La Procuraduría General de la Nación presentó un informe preventivo que advierte graves incumplimientos en los contratos de alimentación de las cárceles El Pedregal, en Medellín, y COCUC, en Cúcuta. Las fallas, que incluyen deficiencias en calidad, cantidad, horarios de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos, afectan directamente a más de 7.000 personas privadas de la libertad y ponen en riesgo sus derechos fundamentales a la salud y la nutrición.
El documento, trasladado a la Fiscalía, la Contraloría y al eje disciplinario de la PGN, alerta sobre el impacto negativo en la salud física y mental de los internos, subrayando la obligación del Estado de garantizar servicios de alimentación adecuados, suficientes y dignos como parte esencial del derecho a la salud en contextos penitenciarios.
Deficiencias reiteradas en la prestación del servicio
El informe describe un panorama crítico en la forma como se suministra la alimentación en los dos establecimientos de reclusión. En El Pedregal y en el COCUC, la interventoría de los contratos evidenció la entrega de alimentos en condiciones inaceptables: productos con signos de descomposición, pollo crudo, verduras deterioradas, tubérculos dañados y bebidas con sabores inusuales. Esta situación compromete directamente la seguridad alimentaria y pone en riesgo la salud de los internos.
La Procuraduría también advirtió que las raciones no cumplen con los requerimientos nutricionales básicos para esta población, lo que expone a miles de personas a cuadros de desnutrición y malnutrición. A este déficit se suma el incumplimiento en los horarios de entrega: desayunos servidos casi al mediodía, almuerzos distribuidos en horas avanzadas de la tarde y cenas entregadas pasada la medianoche. Según el Ministerio Público, estas irregularidades no solo afectan el bienestar físico, sino que agudizan el deterioro psicológico de los privados de la libertad.
A las fallas en cantidad y oportunidad se añaden condiciones sanitarias precarias. El informe señala deficiencias graves en la manipulación de los alimentos, uso de agua posiblemente contaminada y problemas en la infraestructura de almacenamiento, factores que elevan el riesgo de brotes de enfermedades gastrointestinales y de otras patologías asociadas a la higiene deficiente.
Impacto sobre la salud física y mental
El alcance de estas deficiencias se refleja en la salud de más de 7.000 personas privadas de la libertad en ambos centros. Una dieta insuficiente y alimentos en mal estado generan riesgos inmediatos de enfermedades gastrointestinales y, en el mediano plazo, incrementan la posibilidad de desnutrición y déficit nutricionales crónicos. Para quienes ya padecen enfermedades de base, como hipertensión, diabetes o patologías digestivas, la ausencia de una alimentación adecuada se traduce en complicaciones graves que pueden desencadenar hospitalizaciones e incluso muertes evitables.
Más allá del daño físico, la situación repercute en la salud mental. La incertidumbre sobre la calidad de los alimentos, la irregularidad en los horarios de entrega y las condiciones indignas de consumo producen altos niveles de ansiedad, estrés y depresión en los internos. En un entorno de encierro ya marcado por el hacinamiento y la precariedad, estas deficiencias terminan por agravar las tensiones sociales dentro de los establecimientos penitenciarios.
El marco normativo y la obligación estatal
La Sentencia T-216 de 2024 de la Corte Constitucional reiteró que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar a todas las personas privadas de la libertad el “goce efectivo de una adecuada alimentación”. La alimentación penitenciaria no es un beneficio accesorio, sino un componente esencial del derecho a la salud, que debe prestarse con calidad, oportunidad y suficiencia.
El incumplimiento de estas condiciones constituye una vulneración directa de derechos fundamentales y abre la puerta a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales para los operadores de los contratos, las entidades interventoras y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), encargada de supervisar su correcta ejecución.
Responsabilidades y medidas urgentes
El informe preventivo fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al eje disciplinario interno de la Procuraduría, con el fin de coordinar acciones frente a estas deficiencias. El Ministerio Público advirtió que las instituciones responsables deberán definir con claridad las responsabilidades de los operadores y de los entes de control, imponer las sanciones correspondientes y garantizar medidas correctivas inmediatas para proteger la salud de los internos.
Entre las acciones urgentes que se esperan se encuentran la mejora en la infraestructura de almacenamiento, la implementación de controles sanitarios más estrictos, el cumplimiento estricto de los horarios de entrega y la verificación de la suficiencia nutricional de las raciones. La Procuraduría subrayó que estas medidas no admiten dilaciones, pues se trata de un servicio público esencial cuyo incumplimiento tiene consecuencias directas sobre la salud y la dignidad humana.
La salud en riesgo por deficiencias en alimentación carcelaria
La alerta de la Procuraduría pone de relieve la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión en la contratación penitenciaria y de garantizar condiciones mínimas de alimentación como parte integral del derecho a la salud. Mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y los órganos disciplinarios, más de 7.000 personas continúan expuestas a deficiencias que comprometen no solo su bienestar inmediato, sino también la responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de los estándares constitucionales y de derechos humanos en los centros de reclusión del país.
