Hospital Mental Universitario de Risaralda restringe servicios a afiliados de la Nueva EPS por deuda millonaria

El Hospital Mental Universitario de Risaralda (Homeris) anunció la restricción parcial de servicios a los afiliados de la Nueva EPS debido al incumplimiento reiterado en los pagos por la atención prestada durante los últimos tres meses. La decisión, oficializada el 9 de octubre de 2025, busca salvaguardar la sostenibilidad financiera del hospital y priorizar la atención de los usuarios de otras aseguradoras que sí han cumplido con sus obligaciones contractuales.

Según informó el gerente encargado, Javier Alejandro Gaviria Murillo, Homeris factura mensualmente un promedio superior a $210 millones a la Nueva EPS. Sin embargo, durante julio y agosto no se realizaron pagos, y en septiembre la institución solo recibió un giro parcial de $138 millones, generando una cartera acumulada de más de $420 millones.

“La falta de cumplimiento en los pagos compromete la estabilidad financiera del hospital y la capacidad de mantener la calidad de la atención”, señaló el directivo, quien aclaró que la medida no implica suspensión total, sino restricción de servicios programados mientras se busca una solución financiera que garantice la operación institucional.

¿Qué consecuencias tendrá la medida sobre la atención en salud mental en Risaralda?

El departamento de Risaralda enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad en la atención de salud mental, dado que solo dos instituciones, el Hospital Mental Universitario de Risaralda y el Instituto del Sistema Nervioso, del sector privado, ofrecen servicios especializados.

La restricción de Homeris podría derivar en una sobrecarga asistencial en el centro privado, con aumento en los tiempos de espera y dificultades para garantizar la continuidad terapéutica de pacientes con trastornos mentales graves o crónicos. Además, podría afectar los servicios de urgencias, ya que la falta de cupos hospitalarios incrementa el riesgo de crisis descompensadas y hospitalizaciones involuntarias.

De acuerdo con fuentes del sector, la decisión evidencia una fragilidad estructural en la red pública de salud mental, donde los hospitales dependen casi por completo del flujo de recursos de las EPS. Este tipo de tensiones financieras no solo comprometen la atención oportuna, sino que también amenazan la capacidad institucional de sostener programas comunitarios y preventivos, esenciales en la reducción de la carga de enfermedad mental en la región.

¿Qué medidas se contemplan para resolver la crisis y garantizar la continuidad asistencial?

Ante el aumento de la cartera, la gerencia de Homeris solicitó la intervención de la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y Protección Social para facilitar una mesa de conciliación de pagos con la Nueva EPS. El propósito es establecer un cronograma de giros que permita restablecer gradualmente la atención a los afiliados.

Mientras se avanza en la negociación, el hospital mantendrá la atención solo para casos de urgencia vital o riesgo inminente, priorizando la seguridad de los pacientes y el cumplimiento del deber de atención humanitaria. De no resolverse la situación financiera, se advierte un posible desequilibrio en la red de salud mental regional, que afectaría tanto a adultos como a población infantil y adolescente.

Expertos en economía de la salud consideran que este episodio refuerza la necesidad de mecanismos regulatorios más estrictos frente al incumplimiento financiero de las EPS. Entre las propuestas se destacan la creación de fondos de garantía de pago hospitalario, la ampliación del control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la adopción de modelos de giro directo más ágiles, especialmente en servicios de alta complejidad como la salud mental.

Una alerta sobre la fragilidad financiera del sistema de salud mental

La restricción de servicios por parte del Hospital Mental Universitario de Risaralda revela un problema estructural del sistema de salud colombiano, donde los retrasos en los pagos de las EPS impactan directamente en la sostenibilidad de los hospitales públicos.

En un contexto de creciente demanda de atención en salud mental, el caso de Homeris subraya la necesidad de reformas al flujo financiero del sistema, que aseguren pagos oportunos, continuidad terapéutica y estabilidad institucional. Si no se corrige el desequilibrio, el país podría enfrentar una crisis de acceso a la salud mental pública, con consecuencias clínicas y sociales de gran magnitud.