del Presupuesto General de la Nación y 35% de contribuciones laborales. Esta composición hace que el sistema dependa simultáneamente de la posición fiscal del país y del nivel de formalidad laboral.
En 2025, la tasa de desempleo se ubica en 8,1%, pero la informalidad sigue alta: 55% a junio de 2025, frente a 46,5% en 2019 y un máximo de 59% en 2021. Según Escobar, esto significa que “por más que baje el desempleo, si la informalidad no se corrige, el sistema no recibe más dinero producto de las contribuciones”.
En paralelo, el déficit fiscal del país se estima entre –7,1% y –8% del PIB en 2025, después de haber sido –6,7% en 2024, cifras que duplican el rango de sostenibilidad internacional (–3%). En palabras del experto, “la capacidad de recursos se ha reducido”, lo que limita la posibilidad de ampliar el gasto público en salud.
La combinación de ambas condiciones, alto déficit e informalidad persistente, configura el problema estructural de financiación que hoy enfrenta el sistema de salud colombiano.
ADRES: el giro cumple, pero la suficiencia es el problema
A pesar del entorno restrictivo, la ADRES ha mantenido su rol operativo de girar los recursos disponibles. Entre enero y julio de 2025, transfirió $55,7 billones, con un crecimiento de 6,5% frente al mismo periodo del año anterior. Escobar precisó que “la ADRES simplemente es un actor que funciona como un tesorero. Él cumple con girar, pero él no cumple si el recurso es suficiente o insuficiente; él gira”.
No obstante, la suficiencia de esos giros es limitada. El estudio de Sectorial calculó que el sistema necesitaba un crecimiento mínimo del 15% en 2025 para sostener su equilibrio operativo. Además, de los $55,7 billones girados, $2,67 billones corresponden a pagos de vigencias anteriores del No PBS, es decir, recursos aplicados a deudas pasadas y no a servicios corrientes. Si se descuenta ese componente, el crecimiento real de los giros es inferior al 6,5%.
En consecuencia, el flujo de recursos que llega a las EPS resulta insuficiente, lo que genera un efecto en cadena sobre toda la red asistencial y de proveedores.
EPS: pérdidas netas, reservas agotadas y señales de alerta
Según el informe, con base en los estados financieros de 27 EPS, en el primer semestre de 2025 las entidades con utilidad sumaron $1,1 billones, mientras que las que registraron pérdidas acumularon $2,5 billones. El resultado neto del aseguramiento es –$1,3 billones.
Durante años, muchas EPS cubrieron sus déficits operativos usando reservas técnicas líquidas, pero Escobar Correa advierte que “a junio de 2025 esas reservas están prácticamente agotadas, salvo en dos o tres aseguradores”. Sin esa fuente de respaldo, las entidades acumulan mora con las redes prestadoras y los gestores farmacéuticos.
En el caso de Nueva EPS, el análisis fue cualitativo debido a la falta de reportes financieros recientes, pero se identificaron cinco cambios de dirección en los últimos dos años, una señal de inestabilidad institucional que, según el experto, “afecta el rumbo y la confianza tanto interna como hacia la red de prestadores”.
IPS: deterioro en pagos, cierres de servicios y menor inversión
Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) enfrentan una rotación de cartera creciente, que pasó de 140 días en 2022 a 163 días en 2024. No obstante, sus márgenes operativos, medidos a través del EBITDA, indicador que refleja las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, mejoraron de 7,6% a 11,3%.
Según el análisis de Sectorial, este comportamiento no responde a un aumento real de la rentabilidad, sino a una reconfiguración interna del portafolio. Las clínicas están cerrando servicios menos rentables y concentrando esfuerzos en aquellos con mejor desempeño financiero.
La Unión de IPS reporta el cierre de 10.000 servicios en 2024 y 6.000 adicionales en el primer semestre de 2025, una tendencia que reduce la oferta asistencial y acentúa la concentración del mercado. En paralelo, las instituciones han disminuido su inversión en infraestructura y tecnología médica: la relación entre activos fijos e ingresos cayó del 34% al 30% entre 2022 y 2024.
Este descenso en el gasto de capital, conocido en el sector como CAPEX, indica que los prestadores están postergando la renovación de equipos, ampliaciones y proyectos tecnológicos para preservar liquidez ante la incertidumbre financiera. Sin embargo, Escobar advierte que “al dejar de invertir en tecnología y equipamiento, las clínicas preservan caja, pero sacrifican productividad y calidad en la atención”.
A mediano plazo, esta contracción del CAPEX puede traducirse en mayores brechas tecnológicas, obsolescencia en equipamiento médico y pérdida de competitividad dentro del sistema hospitalario colombiano.
