Ante la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, reflejada en el aumento de tutelas para acceder a servicios médicos, las deudas acumuladas de las EPS con hospitales y clínicas, y las dificultades en el flujo de recursos hacia los prestadores, el Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que el Gobierno del Cambio está enfrentando esta situación con decisión, fortaleciendo la red pública hospitalaria y recuperando el control sobre los recursos del sistema.
Según el Minsalud, el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis estructural heredada del modelo de aseguramiento instaurado hace más de 30 años con la Ley 100 de 1993, producto de una visión que, según la entidad, “convirtió la salud en un negocio y no en un derecho fundamental”.
El comunicado explica que esta situación ha afectado la oportunidad en la atención, el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad de los hospitales en los territorios. Durante años, la salud fue tratada como un negocio, permitiendo que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados.
El Ministerio precisó que actualmente las EPS adeudan más de 32,9 billones de pesos a hospitales y clínicas. “El Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente”, destacó la cartera, al tiempo que insistió en que el modelo vigente concentró poder y debilitó la capacidad estatal de control.
Aumentos en la UPC y fortalecimiento financiero
El Gobierno del Cambio destacó varios resultados concretos en materia de financiamiento. Entre ellos, el aumento del reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 33,7% entre 2022 y 2024, lo que garantiza el giro oportuno de los recursos a las instituciones prestadoras de servicios de salud.
El giro directo, operado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), pasó de 22,1 billones en 2023 a 48,1 billones en 2024, lo que representa un incremento del 118%.
De igual forma, el presupuesto destinado al aseguramiento y al fortalecimiento de los servicios de salud casi se duplicó, al pasar de 40,34 billones en 2022 a 65,12 billones en 2025, con una proyección de 75,86 billones para 2026.
El Minsalud informó además que se están invirtiendo 9,3 billones de pesos en fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS), mediante la conformación de equipos básicos en todos los municipios del país, la mejora de la infraestructura y dotación hospitalaria, la ampliación del transporte asistencial, los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD), programas de promoción social, fortalecimiento de servicios y pago de pasivos.
Coordinación interinstitucional y presencia territorial
El Ministerio destacó la puesta en marcha de Puestos de Mando Unificado (PMU) en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud. Estos espacios tienen como propósito escuchar y resolver directamente las necesidades de las comunidades en los distintos territorios.
De acuerdo con el comunicado, los PMU permiten una acción institucional más cercana, articulada y efectiva, orientada a garantizar la prestación de servicios y atender las problemáticas locales del sistema de salud.
Abastecimiento de medicamentos y control del mercado
Frente al suministro de medicamentos, el Gobierno rechazó las versiones que buscan mostrar una crisis generalizada, calificándolas como una “crisis fabricada”. Según el Minsalud, los datos técnicos demuestran que el sistema institucional sigue siendo el principal canal de suministro, y que entre 2022 y 2024 se aumentó la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo, garantizando así tratamientos complejos que antes eran de difícil acceso.
El Ministerio explicó que el incremento del gasto farmacéutico no se debe a fallas estatales, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas que durante años han especulado con la salud. “Hoy el Estado enfrenta de frente esas distorsiones del mercado y protege a los pacientes, no a los intermediarios”, señaló el comunicado.
El Minsalud también indicó que trabaja de manera coordinada con la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud y el INVIMA, y reafirmó que “el Estado está en la misma orilla que los pacientes, no del lado del negocio.”
No obstante, la Defensoría del Pueblo presentó el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, en el que advirtió un agravamiento estructural en el derecho a la salud y un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos. Según el documento, esta situación afecta por igual a los usuarios de todos los regímenes, con mayor severidad en Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, precisó que los ciudadanos deben destinar entre el 7% y el 90% de sus ingresos mensuales para adquirir medicamentos que no les son entregados oportunamente. Además, la entidad identificó 584 medicamentos diferentes no entregados, con un 48% de los casos aún sin resolver, y reportó que los fármacos más afectados son Metformina, Valsartán y Losartán.
Este informe también revela que, en los últimos cinco años y ocho meses, se han interpuesto 1.003.147 tutelas ante la Corte Constitucional por el derecho a la salud, y que el 36,82% de ellas en 2025 corresponde a la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional y tienen elementos de regresividad. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos privilegian el interés del canal comercial sobre el institucional”, manifestó la Defensora del Pueblo durante la presentación del informe.
Reforma estructural y mensaje final del Gobierno
El Ministerio fue enfático en señalar que no permitirá que quienes se lucraron con los recursos públicos sigan manipulando la opinión para proteger sus privilegios. “El reciente informe de la Defensoría del Pueblo confirma lo que este Ministerio ha venido señalando: el sistema actual necesita una reforma estructural. Es la evidencia de que la salud no puede seguir siendo un negocio, sino un derecho real para todos los colombianos”, indicó la cartera de Salud.
Además destacó que la reforma a la salud es una necesidad impostergable para construir un modelo solidario, transparente y centrado en las personas. “La salud en Colombia no retrocede. Avanza con soberanía, dignidad y justicia social. Este Gobierno está combatiendo los abusos y reconstruyendo la confianza de la ciudadanía en su sistema de salud.”
