ACEMI: cierre del debate sobre la UPC oculta un déficit innegable que pone en riesgo a millones de pacientes

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) cuestionó el cierre del debate técnico sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) decidido por el Gobierno y advirtió que el déficit estructural del sistema de salud es innegable, comprometiendo la atención de millones de pacientes. La posición fue expresada tras las mesas de revisión convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social entre el 13 de agosto y el 4 de septiembre de 2025, en cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional.

Corte pidió un debate técnico, Gobierno lo cerró

Según ACEMI, la orden de la Corte Constitucional fue clara; garantizar un ejercicio técnico y transparente. Sin embargo, el Ministerio redujo la discusión a “simples opiniones”, negó el acceso a bases de datos y bloqueó un debate serio y verificable. La asociación señaló que el Gobierno desconoció las pruebas aportadas y concluyó que no se harán ajustes retroactivos a la UPC, bajo el argumento de que corregir los cálculos de años anteriores “sería premiar la ineficiencia y la mala gestión”.

El Ministerio también cuestionó la confiabilidad de los estados financieros reportados por las EPS, al punto de insinuar que podrían haber inducido en error a la Corte. Además, sostuvo que no habrá mayor financiación del sistema salvo aportes adicionales de empleados y empleadores.

Déficit estructural con cifras oficiales

ACEMI enfatizó que la evidencia es contundente, pues por cada $100 reconocidos por la UPC, se gastan $109 en salud, lo que ha generado un déficit acumulado entre $26 y $33 billones en el periodo 2021-2024. La asociación insistió en que desconocer estas cifras es cerrar los ojos al colapso financiero que ya sienten pacientes y prestadores.

En su exposición, ACEMI mostró que la siniestralidad de la UPC se deterioró en todas las metodologías analizadas. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la siniestralidad se ubicó en 110 %, mientras que para la Contraloría General de la República fue de 109,5 %.

Por otra parte, la organización recalcó que “los pacientes no pueden ser los sacrificados” y recordó que detrás de cada cifra hay miles de colombianos que esperan atención, medicamentos y tratamientos oportunos. El déficit de la UPC, señaló, no es solo un asunto contable sino un drama humano que requiere soluciones inmediatas.

De igual forma, pidió que no se continúe culpando a las EPS de la crisis, pues sus estados financieros son auditados y vigilados mensualmente por la Supersalud y la Contraloría, lo que les da validez y transparencia.

Calidad de la información: vacíos de $13,7 billones

Uno de los elementos técnicos señalados por ACEMI fue la deficiencia en la calidad de la información. La asociación advirtió que las bases de datos para calcular la UPC son múltiples y no exclusivas de las EPS, y que las falencias en el proceso de retroalimentación han dejado por fuera $13,7 billones de gasto en salud entre 2021 y 2024. Para ACEMI, la responsabilidad de mejorar la calidad de la información recae en el Ministerio de Salud, como lo ha establecido la propia Corte Constitucional.

Otro hallazgo crítico se relaciona con las frecuencias de uso de los servicios de salud. Según ACEMI, el Ministerio no aplicó en los últimos dos años la metodología actuarial definida para esta variable en el cálculo de la UPC. Esto habría subestimado la presión sobre los servicios tras la pandemia, a pesar de que factores como el envejecimiento poblacional, la prevalencia de enfermedades crónicas y las inclusiones en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) han elevado sustancialmente la demanda.

ACEMI a su vez evidenció que la inflación no es un sustituto adecuado para calcular la evolución de los costos promedio en salud. Entre 2021 y 2024, el Ministerio habría subestimado la evolución real de los costos, generando un faltante estimado en $10,1 billones. Este error metodológico profundiza la brecha financiera del sistema y afecta la sostenibilidad de las EPS.

En el caso de las inclusiones de nuevas tecnologías en el PBS, la asociación advirtió inconsistencias relevantes. Para 2024, el Ministerio estimó un costo de $388 mil millones, pero el valor real observado fue de $888 mil millones, lo que representa un déficit de $511 mil millones sin contemplar costos logísticos y de dispensación. ACEMI señaló además que no existen actas, estudios o presentaciones públicas de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas que respalden estas decisiones.

Llamado a confianza y consenso político

Finalmente, ACEMI destacó la necesidad de fortalecer la confianza institucional. “Los estados financieros de las EPS son auditados y vigilados mensualmente por Supersalud y la Contraloría”, recordó, insistiendo en que reconocer esta información es clave para construir consensos políticos y jurídicos que permitan superar la crisis.

La asociación concluyó que cerrar el debate técnico ordenado por la Corte es una forma de dilatar las decisiones urgentes que exige el sistema. Reiteró su compromiso de seguir defendiendo la solvencia del sistema con evidencia técnica y de insistir ante los órganos de control y el propio tribunal en la necesidad de una metodología clara, con datos verificables y consensos que garanticen la sostenibilidad del derecho fundamental a la salud.