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VIH/Sida -Giro de recursos para cuenta de alto costo

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La Resolución 1912 de 2015 define los mecanismo de cálculo para el monto de giro y distribución de los recursos de la cuenta de alto costo en el caso del VIH/ Sida, para las EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y Entidades Obligadas a Compensar EOC.

El mecanismo de cálculo definido en la Resolución 1912 de 2015, se basa en la información presente en la Resolución 4725 de 2011 modificada por la Resolución 783 de 2012.

Fuentes de Información

Las fuentes de información de la población y el número de afiliados activos por cada EPS y EOC en cada grupo de edad, se tomará de la Base de Datos Única de Afiliados, utilizando la misma fecha de corte definida en el artículo 2 de la Resolución 4725 de 2011.

La información que se utilice debe ser validada, auditada y certificada por el organismo de administración de la Cuenta de Alto Costo o por quien haga sus veces.

Periodicidad de los cálculos

Las variables establecidas en el artículo 5 de la presente resolución, se harán con una periodicidad anual, tomando la información reportada con corte a enero de cada año, según la fecha definida por el artículo 2 de la Resolución 4725 de 2011.

Grupos Etarios

Los grupos etarios en años cumplidos a usar en las categorías serán:

Variables

Algunas de las variables que se utilizaran para el periodo de reporte serán:

–       Prevalencia del VIH/SIDA para cada grupo de edad y para cada aseguradora

–       Prevalencia total del VIH/SIDA en cada grupo de edad, para la totalidad de las aseguradoras.

–       Número de pacientes con VIH/SIDA en el grupo de edad, afiliados a la aseguradora

–       Número de afiliados activos a la aseguradora, por grupo de edad.

–       Diferencia entre prevalencias de pacientes con VIH/SIDA por grupo de edad, afiliados a la aseguradora; y la prevalencia de pacientes con VIH/SIDA, para el grupo de edad  de todas las aseguradoras.

–       Diferencia entre las prevalencias de VIH/SIDA expandido a la población de la aseguradora, por grupo de edad.

–       Costo de atención de un paciente con VIH/SIDA certificada por la administración de la cuenta de alto costo.

Estimación de costo

El artículo 6 de la Resolución 1912 de 2015 dictamina las fórmulas que le permitirán a las EPS y EOC establecer el monto que deben aportar, para poner en marcha el mecanismo de reconocimiento  e  incentivar la gestión y los resultados en salud de VIH/Sida.

Para la certificación del costo de atención de un paciente con VIH/Sida, la cuenta de alto de costo o quien haga sus veces, debe presentar al Ministerio de Salud y Protección Social, la metodología de cálculo para estimar el valor de reconocimiento para la gestión respectiva.

Distribución de recursos por gestión

La distribución de los recursos por gestión, consecuencia de incentivar la gestión del riesgo en salud del VIH/Sida, están definidos en el artículo 7 de la Resolución 1912 de 2015.

El monto total será distribuido en cada vigencia, entre las EPS del contributivo y subsidiado y las EOC que hayan cumplido los indicadores y metas propuestas por el Ministerio. Los indicadores serán de proceso o resultado.

Los indicadores y sus metas se estructuraran por etapas, con el fin de incentivar la gestión de riesgo y los resultados en salud y evitar la selección adversa por parte de las aseguradoras.

Primera Etapa

Esos indicadores y metas, en la primera etapa, se centraran en procesos y en resultados, a medida que se mejore la gestión y la información se migrará hacia indicadores de resultados.

Los indicadores seleccionados responderán a las primeras necesidades en salud, que buscan mejorar las condiciones de vida de los pacientes.

Ninguno de los grupos poblacionales tiene más importancia que el otro, por eso, cada uno tiene una participación del 30%, con excepción del indicador que mide la prevalencia que pesa un 10%, debido al incremento del indicador de programas de atención temprana.

Las metas o referencias de medición de los indicadores estarán acorde a la Guía Práctica Clínica vigente o los referentes internacionales aceptados por las sociedades científicas (Lea: VIH – Guía Práctica Clínica adulto 2015)

Segunda Etapa

En esta etapa se podrá migrar hacia indicadores de resultado en salud, y el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá metas concretas de cada indicador.

Los recursos se distribuirán entre las EPS que superen la meta o referencia país.

