Minsalud concluye mesas de trabajo sobre la UPC y Procuraduría exige cumplir fallo de la Corte

El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, entregó un balance al cierre de las siete sesiones de la Mesa de Trabajo participativa para la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Las jornadas se desarrollaron en cumplimiento de los Autos 007, 089 y 504 de 2025 de la Corte Constitucional y de la Resolución 1324 de 2025, con amplia participación de actores del sector salud.

“Terminamos con éxito las mesas de trabajo ordenadas por la Corte en los diferentes autos, con la participación de prestadores de servicios de salud públicos y privados, EPS, agremiaciones, asociaciones de pacientes representativas de todo el país, EPS indígenas, academia, el Ministerio de Hacienda, la ADRES, el Instituto Nacional de Salud y el IETS”, señaló Martínez.

El viceministro destacó que los insumos recogidos, aportados desde la experiencia técnica, teórica y operativa de cada sector, serán remitidos a la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, encargada de analizar si existe rezago en el valor de la UPC y recomendar un eventual reajuste.

Temas discutidos en las mesas de trabajo

La agenda de las mesas giró en torno a seis ejes críticos que reflejan los retos de la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano:

1. Rezago de la UPC: La Corte Constitucional determinó que desde 2021 la UPC no cubre plenamente el costo de los servicios incluidos en el plan de beneficios, generando un déficit estructural. Este punto busca establecer el tamaño del rezago y los mecanismos para corregirlo.
2. Siniestralidad y variaciones en el uso de servicios: Se discutieron las tendencias en frecuencias de atención, hospitalizaciones y tecnologías utilizadas. El crecimiento de la siniestralidad impacta directamente el gasto y obliga a ajustar la proyección del valor anual de la UPC.
3. Impacto de las inclusiones recientes: La incorporación de nuevas tecnologías y prestaciones en vigencias anteriores debe reflejarse en el cálculo actual. El debate técnico se centró en cómo estas inclusiones han afectado el equilibrio entre lo financiado por la UPC y lo efectivamente cubierto en la práctica.
4. Ajustadores de riesgo: Se revisaron variables demográficas, epidemiológicas y territoriales que influyen en los costos de la atención. La discusión se orientó a definir qué ajustadores deben incorporarse para garantizar una asignación más equitativa y técnica de los recursos.
5. Procedencia del reajuste de la UPC 2024: Con base en los insumos anteriores, se evaluó si es necesario realizar un ajuste adicional al valor fijado para 2024, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte.
6. Criterios para ajustes ex post: Se analizaron posibles lineamientos para reconocer retroactivamente a las EPS eventuales ajustes, así como los porcentajes aplicables y los plazos máximos para su pago.

Cada uno de estos puntos detalló la tensión estructural entre sostenibilidad financiera y suficiencia de los recursos. Mientras las EPS y agremiaciones insisten en la urgencia de un reajuste inmediato, sectores técnicos advierten sobre la necesidad de cálculos rigurosos y consensuados que no comprometan la estabilidad fiscal.

Procuraduría exige cumplimiento inmediato de fallo sobre la UPC

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación reiteró la necesidad de cumplir estrictamente las órdenes de la Corte Constitucional respecto al ajuste de la UPC. En un pronunciamiento, el organismo de control recordó que la Sentencia T-760 de 2008 y las decisiones posteriores declararon insuficiente el valor de la UPC para 2024 y ordenaron corregir los rezagos desde 2021.

La entidad hizo seguimiento a la última sesión de la mesa y enfatizó que las decisiones de la Corte ya no son objeto de controversia: “Estas decisiones tienen efecto de cosa juzgada y deben cumplirse en los tiempos y lineamientos establecidos por el alto tribunal”. Además, insistió en que cualquier decisión debe surgir del consenso técnico y participativo de la mesa, sin desconocer la competencia del Ministerio de Salud como autoridad responsable.

Lo que sigue tras las mesas de trabajo

Con la clausura de las mesas, el proceso entra en una etapa decisiva. Los insumos recogidos serán evaluados por la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, instancia que deberá determinar si existe un rezago en el valor de la UPC y si procede un reajuste inmediato. Una vez concluido este análisis, el Ministerio convocará nuevamente a los actores para socializar la metodología y las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional.

Este paso marcará el rumbo de la financiación del sistema de salud en 2025, al tiempo que pondrá a prueba la capacidad del Estado de equilibrar sostenibilidad financiera, garantía del derecho fundamental a la salud y protección efectiva de los recursos públicos.