Gestores farmacéuticos y proveedores: más días de cartera y mayor riesgo
En los gestores farmacéuticos, la cartera por cobrar se incrementó de 94 días en 2022 a 120 días en 2024, mientras que las cuentas por pagar a laboratorios pasaron de 159 a 193 días en el mismo periodo. Esta extensión de los plazos de pago demuestra la propagación de la falta de liquidez por toda la cadena.
Algunos gestores han optado por restringir la entrega de medicamentos a las EPS con mayores incumplimientos, medida que mitiga su exposición financiera, pero afecta directamente la disponibilidad para los pacientes y genera presiones sobre los laboratorios.
El paciente: más reclamos, mayor gasto de bolsillo y pérdida de adherencia
Ahora bien, el impacto final recae sobre los usuarios, dado que las PQRD (reclamos) aumentaron de 72.794 en enero de 2021 a 163.994 en junio de 2025, más del doble en cuatro años. Los principales motivos: cierre de servicios, falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y derivaciones más extensas.
Frente a estas barreras, los ciudadanos que pueden hacerlo pagan de su propio bolsillo, mientras los más vulnerables interrumpen tratamientos. Según ANIF, el gasto de bolsillo pasó de 14,2% en 2021 a 16,8% en 2024, confirmando que una porción creciente del costo sanitario se está trasladando a los hogares.
“Quien tiene recursos paga, quien no los tiene pierde adherencia, y eso puede terminar en eventos graves o incluso fatales”, advirtió Escobar Correa.
Inversión y tecnología: el enfriamiento del capital y la innovación
La inversión extranjera directa (IED) en salud también se ha reducido significativamente: alcanzó US$998 millones en 2020, descendió a US$262 millones en 2024 y llegó a US$121 millones en el primer semestre de 2025, lo que proyecta alrededor de US$240 millones al cierre del año.
Simultáneamente, el número de patentes farmacéuticas y de dispositivos médicos presentadas en Colombia cayó de 716 en 2018 a 337 en 2024. Según Escobar Correa, esto refleja que “insertar innovación en el sistema colombiano es cada vez más complejo, por restricciones presupuestales y por los cuellos de botella regulatorios del INVIMA”.
Ambas tendencias, caída de inversión y menor innovación, anticipan un rezago en productividad y acceso a tecnologías de última generación.
Camino de salida: plan de choque y rediseño del sistema
De acuerdo con Sectorial, el pasivo acumulado del sistema podría alcanzar entre $28 y $30 billones al cierre de 2025, frente a los $7–9 billones estimados durante el acuerdo de punto final (2019). La magnitud del deterioro impide volver al equilibrio de hace seis años sin una acción extraordinaria.
Para el corto plazo, Escobar Correa propone un plan de choque financiero basado en dos frentes:
- Pagar las obligaciones corrientes con los recursos del Presupuesto General de la Nación de 2026 (aproximadamente $108 billones), evitando que la cartera siga envejeciendo.
- Inyectar liquidez a Nueva EPS, con el fin de restablecer servicios y recuperar la confianza de las IPS y proveedores.
A mediano plazo, se requiere una reforma estructural concertada con todos los actores, bajo la premisa de diseñar “el sistema de salud que Colombia puede pagar”, con responsabilidades compartidas entre Estado, EPS, IPS, pacientes, farmacéuticas y fabricantes de dispositivos. Respecto a la UPC, el analista recomienda mantenerla, pero con ajustes metodológicos:
- Un plan único de beneficios en salud, eliminando la división entre PBS y No PBS.
- Actualizaciones móviles de la UPC, ajustadas a inflación y variaciones de costo, para evitar rezagos como el de 2025, cuando el sistema creció 6,5% pese a requerir al menos 15%.
Un sistema en tensión que exige decisión y liquidez
El análisis de Alejandro Escobar muestra que la situación actual del sector salud funciona como una cadena de tensión interdependiente. El déficit fiscal y la informalidad laboral restringen las fuentes de financiación; esto deriva en giros insuficientes desde la ADRES, que impactan las finanzas de las EPS y agotan sus reservas.
A su vez, las IPS enfrentan demoras en los pagos, cierran servicios y reducen inversión, mientras los proveedores y gestores farmacéuticos acumulan carteras más largas. Finalmente, los pacientes soportan las consecuencias: mayores barreras de acceso, pérdida de adherencia y un incremento sostenido del gasto de bolsillo.
El sistema no ha colapsado, pero sí se encuentra estresado financieramente, y su sostenibilidad dependerá de decisiones inmediatas de liquidez combinadas con una reforma estructural incluyente. Como concluye Escobar Correa, “la visión actual parece centrarse en mantener la universalidad sin buscar nuevas fuentes de recursos; pero sin un shock financiero y sin corregir la administración, el deterioro continuará”.