 Después de hecha la medición de los indicadores se realizará la distribución de los recursos por gestión, aplicando las fórmulas que están dentro del artículo 7 de la Resolución 1912 de 2015.

En cada vigencia, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá modificar los porcentajes de participación o incluir nuevos indicadores destinados a gestión del riesgo en salud.

Las EPS o EOC que estén en proceso de liquidación, deben trasladar los pacientes con VIH/Sida a otra EPS o EOC. En el primer año de traslado el paciente no será tenido en cuenta para efectos de indicadores de gestión.

La Resolución 1912 de 2015 aplica para la información suministrada a la Cuenta de Alto Costo por las EPS y EOC, debidamente validada y auditada.

El periodo de reporte puede ser modificado por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del acto administrativo correspondiente.

La Resolución 1912 de 2015 entra en vigencia a partir de su publicación

Descargue: VIH/Sida – Monto de giro de recursos para cuenta de alto costo

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Médicos defienden su autonomía – Piden retirar dos proyectos de ley

Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Al momento de su radicación, los Congresistas y médicos de profesión, José Luis Correa, del Partido Liberal y Jairo Giovany Cristancho, del Partido Centro Democrático, anunciaron con bombos y platillos la llegada de un proyecto de ley que finalmente actualizaría, tras 38 años, el código de ética en el país.

Sin embargo la noticia de estos proyectos, no cayó bien en el grueso de agremiaciones médicas, quienes solicitaron a los representantes retirar ambos proyectos.

A través de una misiva firmada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), extendieron su solicitud a los congresistas, argumentando varios aspectos.

¿Qué le preocupa a los gremios?

En primer lugar, las agremiaciones médicas expresan su “profundo malestar” por la radicación de los proyectos de Ley 104 y el 056.

“Queremos manifestarles nuestro profundo malestar frente al alcance de los dos Proyectos que entrañan una amenaza para el ejercicio de la medicina y las especialidades médicas”, dice la carta que podrá encontrar adjunta al final de este artículo.

1. Violaciones a la ley estatutaria de salud

En primer lugar, las agremiaciones consideran que en ambos proyectos se vulneran elementos esenciales de la Ley Estatutaria como la calidad e idoneidad profesional y pilares como la Autonomía bajo el marco de la Autorregulación.

Asimismo, indican que se vulneran preceptos constitucionales como la libre asociación y la autodeterminación de las reglas que guían el desempeño de las agremiaciones en un Estado Social de Derecho.

2. No hubo participación

Por otra parte, en la carta, los gremios, expresan que no fueron tenidos en cuenta en la construcción de estos proyectos, a diferencia de como se han elaborado estos documentos en el país, donde históricamente las agremiaciones médicas han tenido un rol activo y participativo.

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“Las organizaciones firmantes que representamos a todos los médicos del país, en ningún momento fuimos consultados ni sobre las motivaciones, redacción ni contenido de los proyectos en mención, que se desmarcan del objeto definido, con claridad, en la Ley Estatutaria de la Salud”, dice el texto.

La petición de los gremios

Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios médicos solicitaron a los representantes retirar los proyectos y entablar un diálogo para exponer las necesidades del sector.

“Solicitamos respetuosamente el retiro de ambos proyectos de ley por las razones expuestas, pero con la invitación simultánea a dialogar para exponerles nuestras propuestas que aspiramos, en una perspectiva amplia, resuelvan los aspectos pendientes bajo el marco de la Ley Estatutaria de la Salud y se consolide el goce efectivo de un derecho fundamental para todos los ciudadanos”, concluye la carta.

¿Qué dice la Federación Médica colombiana?

En diálogo con CONSULTORSALUD, el presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Sergio Isaza, explicó el porqué de la molestia de los gremios y la razón por la que enviaron la carta a los representantes Correa y Cristancho.

Inicialmente, Isaza señaló que las agremiaciones médicas hicieron la petición a los representantes porque no se les tuvo en cuenta en la construcción de los proyectos, tal y como s eha hecho históricamente.

