En La Guajira, uno de los departamentos históricamente más golpeados por la inequidad en salud, el Gobierno Nacional reportó resultados que marcan un punto de inflexión en la atención a la población más vulnerable. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, entre 2023 y 2025 la inversión superó los $415.000 millones, destinados a infraestructura hospitalaria, dotación tecnológica, equipos básicos e interculturales y transporte sanitario.
Estas acciones permitieron reducir en 48% la mortalidad por desnutrición infantil y en 58% la mortalidad materna en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. Los avances, respaldados por indicadores oficiales, muestran que el fortalecimiento del sistema de salud en la región como una estrategia que empieza a transformar de manera tangible la calidad de vida de las comunidades wayuu y rurales, cerrando brechas históricas con un enfoque diferencial y de equidad.
Cierre de brechas históricas en salud
Según la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, se ordenó medidas urgentes para superar el estado en la atención a comunidades indígenas y rurales. Ocho años después, el Gobierno informó avances medibles; una reducción de indicadores críticos de mortalidad y el fortalecimiento de la red de atención con un cumplimiento del 90,51% en la ejecución de proyectos, según el tablero de control SINERGIA del DNP.
Así mismo, el esfuerzo se traduce en acciones que van desde la construcción de hospitales y Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), hasta la dotación de ambulancias y el diseño de un modelo de salud propio e intercultural para el pueblo Wayuu.
Equipos interculturales de salud: integración comunitaria
Uno de los logros más destacados es la conformación de 69 Equipos Interdisciplinarios e Interculturales de Salud en los municipios priorizados (Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia). Estos equipos reúnen a 1.363 integrantes, de los cuales 1.103 pertenecen a la comunidad Wayuu. Además, 609 fueron formados como promotores de salud en alianza con el SENA, lo que fortalece la apropiación local y la sostenibilidad del modelo.
A nivel departamental, se consolidaron 215 Equipos Básicos de Salud y seis de especialistas, con una inversión superior a $190.000 millones. En paralelo, se avanza en la implementación del Modelo de Salud Propio e Intercultural Wayuu, respaldado con $12.683 millones, que permitirá a las comunidades administrar su propio sistema de atención.
Inversión en infraestructura hospitalaria
La estrategia también incluye la modernización de la red hospitalaria. El Ministerio de Salud destinó más de $120.000 millones para infraestructura en los municipios priorizados. Entre los proyectos se destacan:
- Construcción del hospital de Nazareth en la Alta Guajira y del nuevo hospital de Manaure, ambos con 80% de avance.
- Desarrollo de 12 CAPS en proceso de contratación a cargo de “EnTerritorio”.
- Entrega de un hospital móvil en Nazareth con capacidad quirúrgica y de laboratorio.
- Dotación de equipos de alta complejidad como tomógrafos y mamógrafos para el Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha.
De manera complementaria, se adelantan 11 adecuaciones hospitalarias y 13 nuevos CAPS, con una inversión superior a $80.000 millones. También se entregaron 31 ambulancias, 16 en municipios priorizados y 15 en otras localidades, con un costo de $9.730 millones.
Resultados en salud pública: reducción histórica de muertes en La Guajira
Los últimos reportes oficiales confirman un impacto sin precedentes en los principales indicadores de salud pública del departamento. Entre 2022 y 2025, la mortalidad por desnutrición infantil en menores de cinco años cayó de 86,32 a 44,72 por cada 100.000 niños, lo que equivale a una reducción del 48%. En los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017, el descenso fue aún más drástico, alcanzando el 67,6% en ese mismo periodo.
En el caso de la mortalidad infantil en menores de un año, la tasa pasó de 18,29 en 2022 a 16,05 en 2024, lo que representa una disminución del 12,3%. En los territorios priorizados, la reducción llegó al 11,9%, consolidando un avance sostenido en este indicador crítico.
El mayor impacto se registró en la mortalidad materna, donde la razón departamental bajó de 48,5 en 2022 a 44,7 en 2024, una reducción del 7,7%. En los municipios bajo seguimiento judicial, el cambio fue aún más significativo: de una razón de 145,4 en 2022 a 60,3 en 2025, lo que equivale a un descenso del 58,4% y la prevención de muertes que históricamente habían afectado de manera desproporcionada a mujeres indígenas y rurales.
Estos resultados, atribuidos a la mejora en el acceso oportuno, la expansión del transporte sanitario y el fortalecimiento de la atención materno-infantil con enfoque diferencial, posicionan a La Guajira como un ejemplo nacional de cómo la inversión focalizada en salud puede traducirse en vidas salvadas y reducción de brechas históricas.
Proyectos en marcha y sostenibilidad
El Gobierno informó que actualmente evalúa proyectos adicionales por cerca de $98.000 millones, destinados a consolidar la atención en salud en zonas dispersas y fortalecer el cumplimiento de la Sentencia T-302. Asimismo, se avanza en la construcción del Plan Estructural de Acción, que garantizará la continuidad de las medidas en el corto, mediano y largo plazo.
En Riohacha, además, se desarrollan estudios para un hospital de mediana complejidad con apoyo de Emiratos Árabes Unidos, que beneficiará a más de 800.000 habitantes del departamento.
El reto: consolidar los avances y garantizar continuidad
Los resultados en La Guajira evidencian que las políticas públicas focalizadas, acompañadas de inversión sostenida y modelos interculturales de atención, pueden traducirse en avances concretos en salud. La reducción de la mortalidad materna e infantil, junto con la consolidación de infraestructura hospitalaria y equipos comunitarios, muestra un cumplimiento efectivo de la Sentencia T-302 de 2017.
No obstante, el verdadero desafío será garantizar la continuidad de estas medidas en el tiempo, con financiación estable, articulación intersectorial y un papel protagónico de las comunidades wayuu en la gestión de su propio sistema de salud, para consolidar un cambio estructural y sostenible en el territorio.
