Nueva Ley de Salud Mental en Colombia: un marco normativo renovado con enfoque territorial y financiación directa

El Congreso de la República aprobó una nueva Ley de Salud Mental que reemplaza la Ley 1616 de 2013. La norma introduce cambios estructurales en financiación, gobernanza y atención diferencial, y marca un nuevo rumbo para la política pública en salud mental en Colombia.

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Colombia se prepara para la sanción presidencial de una nueva Ley de Salud Mental, aprobada por el Congreso en diciembre de 2024 tras la acumulación de seis proyectos legislativos y más de dos años de construcción colaborativa. Esta iniciativa no solo actualiza la Ley 1616 de 2013, sino que introduce una arquitectura normativa más robusta para responder a los desafíos actuales en promoción, prevención y atención integral en salud mental.

La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, quien lideró el proceso legislativo, lo resume así: “Hemos tomado lo que ya había y lo actualizamos según las problemáticas actuales para diseñar herramientas certeras y eficaces para la problemática del país en salud mental”.

Recursos garantizados y estatus directivo en el Ministerio de Salud

Uno de los avances más importantes de la nueva ley es la creación de una subcuenta específica para salud mental dentro del Presupuesto General de la Nación. Esto permite que los recursos destinados a este campo no dependan de lo que quede disponible en otras áreas, sino que estén garantizados y priorizados. “Estamos diciendo asignación directa de recursos del presupuesto general de la nación a salud mental… no es lo que quede, es de manera directa”, enfatizó Velásquez durante la presentación pública de la norma.

Además, la ley establece una instancia directiva de salud mental dentro del Ministerio de Salud, bajo el Viceministerio de Salud Pública. Con esta medida, se busca otorgar capacidad de decisión efectiva a este componente del sistema, y reforzar su liderazgo en la articulación intersectorial de políticas públicas. “Aquí lo sacamos del subsuelo y lo ponemos donde debe estar, dándole el estatus que corresponde a la salud mental”, expresó la congresista.

Más datos, más territorios, más corresponsabilidades

Otro de los pilares clave es la creación de un Sistema Nacional de Información en Salud Mental y el fortalecimiento del Observatorio Nacional, ahora con enfoque territorializado. Esta medida permitirá monitorear necesidades específicas por región, generar reportes periódicos y tomar decisiones con base en evidencia.

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El enfoque diferencial también se hace presente: la nueva ley prioriza la atención en zonas rurales y territorios apartados, donde actualmente “la mitad del país no tiene ni un psicólogo ni un psiquiatra”. A su vez, se definen responsabilidades para plataformas digitales, medios de comunicación e instituciones educativas en la promoción del cuidado emocional y la prevención de riesgos en niños, adolescentes y adultos.

Otras novedades incluyen la declaración del mes de octubre como mes nacional de la salud mental, la garantía de dispensación de medicamentos psiquiátricos incluso en tiempos de escasez, la inclusión de la población privada de la libertad, y la promoción del servicio social universitario en comunidades con riesgo psicosocial.

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