En ese sentido, el presidente de la Federación Médica precisó que los gremios médicos del país elaboraron 16 postulados que propiciaron el acuerdo nacional que antecedió a la redacción y sanción de la Ley Estatutaria de la Salud 1751 del 15 de febrero del 2015

“Lo que pedimos es que antes de que se diera iniciativa a estos proyectos se nos tuviera en cuenta, por ejemplo la ley 1164 sobre el Talento Humano en Salud la construimos entre la Federación Médica y el Colegio Médico Colombiano”, señaló Isaza.

El dirigente gremial recordó que hay una historia de proactividad por parte de los profesionales médicos en la construcción y participación en las propuestas de leyes, que hoy son leyes que funcionan y rigen.

Isaza indicó que si bien en la construcción de los proyectos pudo haber participación de algunos médicos, no se tuvo en cuenta a los gremios que representan al grueso de profesionales.

“Lo que pedimos es que cuando se vaya a tocar cualquier tema que tenga que ver con práctica profesional y la autonomía profesional, se nos consulte”, argumentó Isaza, quien aseguró que los gremios están dispuestos a trabajar en la construcción de los proyectos junto con los parlamentarios.

¿Qué dicen los proyectos de ley?

Proyecto de ley 104 – Ética Médica

El proyecto busca modificar y adicionar algunos artículos de la Ley 23 de 1981 “por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica”. 

Según los ponentes, el proyecto consiste en actualizar las normas generales y procedimentales del Código de Ética Médica, teniendo en cuenta que la relación médico-paciente es primordial durante el ejercicio profesional.

En general, el proyecto de ley actualiza o agrega apartados a diferentes artículos de la Ley 23 de 1981.

De acuerdo con Correa con la actualización se establecen los principios de la ética médica, incluyendo temas actuales como la eutanasia y el aborto.

Proyecto de ley 056 – Especialidades médicas

Este proyecto de ley tiene por objeto reglamentar las especialidades médicas y quirúrgicas, dictar disposiciones sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes y establecer reglas para el ejercicio profesional.

Según Correa con el proyecto se busca estipular qué hace una especialidad, los requisitos para ejercerla y algunas precisiones en materia de formación.

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Colombia busca adoptar Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

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El Gobierno Nacional a través de  la  aprobación de la Ley 1953 de 2019, insta al Ministerio de Salud y Protección Social a formular una política pública que establezca los lineamientos para orientar la prevención y el tratamiento de la infertilidad dentro de los parámetros de la salud reproductiva.   El desarrollo de esta política, se promueve, mediante el “sistema de seguridad social en salud” atendiendo a las disposiciones de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).

En este contexto, desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

Infertilidad en Colombia

Aunque el proyecto normativo se encuentra en borrador, permite vislumbrar en el horizonte una solución a la problemática que se enfrenta. Según estudios recientes reportan que la prevalencia mundial de infertilidad varía entre el 3% y el 16.5% en países desarrollados y entre el 3.9% y 9.3% en países no desarrollados, además de ser catalogada por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, como un problema de salud público.                                                                           

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Causas de la infertilidad

Por consiguiente, las causas de infertilidad pueden ser atribuidas a las condiciones de salud reproductivas de las mujeres, los hombres o de ambos. Al respecto, un estudio realizado por la OMS, en países desarrollados, reportó que el factor femenino estuvo asociado en el 37% de los casos, el factor masculino en el 8%, ambos factores asociados en el 35% mientras que el 20% restante fueron diagnosticados con infertilidad inexplicada. Así mismo, estima que actualmente en  Colombia hay más de dos millones de personas con problemas de infertilidad, y el costo de los tratamientos oscila entre 17 y 25 millones de pesos.

Cifras

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS) en 2015, el 12,1% de las mujeres de 15 a 49 años que desean uno o más hijas o hijos han tenido problemas de fertilidad. La situación de la infertilidad se concentra en el grupo de mujeres de 40 a 44 años con el 25.4%.

El 13.6% de las mujeres con problemas de infertilidad, han alcanzado un nivel educativo superior, seguido de las de nivel educativo básico primaria (11.5%), sin educación formal (10%) y secundaria (8%). Las mujeres con nivel de educación superior son el grupo que reporta el más alto porcentaje de consulta con un especialista (45.1%), al igual que las de los quintiles de riqueza alto y más alto (41.8% para los dos grupos), las del grupo en el quintil más bajo de riqueza reportan el menor porcentaje de consulta con especialista (31.7%) al igual que las mujeres que no están buscando más hijos (18%)

Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

La Política según el Ministerio de Salud busca entre otras cosas asegurar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Además, reglamentará el acceso a los tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistidas o Terapias de Reproducción Asistida (TRA) conforme a los lineamientos técnicos para garantizar el derecho con recursos públicos, bajo el enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos contenidos en el modelo del Plan Decenal de Salud Pública.

