Un balance nacional sobre la entrega de medicamentos a usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) reveló una situación crítica que afecta a la mayoría de pacientes en el país. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 60% y el 80% de las personas encuestadas no reciben sus medicamentos o los obtienen de forma parcial, lo que las obliga a recurrir a la compra directa en droguerías a precios más altos.
El informe se presentó en Bogotá en el marco de la ‘Estrategia de respuesta inmediata para la atención de problemáticas de acceso a medicamentos en Colombia’, ejecutada a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional. La Defensoría, con datos recopilados desde el 10 de abril de 2025 hasta la fecha, concluyó que cerca del 48% de los afectados no ha encontrado solución a su caso, reflejando los obstáculos persistentes para garantizar el derecho fundamental a la salud.
“Las encuestas que la Defensoría aplica en los puntos de dispensación sugieren que entre el 60 y el 80 por ciento de las personas no reciben sus medicamentos o se los entregan de manera parcial. Las personas deben comprar, poco a poco, sus medicamentos en las droguerías de barrio a precios más altos”, advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Desigualdad socioeconómica y territorial
La Defensora también destacó que la problemática se agrava por la brecha socioeconómica y geográfica. “Porque una persona en Bogotá, en estrato cuatro, cinco o seis, va a tener mayor posibilidad de suplir la carencia del medicamento que una persona de un estrato bajo o que esté en una zona rural dispersa o en un territorio étnico”, afirmó.
De esta manera, el estudio basado en una encuesta a 2.010 usuarios en todo el país, identificó que los medicamentos con mayores problemas de disponibilidad son: losartán, acetaminofén, metformina, valsartán, empagliflozina, levotiroxina, atorvastatina, vitaminas, rosuvastatina y amlodipino. Estos fármacos son clave para el manejo de enfermedades como diabetes, patologías cardiovasculares y problemas de salud mental.
EPS con mayor número de casos reportados
El 40% de los pacientes que reportó la no entrega de medicamentos estaba afiliado a Nueva EPS al momento de la solicitud. Le siguieron Sanitas (15%), Salud Total (10%) y Cajacopi (5%). En conjunto, estas cuatro EPS concentran el 70% de los casos reportados en la encuesta.
Ante la pregunta sobre cómo resolverían la situación, el 56% de los encuestados señaló que compraría los medicamentos de manera particular; el 13% indicó que reduciría la dosis; y el 18% optaría por esperar a que la EPS los entregue o suspender el tratamiento. Estas respuestas revelan el impacto directo de la crisis sobre la adherencia terapéutica y la salud de los pacientes.
La Defensoría advirtió que la falta de acceso a medicamentos genera múltiples consecuencias: descompensación clínica, agravamiento de enfermedades, incremento de tutelas y procesos judiciales, sobrecarga del sistema legal, impacto económico sobre los usuarios, colapso de los servicios hospitalarios y pérdida de confianza institucional.
El seguimiento ha contado con el apoyo de veedurías, personerías y organizaciones de la sociedad civil, así como con la coordinación de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Pese a la complejidad de la situación, las EPS han asumido compromisos para mejorar los tiempos de entrega y la gestión logística.
Compromisos adquiridos en el encuentro
Durante la reunión de presentación del balance en Bogotá, se pactaron siete compromisos concretos:
- Participación de la Fiduprevisora en las mesas interinstitucionales en los territorios.
- Atención prioritaria a solicitudes y quejas de veteranos de las Fuerzas Militares.
- Inclusión de entes de control como observadores/garantes en negociaciones con gestores farmacéuticos.
- Monitoreo especial en zonas de difícil acceso.
- Seguimiento a Famisanar para reducir pendientes del 50% al 10% este mes tras cambios de gestor farmacéutico.
- Supervisión a Cajacopi en el norte del país.
- Seguimiento específico a las EPS indígenas (EPSI).
“Necesitamos ir un paso más allá en la construcción de soluciones que realmente nos permitan, con base en el esfuerzo tan importante que hemos hecho, impulsar la acción institucional y así darle solución a este problema tan crítico que está afectando la dignidad humana en nuestro país”, concluyó Marín Ortiz.