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Gestión y fortalecimiento institucional 

Así mismo, el proyecto que cursa en el ministerio de salud obliga a las Instituciones prestadoras de servicios salud que realicen  prevención, diagnóstico o tratamiento de la infertilidad cumplan con los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y habilitación de servicios de salud determinados en el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud.

En consecuencia, el proyecto también incluye que de acuerdo a lo establecido será el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quien tenga la competencia para la inspección, vigilancia y control de los requisitos que deben cumplir los Bancos de Gametos y Embriones y lleve el registro de estos bancos.

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Minsalud fija lineamientos para operación del Sistema General de Riesgos Laborales en el SAT

Minsalud fijó los lineamientos generales para la operación del Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el SAT.

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El Ministerio de salud y Protección social publicó la resolución 2389 de 2019 mediante el cual  fijó los lineamientos generales para la operación del Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el Sistema de Afiliación Transaccional -SAT- y adoptó el formulario de afiliación y traslado del empleador al Sistema General de Riesgos Laborales.

En el documento define las reglas que deben cumplir quienes intervengan en la afiliación, el reporte de novedades y la disposición de la información relevante en relación con este, y adoptar el formulario de afiliación y traslado del empleador en el Sistema General de Riesgos Laborales – SGRL.

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¿A quiénes aplica?

Por consiguiente, las disposiciones contenidas en el texto administrativo aplicarán a las entidades Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, a los empleadores, a las entidades o universidades públicas de los Regímenes Especial y de Excepción, a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, a las misiones diplomáticas, consulares o de organismos multilaterales no sometidos a la legislación colombiana; a los pagadores de aportes de contrato sindical, respecto de afiliado participe-dependiente; a las entidades territoriales certificadas en educación, a las instituciones de educación y a las escuelas normales superiores y, a las entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas formativas de estudiantes.

Operación del sistema general de riesgos laborales en el sistema de afiliación transaccional

En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social incorporará, en el portal web miseguridadsocial.gov.co, las funcionalidades para que los usuarios puedan realizar las transacciones de afiliación, reporte de novedades y consultas al Sistema General de Riesgos Laborales.  

Los empleadores podrán además realizar en el SAT las transacciones de reporte de las novedades que se derivan de su condición de empleador, así como aquellas que corresponden a sus trabajadores. Los trabajadores independientes y los afiliados voluntarios a riesgos laborales podrán registrar las novedades que les apliquen.

Reporte de la afiliación

La afiliación y reporte de novedades al SGRL a través del SAT, relacionadas con los empleadores, los trabajadores y los estudiantes en práctica formativa, no los exime del cumplimiento de las obligaciones definidas por el ministerio de salud. De igual manera, la operación del SAT no releva a las ARL del cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la afiliación y derivadas de esta, así como la verificación de novedades.

Por lo anterior, una vez entre en operación la afiliación y novedades del SGRL a través del SAT, las transacciones efectuadas en éste primarán sobre la afiliación y reporte de novedades realizadas directamente a la ARL o de las novedades reportadas a través de la Planilla Integrada de Aportes – PILA.

Reporte de información del empleador

Por consiguiente, las personas jurídicas que tienen la calidad de empleador, al momento de la activación del “Rol Empleador”, deberán adjuntar el RUT, cuando el SAT no tenga esta información de referencia. 

Funcionalidades del Sistema General de Riesgos Laborales en el SAT.

De este modo, la entrada en operación de las funcionalidades del SGRL en el SAT se realizará de manera gradual, a partir del 5 de febrero año 2020, y se dispondrán las siguientes novedades:

Reporte de información de las ARL

Por último, las ARL deberán reportar al SAT, a través de las especificaciones definidas en el Anexo 2, a partir del 6 de noviembre de 2019.  A continuación, usted podrá descargar la resolución 2389 de 2019 que fija estos lineamientos.

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